La autonomía universitaria es un principio que va más allá de lo que dice la ley, afirman expertos.

“El ingreso y el uso de la fuerza por parte de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dentro del campus de la Universidad de Costa Rica es un acto ilegal y censurable”.

Ese es el criterio de Luis Baudrit, director de la Oficina Jurídica de la UCR, respecto de los hechos del pasado 12 de abril, cuando oficiales del OIJ se enfrentaron a un grupo de universitarios que les reclamó el ingreso al campus para detener a un sospechoso.

El hecho llamó la atención de los medios de comunicación y se convirtió en tema de discusión sobre si el ingreso de cuerpos policiales al campus significa o no una afrenta a la autonomía universitaria.

MÁS ALLÁ DE LA LETRA

Para Baudrit, las discusiones y criterios externados en los últimos días respecto del tema de la autonomía universitaria, han dejado en evidencia el amplio desconocimiento que existe sobre este tema.

El director del Organismo de Investigación Judicial, Jorge Rojas, y el Fiscal General, Francisco Dall’Anese, defendieron las acciones de los agentes en el campus durante un operativo en el que se perseguía a un oficial de tránsito que labora en la UCR por la supuesta recepción de un soborno.

De igual forma, algunos reconocidos expertos en derecho constitucional han opinado que no hay limitación alguna para el ingreso de policías a los predios universitarios.

“Hay que tomar en cuenta que la Universidad tiene, por disposición de la Constitución Política, una autonomía muy amplia, mucho más amplia que la de las instituciones autónomas y las municipalidades; que no se refiere únicamente a las funciones, como se ha malinterpretado y han dicho personas que se dicen muy conocedoras del derecho constitucional”, afirmó Baudrit.

El abogado universitario recordó que el artículo 84 de la Constitución brinda a la UCR una autonomía de administración y de funciones, pero además de eso, le da una autonomía de gobierno y organización.

“Entonces no se puede tratar a la Universidad como un ente público similar a un  ministerio o al IMAS. La autonomía es una forma de participación de la soberanía nacional”, expresó.

El especialista aclaró que la autonomía no significa que la Universidad sea un “Estado dentro de otro Estado” y que sus instalaciones no estén sujetas a las leyes del país; pero sí implica un respeto y una necesaria coordinación por parte de las autoridades cuando requieran ingresar al campus.

Baudrit recordó que ninguna institución en el país tiene dominio sobre la soberanía nacional, y cada uno tiene funciones específicas y limitaciones en su funcionamiento.

“La Corte Suprema de Justicia también está supeditada a la Constitución y a la ley, pero eso no significa que puede hacer lo que le da la gana, ni que los órganos dependientes de la Corte, como el Ministerio Público, pueden hacer lo que deseen, sino que tienen un ámbito de competencia”, comentó Baudrit.

“Lo que ha dicho el señor jefe del Ministerio Público, que ellos tienen mano libre para hacer lo que les da la gana, eso es totalmente falso, él solo puede hacer lo que está autorizado por la ley, y  la acción del Ministerio Público debe ser racional y no puede ser exagerada de acuerdo con lo que se busca”, recalcó.

Además, no todo está dicho expresamente en las leyes, y en el caso de la autonomía universitaria hay toda una tradición que viene desde el siglo XII, con el nacimiento mismo de la universidad como institución libre.

Baudrit aclaró que no es que en sentido estricto las autoridades no puedan ingresar al campus, pues hay casos de excepción y emergencia, como cuando una vida humana está en peligro.

Sin embargo, en el caso de la incursión del OIJ y el Ministerio Público, indicó que se trata de un evento predecible, en el que bien se pudo haber coordinado con las autoridades universitarias para llevarlo a cabo.

“La posibilidad de que la persona sospechosa entrara al campus era un hecho perfectamente previsible, y solo una mala planificación no lo tomaría en cuenta. Había que coordinar con el cuerpo de seguridad de la universidad, que siempre ha colaborado y no es una guarida de maleantes, como se ha querido decir”, aseveró Baudrit.

“Pretenden decirnos que por ser autoridades, pueden entrar aquí como si esto fuera tierra de nadie, una calle o un parque público. Esto no es un bien público, aunque es estatal, le pertenece a una institución que tiene personería jurídica propia, y con autonomía”, advirtió.

Recordó que en los 70 años de existencia de la Universidad la coordinación siempre se ha dado, y han sido pocos los incidentes por el ingreso de policías u otras fuerzas al campus.

Según el abogado, en 1948, durante la revolución, un grupo de estudiantes y docentes permitieron el paso de fuerzas del Gobierno desde la universidad, (ubicada en Barrio González Lahmann ) para desde ahí atacar a las fuerzas revolucionarias.
“Esos estudiantes fueron expulsados luego, y los docentes recibieron fuertes sanciones; pero después se les permitió el reingreso; todo eso por haber irrespetado la autonomía”, relató.

