Expertos proponen que se apruebe la Ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas, para acabar con violaciones a sus derechos.

Un informe realizado por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas –Estados Unidos-, asegura que el proyecto hidroeléctrico Diquís, se viene tramitando en contra de los intereses y derechos de la comunidad indígena teribe.

El informe Nadando a contracorriente: El pueblo teribe y el proyecto hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica fue elaborado por Eva Hershaw, Brandon Hunter y Kristian Aguilar, tras visitar el país entre febrero y marzo de este año.

Los autores del documento regresaron recientemente al país, para presentar su contenido, tanto a la comunidad indígena como en la Universidad de Costa Rica.

Eva Hershaw comentó a UNIVERSIDAD que según el análisis del mencionado proyecto hidroeléctrico, a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), este presenta múltiples problemas.

“El informe es un reporte objetivo. No estamos diciendo que nos oponemos al proyecto o que lo apoyamos; solo queremos poner una ilustración de lo que está pasando con una perspectiva de los derechos humanos internacionales de la comunidad teribe”, explicó Hershaw.

Los especialistas aseguran que las normas internacionales que protegen los derechos de la comunidad indígena, no han sido respetadas por el ICE y las diferentes instituciones gubernamentales involucradas.

“El ICE está violando el derecho de la comunidad a ser consultada; la comunidad no ha tenido consulta y no ha dado el consentimiento para hacer estos estudios que requiere esta entidad para realizar el proyecto”, comentó Brandon Hunter.

“El ICE ha avanzado con estudios preliminares en el proyecto El Diquís sin la participación efectiva del pueblo teribe, actuando bajo una incorrecta e inapropiada interpretación de los requisitos del derecho internacional”, señala el documento.

Hunter explicó que el ICE ha asumido que la representación de la comunidad la tiene la Asociación de Desarrollo Integral, o bien que es suficiente con la conformación de las llamadas comisiones de enlace.

Los expertos indicaron que con estas comisiones, el ICE solo está dirigiendo a los grupos de la comunidad que favorecen el proyecto, creando divisiones internas que no son apropiadas.

“La información que entregan a la comunidad es muy simple, y no describe en realidad lo que se está haciendo. El ICE dice que se están reuniendo e informando con la comunidad, pero son muchos los que dicen que esto no es así”, declaró Hunter.

Otro de los señalamientos es la falta de fiscalización de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental sobre los trabajos que el ICE realiza, sin que se tenga claro de qué se trata.

“Se supone que el ICE está haciendo solo estudios en la zona, pero pudimos observar obras y construcciones que no parecen ser estudios. SETENA o alguna entidad debería paralizar esas obras y pedirle al ICE que explique claramente lo que hace”, apuntó Hunter.

LEY NECESARIA

Para los expertos de la Universidad de Texas, estos problemas con la representatividad y el derecho a consulta que tienen los pueblos indígenas, se resolverían con más claridad si se tuviera aprobada la Ley de Desarrollo Autónomo de los  Pueblos Indígenas.

Kristian Aguilar explicó que este proyecto de ley, que también fue analizado, instrumentaliza adecuadamente derechos como el de la consulta, que están tipificados en convenios internacionales ya ratificados por Costa Rica, como el 169 de Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“En este caso, con el proyecto Diquís nosotros concluimos que la comunidad no tiene mucho control de su comunidad.  Se encuentra dividida, pues la estructura de la Asociación de Desarrollo no la representa adecuadamente”, afirmó Aguilar.

“Una de las principales recomendaciones es que el Estado siga con la tramitación de la Ley de desarrollo autónomo, pues ahí se encuentran muchas de las soluciones a estos problemas”, aseveró.