Foro resalta dificultades del país para defender soberanía nacional

Costa Rica, al carecer de ejército, no tiene cómo defender su soberanía y democracia institucional, ante el reciente conflicto con Nicaragua, según el criterio

Costa Rica, al carecer de ejército, no tiene cómo defender su soberanía y democracia institucional, ante el reciente conflicto con Nicaragua, según el criterio que prevaleció en el foro “Los casos de Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”.

Esta discusión tuvo lugar el 11 de agosto pasado en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) y contó con las exposiciones del canciller interino, Carlos Roverssi, y del abogado y coagente de Costa Rica ante la CIJ, Sergio Ugalde Godínez; como moderador, estuvo José Rafael Fernández, experto en derecho internacional.

La historia de conflictos entre Costa Rica y su vecino del norte Nicaragua tiene un amplio historial. Al remontarse a años recientes, tiene como procedente el fallo del año 2009, cuando la CIJ reconoció el derecho que tiene nuestro país de navegar por el río San Juan con fines comerciales, recordó Fernández, a la vez que destacó el artículo 6 del tratado Cañas Jerez, que establecía dicho derecho.

 

En octubre del 2010, Nicaragua inició un dragado del río San Juan, sin notificar a Costa Rica, sumado al desplazamiento de soldados que hace el primero en la isla Calero, territorio costarricense.

Fue en noviembre del 2010 que el Gobierno costarricense denunció a Managua ante la CIJ. El 8 de marzo del presente año, dicho órgano internacional emitió medidas cautelares, donde ambos países debían abstenerse de enviar militares y civiles al territorio en disputa (isla Calero), pero no detuvo el dragado que realiza Nicaragua.

SE AGOTARON LAS ALTERNATIVAS

Sobre el más reciente conflicto entre ambos países elevado a la CIJ, Roverssi destacó contundentemente la imposibilidad del país para defender su soberanía.

“La Organización de los Estados Americanos (OEA) ya no es lo que antes fue; no tiene instrumentos jurídicos suficientes para defender la democracia de las instituciones”, afirmó al mismo tiempo que criticó que otros organismos internacionales, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, están influenciados por intereses políticos en su toma de decisiones.

“Ese no es problema de nosotros, decían los otros países. Ellos tienen otras preocupaciones”, puntualizó Roverssi, al recordar lo cerca que estuvo el país de entrar a un conflicto armado con su vecino del norte en diciembre pasado.

Al agotarse las posibilidades y ver cómo el conflicto se agravaba ante los ojos de la  Organización de las Naciones Unida (ONU) y la OEA, es que el país recurre al organismo de Justicia Internacional una vez más. “Sea agotaron 7 años de negociación diplomática”, aseveró por su parte Sergio Ugalde.

Tanto el canciller como el abogado ante la CIJ coincidieron en que la crisis entre ambos países tiene razones de ser. “Tenemos culturas y formas de pensar muy diferentes, además de que Nicaragua piensa que puede hacer lo que quiera con el río San Juan”, comentó Roverssi.

Mientras tanto, Ugalde agregó que “estas diferencias históricas entre Nicaragua y Costa Rica van a permanecer por siempre”.

El caso entre ambos países, del que solo se tiene una sentencia preliminar con medidas cautelares emitidas en marzo pasado, se encuentra en una primera etapa en dicha Corte. El 5 de diciembre del presente año, Costa Rica presentará una memoria por escrito; 6 meses después, el 5 de julio de 2012, le toca presentar dicho documento a Nicaragua. Luego de esto viene la audiencia oral y, finalmente, los jueces entran en la etapa de evaluación para emitir el fallo final.

“Esperamos ganar y que se ratifique que Costa Rica es propietaria del territorio invadido, además de la reparación por el daño ambiental causado por el dragado”, expresó Ugalde, quien calculó que el fallo de la CIJ se dará en el 2014.

La defensa de Costa Rica, ante el organismo con sede en La Haya ‒Holanda‒, tiene dos ejes importantes: la violación a la soberanía por invasión,  y el daño ambiental por el arrojo de sedimentos y la tala de árboles del dragado. Para Roverssi, “el debate va más allá de 5 kilómetros de pantano; es sobre el derecho a la soberanía y a vivir en paz un país”.

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