Aseguró que los hechos recientes dejan un gran daño a la institución, ya que en los medios de comunicación ha sido retratada como un refugio para delincuentes, lo cual está lejos de la realidad universitaria.

CULTURA DE LEY

El profesor jubilado de la UCR, Walter Antillón, aseguró que son equivocadas las interpretaciones de la ley que son sacadas de contexto, y se basan solo en la literalidad de la Constitución Política.

“Hay una cultura que se ha formado de la experiencia de esa colaboración entre policía y universidad, lo que explica la reacción dentro del campus. Si fuese habitual que la policía entrara a los predios, la gente lo hubiese visto de esa forma. Se trata de la cultura jurídica, que está por encima de la ley jurídica”, aseguró.

Recordó que durante la visita del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy al país en 1963, este visitó la universidad, y ningún policía ingresó sin el permiso necesario.

De igual forma recordó el caso del secuestro del profesor Sherman Thomas, en el que nuevamente las autoridades universitarias coordinaron con la policía para su ingreso a la sede Rodrigo Facio con el fin de atender la situación.

“Las antiguas universidades tenían su propio gobierno y hasta impartían justicia, pero aquí no se trata de excluir del todo al Estado, solo que hay una cultura de no presencia policial en las universidades, la cual solo se da en las dictaduras”, expresó el jurista.

Universidades en defensa de la autonomía

Tras los hechos del 12 de abril en los que policías ingresaron al campus, decenas de profesores, estudiantes y funcionarios salieron a manifestarse pacíficamente el jueves 15, en defensa de la autonomía.
La concurrida marcha que salió  de la sede Rodrigo Facio, rumbo a la Corte Suprema de Justicia, fue encabezada por la rectora de la UCR, Yamileth González; quien a su vez fue acompañada por los rectores de la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Sin mayores incidentes, el grupo de universitarios llegó hasta la puerta del edificio judicial, donde los presentes reclamaron a las autoridades por la “invasión” al campus .
“Nos ha preocupado que una fiscal junto a agentes del OIJ en el marco de una diligencia oficial menor, y sin coordinación alguna con las autoridades universitarias, hayan ingresado violentamente al campus”, dijo la rectora González al llegar frente a la Corte.
 “Estamos aquí para decirle al OIJ y al Ministerio Público, que ante esa agresión insólita, exigimos respeto por una institución pública de 70 años de historia, dedicada a la formación de profesionales y al desarrollo del país. Ante una violación de los principios constitucionales en un país de derecho, exigimos que se respete la autonomía universitaria”, reiteró González.
La rectora en compañía de otras autoridades y representantes de la comunidad universitaria, así como de los rectores de las otras universidades, pasaron tras la marcha a una reunión con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Magistrados y UCR investigarán lo ocurrido

Un día después de que se diera la incursión de agentes judiciales y una fiscal al campus sin la debida coordinación con las autoridades, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia realizaron una visita a la rectora de la UCR, Yamileth González.
Los magistrados se apresuraron a aclarar que no ellos no le habían dado el aval a lo actuado por el OIJ y el Ministerio Público el 12 de abril, tal y como se informó  en un periódico.
Sin brindar mayor detalle de su visita, los magistrados y la rectora anunciaron que ofrecerían una conferencia de prensa el día 15, tras la marcha protagonizada por la comunidad universitaria en defensa de la autonomía.
En la conferencia de prensa, la rectora González y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora, reafirmaron el reconocimiento mutuo del respaldo constitucional que tienen las instituciones que ambos representan.

Mora y González lamentaron los hechos y aseguraron que una comisión se encargará de establecer mecanismos de coordinación y evitar que la situación se repita.
Ambos indicaron que se realizarían las investigaciones debidas, tanto para determinar la responsabilidad del oficial de tránsito perseguido por el OIJ, como de las autoridades judiciales que organizaron el operativo sin la debida coordinación.
Mora indicó que, si la indagación así lo determina, las sanciones podrían alcanzar a funcionarios de alto rango, como el director del Organismo de Investigación Judicial, Jorge Rojas.
La rectora no indicó  si apoyaría la gestión que pretende presentar el movimiento estudiantil para la destitución de Rojas al frente del OIJ, pero sí apuntó  que los hechos del 12 de abril llevan a una línea jerárquica de responsabilidad que termina en Rojas como director.
 

Autonomía en el continente

Estos son algunos casos de conflictos en otros países del continente, tras el ingreso de fuerzas policiales a los recintos de universidades autónomas.

* Universidad Autónoma de México (UNAM): Desde los enfrentamientos de los universitarios con el ejército mexicano en 1968 hasta el ingreso de la policía en el 2000 para poner fin a una huelga, la UNAM ha sido una celosa defensora de su autonomía.
Incluso en momentos de problemas con la delincuencia en la ciudad universitaria, la policía del Distrito Federal ha tenido que esperar a que sea la seguridad de la UNAM la que actúe, y las autoridades universitarias las que tomen medidas para combatir a la delincuencia en el recinto.