La Universidad Nacional fue condenada en primera instancia el pasado 10 de febrero por el acoso laboral contra la jefa de Admisión, Sonia Salazar. (Foto Javier Córdoba)

Más de 108 casos de irregularidades en la admisión de estudiantes en la Universidad Nacional (UNA), denunciados desde el año 2008, se dejaron caducar y sin señalar a ningún funcionario como responsable, según consta en un reciente informe del Consejo Universitario.

La Contraloría Universitaria de la UNA determinó en 2009 varios casos de estudiantes que ingresaron a esa casa de estudios sin presentar el título de Bachillerato o que fueron ingresados irregularmente mediante el uso de la categoría de “estudiante extraordinario” sin cumplir los requisitos.

El ente contralor inició una investigación luego de las denuncias presentadas por la directora de Admisión, Sonia Salazar, quien desde entonces se convirtió en objeto de acoso laboral por parte de sus superiores.

El pasado 10 de febrero un tribunal de trabajo condenó a la UNA y al director de Registro, Marvin Sánchez, por el acoso laboral en contra de Salazar, lo que dejó en evidencia la veracidad de sus denuncias y permitió conocer el informe de la Contraloría, que el Consejo Universitario declaró confidencial hace casi cinco años.

El  vicerrector Académico de la UNA, Francisco González, aseguró que la UNA cumplió con todos los procedimientos necesarios para corregir las anomalías detectadas por la Contraloría, y se realizaron las investigaciones necesarias a los funcionarios involucrados, pese a los cual ninguno fue sancionado.

INFORME PÚBLICO

Uno de los resultados inmediatos del proceso judicial de Salazar en contra de la UNA permitió dar a conocer el informe C.362.2009 de la Contraloría Universitaria, en el que se comprueba la veracidad de las denuncias planteadas por Salazar.

UNIVERSIDAD solicitó en 2010 el contenido completo de este informe pero una carta del entonces rector, Olman Segura, aseguraba que el documento había sido declarado “confidencial” por el Consejo Universitario.

Fue a solicitud de la jueza en el caso de Salazar que el documento se dio a conocer al público, al formar parte del expediente.

La Contraloría seleccionó una muestra de 65 personas admitidas y matriculadas en el 2008, de las cuales 29 (45%) no presentaron la fotocopia del título de bachillerato y en 27 casos no se encuentra la certificación del Ministerio de Educación Pública de haber ganado el bachillerato.

La mayoría de los estudiantes en esta condición presentaron sus documentos después de la fecha límite establecido para que el Departamento de Registro verificara estos requisitos.

Incluso, señala el informe, una estudiante con “restricción de pendiente por montos vencidos y no presentación de documentos” al 11 de noviembre del año anterior aún se encontraba en el sistema, tras haberse solicitado exclusión desde el 4 de setiembre del 2008.

En cuanto a la categoría de “Estudiante Extraordinario” que, según las normas de la Universidad, se define como “aquel que demuestra una aptitud superior en el área del conocimiento de la carrera” y a quien se le permite matricular uno o varios cursos pertenecientes a un plan de estudios al margen de los requisitos definidos a los estudiantes regulares, este criterio se aplicó a varios estudiantes que no cumplían con la condición citada, incluyendo a la hija de un integrante en ese momento del Consejo Universitario.

También se consignó el caso cuatro personas obtuvieron notas menores a siete en pruebas específicas, dos de las cuales pusieron como segunda opción el ingreso a la carrera de Enseñanza de la Educación Física, Deporte y Recreación, por lo que no fueron admitidas en los periodos de matrícula ordinaria ni extraordinaria.

De acuerdo con el informe, el Director de la carrera mencionada envió cartas al Director de Registro para la inclusión de estas personas en calidad de extraordinarios, por lo que finalmente fueron matriculadas a pesar de estar fuera de fecha, “con lo cual todos tuvieron un trato diferenciado respecto a los demás estudiantes”, señala el informe.

TÍTULOS FALSOS

Salazar también había denunciado la excesiva demora de las autoridades de la UNA para atender los casos de títulos falsos de bachillerato, entre los cuales se encontraba el de la hija de una entonces decana de la Institución.

