Un nuevo Trabajo Comunal Universitario (TCU) permitirá a la población capacitarse en materia jurídica ambiental, para así adquirir las herramientas legales que le permitan emprender de manera acertada un proceso de denuncia ambiental.
El más reciente TCU se llama “Facilitar el acceso a la justicia en el Tribunal Ambiental Administrativo” y es creado por la Vicerrectoría de Acción Social como una forma de continuar su política de contribuir con la organización comunal.
El proyecto pretende que la ciudadanía tenga un acceso efectivo y eficaz a la justicia para que así puedan canalizar sus demandas de la manera correcta ante el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), la instancia que debe “prevenir, tutelar, disminuir y sancionar por daños al ambiente y los recursos naturales por medio de procedimientos administrativos ordinarios”.
Liliana Monge, coordinadora de la sección de Trabajo Comunal Universitario indicó que el beneficio del proyecto será de doble vía, «por un lado, las y los estudiantes del proyecto aprenderán y se sensibilizarán en contacto directo con las realidades comunitarias y paralelamente, los grupos locales involucrados adquirirán herramientas técnicas y jurídicas para mejorar sus prácticas organizativas, defender sus derechos y sus recursos naturales”.
El TCU cuenta con el apoyo del Programa Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR) por lo que coordinarán entre ambos para capacitar las comunidades que están dentro del rango de acción de los Kioscos.
Aún falta por definir a las comunidades beneficiadas, pero se analizan la zona de Crucitas y el tema de la minería; Sardinal y Carrillo y el problema del agua; el Caribe Norte y la Zona Norte en el caso de la piña.
Sonia Contreras, profesora coordinadora de este TCU y de los consultorios ambientales de la UCR, especificó que el proyecto no recibirá casos propiamente, ya que para eso está el Consultorio Jurídico Ambiental de la UCR.
“Los casos en los que va a apoyar el TCU directamente son en los expedientes y resoluciones de fondo del Tribunal Ambiental Administrativo. Ahora bien, eso no impide que si en la ida a las comunidades se nos traslada algún caso de delito o infracción ambiental, la direccionemos al Consultorio Ambiental, con el que también se coordina”, dijo Contreras.
Los estudiantes trabajarán en la capacitación de temas legales ambientales en las comunidades para así “empoderarlas” a fin de que protejan su derecho a un ambiente sano.
La Vicerrectora de Acción Social, María Pérez Yglesias, dijo a UNIVERSIDAD que el hecho de que la coordinadora de los consultorios ambientales universitarios sea quien dirija el proyecto respalda el papel que han desarrollado estos consultorios, así como los Kioscos (universitarios) para que sea la gente la que defienda su ambiente.
Por eso, ante el rumor que ha se dado en torno a la posibilidad de eliminar el Consultorio Ambiental por parte de la Decanatura de la Facultad de Derecho así comoel Colegio de Abogados, Pérez agregó que “sería extraño que un Colegio de Abogados o una decanatura que han apoyado tanto el tema de los Consultorios no le dieran el apoyo que se merece”.
DESBORDE DE DENUNCIAS
A mediados de marzo trascendió en los medios de comunicación nacional que el TAA duplicó la cantidad de denuncias recibidas en enero del 2010 en comparación con enero del año anterior. En esta ocasión se recibieron 65 denuncias.
En total, durante el 2009 el TAA recibió 462 denuncias nuevas y a la fecha existen cerca de 1700 expedientes que están en trámite. Este trabajo lo resuelven únicamente 20 funcionarios entre abogados, biólogos, jueces, ingenieros forestales y personal administrativo.
Liliana Monge, coordinadora de TCU, reconoce que las denuncias ante el TAA han sufrido un significativo aumento este año y que el Tribunal tiene muchas limitaciones por la falta de recursos y personal técnico y profesional por lo que resalta el valor de este TCU.
“A través de este nuevo TCU la UCR contribuye a fortalecer la capacidad de gestión del TAA para atender y dar seguimiento a las denuncias ambientales pero además capacita a las comunidades para fortalecer sus propios procesos de defensa y exigibilidad de justicia ambiental”, concluyó Monge.
Además Monge agregó que “ante el evidente y cada vez más agresivo deterioro ambiental que experimenta el país, -producto de las políticas neoliberales- este tipo de iniciativas universitarias resultan muy pertinentes, pues responden a necesidades sociales claramente identificadas”.
MATRÍCULA ESTUDIANTIL
En esta primera matrícula se escogerán 15 estudiantes universitarios de carreras como derecho, computación, comunicación colectiva, economía, archivística y sociología.
Entre las labores a realizar se contempla la creación de una base de datos para el TAA, la organización de expedientes, revisión de la estructura organizativa y colaboración en resoluciones de fondo. Todo ello, sin olvidar la simultánea capacitación a las comunidades sobre el acceso al TAA, la interposición de una denuncia y su seguimiento.
El próximo ciclo de matrícula será del 17 al 19 de marzo y puede realizarse de forma digital en el sitio tcu.ematricula.ucr.ac.cr.
