Organizaciones de mujeres pelearán el tema en el Congreso
Gracias al decreto de 1999 las mujeres y hombres pueden optar por la esterilización en los hospitales de la CCSS.
Una propuesta de decreto presentada por representantes de la Conferencia Episcopal, que pretende modificar las reglas para que las mujeres y los hombres con hijos opten por esterilizarse, despertó la vieja discusión sobre el acceso que tiene la población a este derecho.
Actualmente un decreto ejecutivo, firmado en 1999 durante la administración Rodríguez Echeverría, permite que las personas puedan tener la posibilidad de operarse sus órganos reproductores a fin de evitar tener más familia, con solo poseer la mayoría de edad.Este cambio en su momento fue muy bien recibido por los grupos de mujeres, pues les garantizó esta alternativa, independientemente de su condición económica, porque las intervenciones quirúrgicas se hacen en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Tampoco es requisito para las personas que así lo soliciten, encontrarse en una situación de riesgo de su salud.
Lorena López Alfaro, es una de las personas beneficiadas, que tomó la decisión de realizarse una salpingectomía (ligar o cortar las trompas de falopio) a sus cuarenta años de edad, luego de procrear su segundo hijo.
Ella asegura que gracias al decreto que permite optar por este método anticonceptivo, muchas mujeres viven tranquilas con sus familias planificadas y disfrutan de una vida sexual saludable.
Sin embargo, una propuesta de decreto, enviada por el sector eclesiástico, pretende limitar el acceso a este derecho a aquellas personas que presenten «una patología médica debidamente identificada de los órganos reproductores que ponga en riesgo la vida del paciente».
El vocero de la Conferencia Episcopal, el sacerdote Glen Gómez, manifestó que la propuesta se realizó con base en un acuerdo tomado durante la Asamblea Plenaria de la Conferencia en agosto. Dicho acuerdo sigue la misma línea de pensamiento que la iglesia ha manifestado desde antes de 1999, cuando se firmó el decreto actual.
¿INTROMISION?
Las organizaciones de mujeres y la Defensoría de la Mujer reaccionaron con indignación y acusaron a la jerarquía católica de «intromisión» en las políticas públicas de salud sexual y reproductiva. Además afirmaron que ésta afectaría más a las mujeres con menores recursos económicos, debido a que no podrían realizarse esta operación con el apoyo del Seguro Social, mientras que quienes si disfrutan de una mejor condición social podrían optar por la medicina privada.
La iniciativa fue enviada a la Ministra de Salud Pública, María del Rocío Sáenz Madrigal, según detalla el documento en manos del Semanario UNIVERSIDAD.
Pero, la ministra Sáenz aclaró que la propuesta nunca llegó oficialmente a su despacho, sino «aparentemente», por medio de un asesor del Ministro de la Presidencia, Ricardo Toledo, quien a su vez se lo entregó al Viceministro de Salud, Eduardo López Cárdenas.
«Cuando llegué el lunes me encontré con aquella cosa», comentó la jerarca, quien indicó que la iniciativa fue analizada en la Comisión de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud.
Sáenz fue tajante en el sentido de que la propuesta de decreto no sería avalada por este Ministerio.
Consultada sobre si considera que la iniciativa es una intromisión de parte de la iglesia católica en un tema de salud reproductiva, la funcionaria respondió que, «como persona y como mujer tengo mi opinión, pero por el cargo que ocupo, como cara del sector salud, no puedo referirme a eso en este momento».
Tanto Sáenz como Esmeralda Britton, Ministra de la Condición de la Mujer consideran que este tema debe ser discutido en el marco del proyecto de Ley General de la Salud en la Asamblea Legislativa, cuando se analice el capítulo de sobre salud sexual y reproductiva.
DEFENDERAN DERECHOS
De «retrógrado y reduccionista» calificó la propuesta la representante de la organización no gubernamental Agenda Política de Mujeres, Maricel Salas Torres, quien añadió que ésta «subestima» la inteligencia de las personas al limitarles la libertad de decidir qué hacer con sus vidas.
Salas cree que esta iniciativa sólo contempla la esterilización y no incluye aspectos importantes como los distintos métodos anticonceptivos naturales, químicos y mecánicos ni la educación sexual.
Asimismo, Ana Carcedo, Directora del Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA), rechazó el pronunciamiento de la iglesia. Ella considera que este aborda el tema de las esterilizaciones de una forma retrógrada y elimina el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad.
Según Carcedo, a los grupos de mujeres, no les extraña que la Conferencia Episcopal imponga estos criterios, «no les importa si mueren las personas, en especial las mujeres, con tal de mantener su visión particular en alto», manifestó.
Enfatizó en que la propuesta es irresponsable e irrespetuosa pues trata de imponer los criterios particulares y sin fundamento de los jerarcas eclesiásticos.
«La iglesia católica no está representando la voluntad del costarricense, incluyendo la de sus feligreses, entonces cómo van a imponer al resto de la población lo que ellos quieren, en un estado que además es democrático», afirmó.
Carcedo, considera que las mujeres deben luchar por sus derechos y exigir respeto a la iglesia, para que las políticas públicas sean definidas con criterios técnicos en procura del bienestar poblacional, sin boicotear los derechos humanos.
De igual modo, Ligia Martín, Directora de la Defensoría de la Mujer, afirmó que esta propuesta violenta los derechos humanos, pues permite a terceras personas decidir sobre la salud sexual y reproductiva de los seres humanos.
Según Martín, el argumento de la iglesia es retrógrado y restrictivo ya que coloca a las personas como seres incapaces de tomar decisiones sobre sus vidas.
Enfatizó que este supuesto impone a la sociedad una visión del mundo según la perspectiva católica y limita la posibilidad de que el sector femenino goce de salud sexual reproductiva, al restringir los métodos de planificación.
Esterilizaciones en la CCSS
Año Femeninas masculinas
1999 7.002 10
2000 8.939 91
2001 10.432 239
2002 9.999 387
Fuente: Departamento de Relaciones Públicas de la CCSS
