El exceso de concesiones en algunas cuencas amenaza el futuro hídrico de ciertas regiones. Por ejemplo, en la Llanura de San Carlos operan varios proyectos privados que han secado el caudal río abajo. (Foto: archivo ODI)
Un marco legal obsoleto y una serie de leyes que dificultan el manejo integrado del agua y su protección fueron expuestos en la clausura del segundo foro de la Universidad de Costa Rica (UCR), denominado “Diagnóstico y planificación del recurso hídrico en Costa Rica: Hacia una gestión integrada de la conservación y aprovechamiento del agua”.
En la cuarta y última sesión, se discutió sobre el marco normativo hídrico, así como los retos que tiene el país en dicha materia. Sobre este temática expusieron Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA), y José Miguel Zeledón, director de Aguas, del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
El segundo foro institucional fue clausurado por Edgar Gutiérrez, ministro de Ambiente y Energía, quien dictó la conferencia “Requisitos y acciones necesarias para alcanzar la meta de una gestión integrada de la conservación y el aprovechamiento del agua en Costa Rica”.
En el sitio en Internet www.ucr.ac.cr/foro-institucional.html se pueden consultar algunas de las presentaciones de los foristas.
IMPUNIDAD Y DESARTICULACIÓN
Yamileth Astorga, reconocida investigadora sobre el tema hídrico, dijo que al revisar la normativa vigente “pareciera que en Costa Rica la protección del recurso hídrico está bastante respaldada desde el punto de vista normativo e institucional: más de 100 leyes y decretos, más de 15 instituciones relacionadas; no obstante, hay una serie de amenazas para el futuro hídrico del país”.
Mencionó que el tener un marco legal obsoleto y una acción interinstitucional poco rigurosa incide en la impunidad ante los delitos ambientales. Por ejemplo, se destruyen fuentes de agua por cambio del uso del suelo, se contaminan fuentes, se sobreexplotan, se usurpan e irrespetan las áreas protegidas.
Astorga demandó de parte de todas las organizaciones una gestión integral del agua, mediante políticas, actualización del marco jurídico e institucional, y técnicas eficientes y sostenibles.
Para lograr ese cometido, estima que es necesario superar las discusiones sobre quién hace tal o cuál tarea. “La realidad es que el Minae es el ente rector del agua en Costa Rica, en eso no hay discusión. La pregunta siguiente es el cómo lograremos la integración de competencias entre los ministerios, las instituciones autónomas y otros programas estatales”, planteó la jerarca del AyA.
En cuanto a la legislación, detalló que el proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico −expediente 17.742− subsana esta situación al establecer al Minae como el rector nacional, e integra todas las leyes y decretos, define competencias y la estructura organizativa para la gestión y conservación del agua en Costa Rica. También, crea el Consejo Nacional del Recurso Hídrico, en el que participarían otras instancias con competencia en el agua, y el Consejo de Unidades Hidrológicas, que reuniría a diversos sectores.
Actualmente, dicho proyecto está en la Comisión de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa. “Nadie quiere perder competencias, pero debemos impulsar lo que es científica y técnicamente correcto”, expresó Astorga.
Por su parte, José Miguel Zeledón enfatizó que para lograr una gestión integrada del agua, el país primero requiere una definición territorial para establecer qué y dónde monitorear.
Coincidió también en lo dicho por Astorga respecto a la maraña legal imperante, argumentado por foristas en sesiones anteriores. Recordó que desde la década 80 se han diseñado 25 propuestas de gestión hídrica, pero ninguna de ellas se ha puesto en ejecución.
Zeledón formuló seis metas estratégicas de cara al 2030, entre ellas limpiar los ríos y proteger todos los acuíferos, establecer un marco normativo que permita la gobernabilidad de los recursos hídricos y aprovechar de manera eficiente y equitativa todos los usos.
Instó, además, a lograr una nueva cultura hídrica entre los usuarios del agua, mediante la adquisición de nuevos hábitos y la valoración del agua, así como aprobar el referido proyecto de ley.
