Un grupo de pensionados se reunió días atrás para analizar la situación de la aplicación del decreto de tope a las pensiones. (Foto: Katya Alvarado)
Las personas que laboraron para la Universidad de Costa Rica (UCR) y están pensionadas por el Magisterio iniciaron un movimiento para reclamar por la aplicación del decreto presidencial a las pensiones de lujo, aquellas que superan los ¢5 millones, pues aseguran que no es válido para el régimen bajo el cual se encuentran.
Aunque en apariencia algunas pensiones que tienen exfuncionarios de la UCR son muy altas, dichas pensiones están bajo un sistema en el cual cotizan porcentajes de acuerdo con lo recibido; entre más alta sea la pensión, es mayor la cotización y menor el dinero que reciben.
Así lo aseguró Teresita Aguilar, de la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados (AFUP), quien explicó que los impuestos que se reducen a las pensiones oscilan entre el 10% y el 16%, siempre que la pensión no alcance el salario de un catedrático.
“Cuando la pensión alcanza el salario de catedrático, se cotiza entre un 25% y un 75%, proporcional a lo recibido”, aseveró Aguilar.
El cuestionamiento de los pensionados se basa en que a pensiones de otros regímenes, como de diputados, embajadores y miembros de organismos internacionales, no se les aplica el decreto de tope de pensión.
“La mayoría de las pensiones no sobrepasan los ¢3 millones; pero algunas sí lo hacen, sobre todo de aquellas personas que tenemos más de 75 años, debido a que ha ido en incremento por los años y los ajustes. Precisamente se trata de una población que necesita de los recursos que reciben, pues muchos nos encontramos con problemas de salud, que deben ser atendidos con altos costos”, añadió Aguilar.
Del total de pensionados a los que se les aplicó el decreto de tope de pensiones y que se han visto afectados, unas 130 personas pertenecen al régimen del Magisterio Nacional, estos forman parte de este grupo de jubilados que emprendieron la lucha.
“Por ejemplo, tenemos el caso de un compañero que tiene establecida una pensión de ¢9 millones; sin embargo, con rebajos como la cotización ordinaria, la cotización solidaria, el impuesto sobre la renta, cuota al régimen de enfermedad y maternidad de la Caja, entre otros, recibe únicamente el 50% de ese monto. Entonces no es cierto que reciban enormes cantidades, como aseguran algunos”, alegó.
Con la aplicación del tope a las pensiones, a esta persona y todas las demás incluidas en el listado se les reduce la pensión a ¢2,4 millones, que es el monto máximo establecido en el decreto.
En este sentido, el vicerrector de Administración, Carlos Araya, explicó que actualmente existe una ambigüedad con el tema de las pensiones de este grupo de exfuncionarios y que han tratado de obtener la información de la Junta de Pensiones del Magisterio, pero no han tenido mucha suerte.
“Lo que hemos recopilado a través de información con compañeros jubilados es que, efectivamente, una vez emitido el decreto de tope máximo, hubo un grupo de gente que se vio afectada, sobre todo aquellos que no hicieron postergación y se les redujo el monto de su pensión”, detalló Araya.
La postergación a la pensión es cuando un funcionario labora al menos siete años adicionales a su fecha de pensionarse. La directriz afecta precisamente a aquellos trabajadores que no realizaron este tiempo.
Por el momento, la decisión del Poder Ejecutivo de aplicar el tope a las pensiones de lujo está detenida, ya que los magistrados acogieron para trámite dos acciones de inconstitucionalidad. “Desde mi criterio, dicho decreto no debería afectar las pensiones del Magisterio, pues no son con cargo al presupuesto de la República”, añadió el Vicerrector.
Ante esta situación, a lo interno de la UCR hay una comisión conformada por jubilados y personal de Recursos Humanos que está realizando un estudio para tener claridad sobre si el decreto debería aplicarse o no a este tipo de pensiones.
En todo caso, indicó Araya, el rol de la Universidad en este tema es establecer el salario de referencia para definir las pensiones, que es equivalente al salario de un catedrático de la UCR con 30 años de servicio y dedicación exclusiva, el cual actualmente se ubica en ¢3,3 millones.
Por el momento, los jubilados que fueron afectados con la medida están recibiendo su pensión total, hasta que se resuelvan los recursos presentados ante la Sala IV; sin embargo, los dineros que se les rebajaron de su pensión al aplicarse el decreto de tope no han sido devueltos.
La idea del Gobierno era ahorrar ¢12.000 millones anuales en el pago de esas pensiones, llevándolas a un tope máximo. Sin embargo, esta cifra proyectada cayó a la mitad poco después; ahora el plan quedó frustrado con la impugnación ante la Sala Constitucional, que obliga a suspender la acción en su totalidad.
Cálculo en pensiones
Un grupo de pensionados de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha impulsado, desde meses atrás, una pelea en contra de la forma en que se calcula el monto de su pensión.
Luego de una revisión que hizo la administración de la UCR, la Oficina de Recursos Humanos (ORH) envió una resolución a la Junta de Pensiones del Magisterio (JUPEMA) en la que indicó un cambio en el tope del salario de los catedráticos, del cual depende el cálculo de las pensiones.
En el 2010, la UCR ajustó el monto de las anualidades y estas pasaron del 3% al 5,5%. Antes de ese año, para calcular los derechos se multiplicaba el 3% por 30 (porque se consideran 30 anualidades); al cambiar el porcentaje de la anualidad, se multiplicó 5,5% por 30.
Al respecto, la ORH aclaró que esto no correspondía a un salario real, porque ningún catedrático de la UCR había ganado 30 anualidades al 5,5%; entonces, el cálculo se realiza tomando en cuenta cuatro anualidades al 5,5% y 26 al 3%.
“En su momento indicamos que no estábamos de acuerdo con la metodología de cálculo e hicimos una nueva que nos llevó prácticamente al mismo monto de pensión; lo que cambió fue la metodología y no el cálculo”, aclaró Carlos Araya, vicerrector de Administración.
Los pensionados no comparten esta interpretación y hay una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo que no ha sido resuelta.
