Rectores rechazan el reclamo pues consideran tener el derecho y la obligación de informar a cada comunidad universitaria sobre el proceso de negociación.

Los cuatro ministros que conforman la Comisión de Enlace que negocia con las universidades estatales la distribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), reclamaron a los rectores el haber expuesto a UNIVERSIDAD su propuesta para evitar una rebaja a los presupuestos de las casas de educación superior.

Ello se expone en una carta del 26 de marzo, firmada por los ministros de Hacienda, Planificación, Ciencia y Tecnología y Educación y dirigida a los integrantes del Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

“Con sorpresa – sobre todo porque en la última sesión de CONARE acordamos no volver a referirnos a estos temas en la presa mientras no hubiera acuerdos en la Comisión de Enlace—hemos recibido con sorpresa la publicación del Semanario UNIVERSIDAD con el título Los ¢7.200 millones que Hacienda pretende rebajar a CONARE podrían utilizarse para capacitar personas y generar empleo en medio de la crisis, dice la nota.

De la publicación de este Semanario, los ministros citan las declaraciones brindadas por la rectora de la Universidad de Costa Rica, Yamileth González; y del rector de la Universidad Estatal a Distancia y presidente de CONARE, Rodrigo Arias.

Ambos jerarcas explicaron entonces que durante la segunda reunión de la Comisión de Enlace, se realizó una propuesta verbal a los ministros para que no se rebajaran ¢7.200 millones a los presupuestos de las universidades, correspondientes a la baja en la estimación del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, índice al cual está ligado el crecimiento de los ingresos universitarios.

Tanto González como Arias detallaron que se propuso al gobierno no rebajar el monto mencionado, y en su lugar las universidades se comprometían a impulsar un plan de inversión en infraestructura para generar empleos, y fortalecer la capacitación de la mano de obra nacional en este momento de crisis.

Los ministros reclaman en la misiva que las declaraciones pueden entorpecer las negociaciones y recalcan el reconocimiento que hizo CONARE de la “importancia y la validez” de los mecanismos de financiamiento del FEES, el cual con la baja en el PIB dispone una disminución en los presupuestos universitarios.

Para la fecha de la carta, los funcionarios de gobierno reclamaban no haber recibido la citada propuesta de parte de los rectores y la rectora de manera formal y por escrito, ya que solo fue presentada oralmente en la Comisión de Enlace.

REPROCHE INACEPTABLE

La rectora de la Universidad de Costa Rica, Yamileth González, aseguró que desde la segunda reunión de la Comisión de Enlace, no se ha producido ningún otro encuentro; solamente un intercambio de cartas, incluida la ya mencionada.

De acuerdo con González, en estas semanas CONARE trabajó sobre el tema y ya envió el documento de la propuesta planteada en la segunda reunión, para que sea analizada por los ministros.

Añadió que en la carta no se hizo referencia al tono del reproche de los ministros, pero consideró “poco pertinente y poco adecuado” el contenido del documento.

“Nos dicen que no hay que conversar con las comunidades de nada. Como rectores tenemos el compromiso de estar informando, tanto al Consejo Universitario como al Consejo de Rectoría”, manifestó González.

“La comunidad universitaria tiene derecho a estar informada, por lo que el reclamo no es de recibo para nosotros y en ese aspecto la nota queda sin respuesta. Es imposible que nosotros admitamos que haya un condicionamiento para un silencio que no ha sido parte de ningún arreglo”, agregó.

De acuerdo con la rectora, la UCR ha insistido en la necesidad de que no se reduzca el presupuesto, para no paralizar proyectos importantes de infraestructura en comunidades como Liberia y Limón, así como para no limitar la capacidad de la institución para recibir más estudiantes.

González comentó que ya se planteó un compromiso de la UCR para garantizar la permanencia del alumnado en las aulas y e impedir que abandonen sus estudios ante la crisis, para la cual se propone una nueva modalidad de beca cuyo objetivo es apoyar aún más a las personas que viven en pobreza extrema.

El rector de la UNED y presidente de CONARE, Rodrigo Arias, confirmó que el tema aún no se había tratado con los ministros, aunque esto se analizaría en una reunión del 12  de mayo, un día después del cierre de esta edición.

“A eso nos vamos a referir en la cita, pero sí me parece una imprudencia por parte de los ministros, ya que no pueden limitarnos el derecho de manifestarnos”, afirmó Arias.

VIOLACIÓN A LA AUTONOMIA

El rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Eugenio Trejos, afirmó que el reclamo es “inadmisible, airado e improcedente”, por lo que los rectores no pueden aceptar una comunicación de ese tipo.

“Es irrespetuoso, y yo diría que incluso inconstitucional, porque en cierta medida se está limitando el derecho a la libre expresión, no solo como ciudadanos, sino además como autoridades universitarias”, criticó Trejos.

Aseguró que en la respuesta a los ministros, se reiteró la necesidad de no reducir los fondos para los presupuestos universitarios, con el fin de no penalizar más a las universidades en tiempos de crisis.

“Señalamos al Poder Ejecutivo la ausencia de alguna medida favorable para la educación costarricense en el Plan Escudo, y les recordamos que en la crisis anterior, de los años 80, se penalizó a la educación superior de tal forma que hasta el momento no hemos recuperado el nivel de financiamiento de entonces”, comentó Trejos.

En el documento se propone al gobierno mantener los fondos universitarios para impulsar los programas de becas que impidan el abandono de los estudios por parte de las personas estudiantes de menos recursos, así como programas de inversión que incidan en la generación de empleo.

“No mencionamos nada del reclamo en el documento para no enturbiar la negociación, pero eso no será óbice para que yo manifieste mi disconformidad por el tono del reclamo”, concluyó el rector.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Cristina Barboza, criticó la “insistencia” del gobierno en manejar las negociaciones en secreto y el deseo de limitar la libertad de expresión de los rectores.

“Me parece preocupante que se quiera negociar a puerta cerrada, pues al menos deberían brindar información y hacer esto más democrático. También me preocuparía si es cierto que los rectores se comprometieron a guardar silencio”, afirmó Barboza.

“En todo caso el reclamo es una clara violación de la autonomía, es evidente la intención de querer mantener engañada a la comunidad estudiantil para evitar cualquier reacción de nuestra parte. Se debe comunicar lo que pasa en esas negociaciones por todos los medios”, indicó.