Salazar acudió en octubre del 2009 a presentar la denuncia ante el Ministerio Público por estos hechos; sin embargo, las autoridades judiciales tampoco han prestado atención al caso.

El informe de la Contraloría detalla que en noviembre de ese mismo año se solicitó a los estudiantes involucrados que se presentaran a aclarar las inconsistencias, mientras que el vicerrector Francisco González afirma que, tras la investigación realizada, ninguna de las personas con título falso ingresó a la Universidad.

El informe de la Contraloría Universitaria del 2009 ordenaba a la administración llevar a cabo una investigación con la totalidad de la admisión cuestionada. La respuesta a esta solicitud no se concretó hasta el pasado 28 de febrero del 2014, mediante el oficio SCU-307-2014 “Informe final sobre los procedimientos administrativos ejecutados a partir de la relación de hechos de la Contraloría Universitaria C.362.2009”.

Según ese oficio, el 28 de noviembre del 2011 se transcribió el acuerdo del Consejo Universitario en el que se declaró la “caducidad del plazo para iniciar el proceso de nulidad absoluta de la admisión y matrícula de 108 casos de estudiantes adicionales que detectó el estudio realizado por la administración”.

En enero del 2012, se dio por cerrado el proceso del informe de la Contraloría, solamente a la espera de la resolución de las investigaciones relacionadas con funcionarios presuntamente responsables en estos casos; finalmente, nadie fue sancionado.

El vicerrector Académico, Francisco González, aseguró que al realizar el análisis completo de la admisión desde el 2001, se encontraron estos 108 casos de irregularidades, pero muchos de estos habían prescrito por el tiempo que había pasado.

El funcionario dijo que las recomendaciones de la Contraloría se habían adoptado para mejorar los procedimientos de admisión y “garantizó” que este tipo de situaciones no se han vuelto a repetir en la UNA desde entonces.

Acosada por denunciar

En mayo del 2010, UNIVERSIDAD publicó el caso de la jefa de Admisión de la UNA, Sonia Salazar, quien afirmaba ser objeto de acoso laboral y persecución luego de determinar y denunciar una serie de irregularidades en el proceso de admisión 2007-2008.

Salazar dio cuenta del ingreso y matrícula de estudiantes que no habían presentado el título de bachillerato o que presentaron uno falso, según confirmación del Ministerio de Educación Pública; además del uso de la figura de “estudiante extraordinario” para dar ingreso a personas que no habían ganado la prueba de admisión de manera ordinaria o, bien, que no habían participado del todo en el proceso.

Según consta en la sentencia del Juzgado de Trabajo de Heredia del 10 de febrero anterior, tras las denuncias por estas irregularidades, Salazar fue víctima de acoso laboral por parte de sus superiores, quienes intentaron hacerla a un lado de las funciones propias de su cargo, relacionadas directamente con las denuncias que había planteado.

A Salazar se le retiró la clave de acceso al sistema informático en el que se ingresa a los estudiantes y se le entregó esta clave a otro funcionario subalterno, fue relegada de las reuniones propias de su cargo, se le bloqueó su correo electrónico institucional y fue objeto de malos tratos por parte de su jefe.

Posteriormente, Salazar fue trasladada a otra unidad donde pasó a desempeñar labores técnicas relacionadas con las cámaras de seguridad de la Institución como “medida cautelar”, mientras se investigaban las denuncias.

La afectada recordó que en el proceso interno que realizó la UNA se descartó cualquier tipo de acoso o afectación a su persona, pero al recurrir a los tribunales laborales estos condenaron en primera instancia a la Institución y al Jefe de Registro por el daño moral demostrado en la sentencia.

“Todo esto ha sido muy duro, lo que yo quisiera es que termine ya porque llevamos mucho tiempo. Espero que esta sentencia ayude de alguna forma para ninguna otra persona sufra lo que yo he sufrido”, expresó Salazar.

El vicerrector Académico, Francisco González, indicó que no podía referirse específicamente al caso de Sonia Salazar, pues la UNA presentó una apelación a esta sentencia.