Construcción del túnel de la Planta Hidroeléctrica de Peñas Blancas
La construcción de plantas hidroeléctricas en San Ramón de Alajuela, ha provocado graves implicaciones ambientales y sociales.
Cambio de su cauce original, aumento de residuos líquidos, muerte de peces, pérdida de laderas con pendientes fuertes y un alto grado de deforestación son parte de éstas.
Así mismo la presencia de grandes obras y torres llenas de cables entre la comunidad de la noche a la mañana, sin explicación alguna, ha producido inquietud en la población.
Prender la luz eléctrica de la casa, oficina, empresa o departamento, marca una nueva tarifa: la ambiental, deuda que toda la población costarricense tiene con la naturaleza.
Dichos factores fueron determinados en el estudio hecho por el profesor de Biología, de la Universidad de Costa Rica, Ronald Sánchez Porras.
Según dijo, el aumento del número de plantas en las últimas décadas se dio a raíz de la expansión del monopolio estatal, sin contemplar un plan de manejo de cuencas hidrográficas.
Entre 1993 y 2003 se construyeron en San Ramón nueve plantas hidroeléctricas: Alberto Echandi y Peñas Blancas, plantas correspondientes al ICE, y las plantas Daniel Gutiérrez, la San Lorenzo, La Manguera, La Balsa Superior, La Esperanza, Jabonal y Chachagua, del sector privado.
Según este investigador de la Sede Regional de Occidente, algunos elementos que han contribuido en la explotación del recurso hídrico son la orografía de la región y la altitud del sitio, así como las altas precipitaciones y la densidad de los bosques, que ocasiona las condiciones favorables para una alta condensación.
IMPLICACIONES
Según Sánchez, las represas son causa importante en la pérdida de los ecosistemas ambientales, pues ninguno de esos proyectos cuenta con un estudio de impacto ambiental, antes, durante o después de la construcción.
Además la población de escasos recursos es la más afectada y no está preparada para afrontar los impactos.
Según Sánchez, miembro de la Comisión de Impacto Ambiental de los Proyectos Hidroeléctricos, en muchos casos, como en la Planta de Esperanza, San Lorenzo y Peñas Blancas la situación fue difícil , ya que se les prohibió la entrada a la zona.
Agregó que a las comunidades no se les informó sobre los beneficios y las implicaciones del proyecto.
Así mismo, Sánchez recalcó la falta de un proceso de sostenibilidad en estos proyectos, sean públicos o privados, que trate sus repercusiones.
Prueba de esto es la limpieza realizada en el embalse de la planta San Lorenzo hace dos años, que provocó la muerte de miles de peces, a quienes se les reventaron los ojos, debido a la turbulencia y la dispersión de sedimentos.
Agregó que aunque esta situación fue denunciada ante el Ministerio de Ambiente y Energía(MINAE), nunca hubo repuesta.
En esta Planta también hubo el inesperado aumento en los niveles del agua, que provocó una inundación en el lugar, reflejo de la ausencia de alarma a lo largo del cauce del río. Situación similar se dio en todas las plantas.
Por otro lado, enfatizó que muchas represas no dejan pasar ni una gota de agua, por lo que el río queda seco hasta que vuelve al canal de restitución, caso que ocurre en Nagatac, Peñas Blancas, San Lorenzo y casi todos los embalses; esto genera pérdidas del río por lapsos de 32 kilómetros.
Para Sánchez esta situación es injustificada ya que la ley establece que debe dejarse en un 10% la producción de agua en los ríos.
De igual modo las especies acuáticas que se encuentran en los embalses al aislarse de su comunidad, se está generando la endogamia de ciertos grupos, y su extinción.
Para Sánchez los riesgos ambientales de estas plantas deben de ser contemplados no sólo por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sino también por las plantas privadas en la zona ya que las consecuencias son las mismas.
«Hasta el momento ninguna planta ha brindado tratamiento a estas implicaciones porque solo se limitan a reparar lo que esté afectando directamente el proyecto, fuera de la obra no hay ningún interés, puntualizó».
Dejó claro que aunque existe un regente ambiental, encargado de verificar en el campo el cumplimiento de las medidas del Plan de Gestión Ambiental(PGA) y posteriormente brindar una copia al contratista de la obra, esta no llega a la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA), al Comité de Seguimiento Comunal de la Obra ni el Concejo Municipal.
Por su parte propone una estrategia que puede ser tomada en cuenta en la construcción de estas plantas, la cual consiste en tomar dos o tres ríos de la región y construir igual número de proyectos en el mismo cauce.
ICE ACLARA
Para Roberto Jiménez Gómez, director de la sección de Planeamiento Ambiental del ICE, las declaraciones hechas por Sánchez, no aluden de ninguna manera a la institución, ya que en todas sus plantas hidroeléctricas se ha realizado un plan de manejo ambiental y social.
Detalló que a las comunidades siempre se les informa sobre los beneficios e impactos que pueda generar la construcción de las plantas, y éstas a su vez, se muestran anuentes a colaborar.
Jiménez agregó que se han planteado proyectos para ayudar a capacitar a los agricultores, mejorar el acceso a los caminos de los pueblos, conectar líneas telefónicas y brindar educación a los estudiantes, por medio de visitas a la zona de la planta
( educación ambiental).
Enfatizó sobre la capacitación que brindan a los pobladores sobre un desarrollo ecoturístico para la zona y las oportunidades de trabajo que ofrecen a más del 70% de la mano de obra regional.
Por otro lado, añadió que con la ley 7200 y 7508, se perdió la posibilidad de establecer mejores esquemas de desarrollo que generen menos impacto, ya que dio paso a la aparición de plantas privadas sin ningún grado de planificación.
«Desgraciadamente el MINAE no exige una planificación a los proyectos privados, por lo que existen zonas atomizadas de proyectos y sin una supervisión del proceso constructivo, ya que hay una incapacidad de acción de este ministerio y la SETENA».
Ante ello, el Ing. Miguel Víquez Camacho, del ICE, detalló que para la construcción de una planta, la institución plantea un estudio de viabilidad ambiental, con 15 y 20 años de anticipación, factor que ninguna empresa privada realiza, para estudiar e identificar los impactos.
Recalcó la labor del ICE en pro de abastecer a la población nacional de energía de calidad y con tarifas cómodas.
