“Mano dura” agrava violencia juvenil, afirman expertos

La problemática de la violencia juvenil no se soluciona con leyes más rigurosas hacia los delincuentes, sino con políticas sociales que analicen y prevengan

La problemática de la violencia juvenil no se soluciona con leyes más rigurosas hacia los delincuentes, sino con políticas sociales que analicen y prevengan desde sus diferentes aristas estos fenómenos, concordaron los participantes de la mesa redonda “Prevención de la violencia juvenil”.

La actividad fue organizada por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR) el pasado 28 de junio, en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, y se enmarcó en las “Primeras Jornadas de Reflexión: Seguridad y Estado Social de Derecho”.

El foro contó con la participación de Mónica Vul, investigadora del Instituto de Investigaciones Psicológicas; Mario Zúñiga, investigador de la Escuela de Sociología;  Darío Gómez, coordinador de DNI (Defensa de Niñas y Niños Internacional); y Giselle Boza -directora del Sistema Radiofónico de la UCR-, como moderadora.

El sociólogo Mario Zúñiga expuso los resultados de las políticas criminales de “mano dura” –llamada así por la rigurosidad de las penas– implementadas en El Salvador, para atacar la ola de violencia ciudadana que vive ese país.

Según sus datos, a pesar del aumento de las penas en El Salvador, los índices de inseguridad y la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se vio incrementada en la última década. Estas medidas agravan el problema de la violencia y muchas veces están por encima de convenciones sobre derechos humanos, agregó.

A su parecer, las políticas de seguridad van de la mano con las estrategias económicas a las que recurra un país. Por eso, el decrecimiento laboral, en sectores agropecuarios durante la última década en El Salvador, ha ocasionado fenómenos de migración de los sectores más pobres y vulnerables a la delincuencia.

Según Zúñiga, las leyes que endurecen las penas son aplicadas en países que carecen o que cuentan con servicios sociales deficientes, y en el caso de El Salvador, provocaron un aumento en la portación de armas por parte de la ciudadanía, debido a ese sentimiento de inseguridad. Esta situación teme que podría ocurrir en Costa Rica, si se implementan medidas similares.

SÍNTOMAS EN COSTA RICA

En Costa Rica, durante las últimas campañas electorales, algunos partidos políticos, como el Movimiento Libertario y la Unidad Social Cristiana, recurrieron al tema de la inseguridad y de políticas penales más fuertes para obtener votos, lo cual se dio también en el país salvadoreño, comentó Zúñiga.

Lo anterior se suma al tratamiento de la a inseguridad ciudadana dado por algunos medios de comunicación, los cuales exigen al Estado penas más fuertes para las personas que violan las leyes y, en especial, para los menores de edad, quienes tienen penas más flexibles comparadas con los castigos de personas mayores.

Zúñiga afirmó que se debería de tener cuidado al impulsar propuestas de este tipo, ya que al ver los resultados de la aplicación de estas, en países como El Salvador, se puede determinar que no es el mejor camino para atacar la delincuencia.

Por su parte, la psicoanalista Mónica Vul –quien ha trabajado de cerca con jóvenes que han delinquido– hizo fuertes críticas al tratamiento dado, tanto los medios de comunicación como el Ministerio de Educación Pública, a los últimos sucesos ocurridos en el país con jóvenes.

Vul indicó que muchas veces los medios de comunicación y autoridades públicas resumen la problemática como situaciones circunstanciales, cuando los problemas de este tipo tienen una raíz social más compleja, a la cual hay que atacar por muchos lados, como desde la educación, la psicología y la comunicación.

La psicoanalista abogó por eliminar esa imagen estereotipada que liga a jóvenes con la delincuencia presentada en el discurso mediático y a tener más cuidado con las medidas por tomar a la hora de castigar a jóvenes que infringen la ley con acciones violentas.

Vul coincide con Zúñiga en que penas más fuertes y tratamientos psiquiátricos sin control no solucionan un problema, sino que debería tratarse con políticas sociales y económicas más eficientes.

Por otro lado, en su ponencia, Darío Gómez, expuso su preocupación por priorizar la prevención de la violencia en jóvenes, como medio para evitar situaciones desagradables, al igual que indicó que poco a poco se ha destinado menos ayuda internacional al país para combatir estos problemas. Esto lo hace más vulnerable a la delincuencia.

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