El Capítulo II del reglamento especifica quiénes deben conformar las Comisiones de TFG, los Comités Asesores y el Tribunal Examinador. (Foto: archivo)
Competencias de los diferentes actores en la creación de Trabajos Finales de Graduación (TFG), confidencialidad, derechos y la incorporación del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI), como encargado de establecer el formato de las publicaciones, son las propuestas del nuevo “Reglamento General del Trabajo Final de Graduación”.
El reglamento salió a consulta de la comunidad universitaria el 4 de julio en “La Gaceta Universitaria” y establece una normativa homogénea para estudiantes de grado y posgrado, pues actualmente son dos los reglamentos que rigen la elaboración de TFG y cuentan con más de 30 años desde su creación.
“Ahora hay dos reglamentos vigentes que fueron creados en circunstancias muy diversas [para trabajos de grado y para trabajos de posgrado]. La idea era crear uno solo para evitar la dispersión”, explicó el representante del Área de Artes y Letras del Consejo Universitario (CU), Ángel Ocampo Álvarez.
El proceso de elaboración inició en el 2007 tras la solicitud de una revisión integral de la normativa institucional sobre los trabajos finales de graduación (TFG).
ACTUALIZARSE AL SIGLO XXI
El nuevo reglamento establece disposiciones más precisas sobre puntos relevantes para el desarrollo del TFG que facilita el trabajo a los sustentantes, según Ocampo.
“El estudiante puede ir directamente al reglamento, independientemente si es para el grado o posgrado. No hay posibilidad de que se contradigan las normas”, puntualizó.
En materia de la conformación, funciones y competencias de las instancias que participan en la elaboración del TFG, el Capítulo II del reglamento especifica quiénes deben conformar las Comisiones de TFG, los Comités Asesores y el Tribunal Examinador.
Además, el artículo 18 integra normativa específica para Sedes Regionales con la posibilidad de que estas realicen cambios de ser necesario.
A pesar de esta reglamentación, algunos estudiantes como Eduardo Solano, quien realiza su tesis de Derecho, considera que su principal problemática no se solventa.
“No creo que la propuesta logre satisfacer problemas que tenemos los estudiantes que hacemos tesis hoy en día como la relación con los profesores que siempre es una tortura, ningún profe quiere ayudar”, declaró Solano quien cree en la necesidad de incentivar a los profesores con puntos en el régimen académico o salario.
La propuesta de reglamento prevé la posibilidad de que un TFG contenga información susceptible de ser mantenida bajo confidencialidad. Si los sustentantes del TFG lo consideran así, según la propuesta, “los miembros del tribunal examinador firmarán de previo un compromiso de confidencialidad específico, delimitado por la información que se consigne como tal, a efectos de que la persona sustentante defienda su trabajo incluyendo toda la información”, pero que permita omitir esos datos en la presentación pública.
Por otro lado, los derechos morales y de autor correspondiente al informe escrito pertenecen al sustentante, mientras que los derechos patrimoniales se regirán con base en lo establecido en el documento “Normas para la Investigación de la Universidad de Costa Rica”.
Sin embargo, el artículo 60 dicta que la UCR retendrá los derechos patrimoniales cuando el TFG “esté amparado a algún proyecto de investigación o acción social universitaria y reciba una contribución intelectual o económica por parte de la Institución o sus funcionarios”.
El catedrático de la Escuela de Historia, Iván Molina, opina que “el nuevo reglamento de TFG establece reglas más claras y precisas para estudiantes, comisiones de TFG, directores y asesores de tesis”, pero el CU, la FEUCR y la comunidad deben evaluar lo que supondría para los estudiantes.
Sobre la publicación de los TFG, el artículo 5 asigna la custodia y obligación al SIBDI tanto para fijar las guías sobre el soporte material de los escritos y archivos digitales.
Molina considera que “el CU debería establecer de una vez las formas de presentación de los TFG y explicitar que todos esos trabajos podrán ser consultados por Internet”, y no trasladar esa responsabilidad al SIBDI.
Sin embargo, Ocampo enfatizó que el CU no se puede anticipar a los cambios tecnológicos y “la decisión importante es que este reglamento se ocupa de su materia: investigación”.
El CU espera que el reglamento sea aprobado tras las observaciones de la comunidad universitaria y las modificaciones que haga la Comisión de Reglamento. El nuevo reglamento podría entrar en vigor en septiembre próximo.
Iván Molina: “Se debe digitalizar la colección de TFG que existen en la UCR desde 1940”
¿Cuál es el mayor fallo de la propuesta sobre adjudicar al SIBDI las disposiciones sobre los TFG?
-Me parece que si se está haciendo una reforma a fondo del Reglamento de TFG, debería aprovecharse la oportunidad para regular debidamente todo lo que se relaciona con la presentación y consulta de los TFG, y no traspasarle esa responsabilidad a otra instancia como el SIBDI. Lo mejor sería que el Consejo Universitario estableciera de una vez las formas de presentación de los TFG y explicitara que todos esos trabajos podrán ser consultados por Internet. De esta manera, se preservarían las versiones impresas o físicas de los TFG, y se facilitaría el uso de los TFG como materiales de curso a nivel de pregrado y posgrado.
Además, el Consejo debería incluir un transitorio en el nuevo Reglamento para ordenar al SIBDI que proceda, a la mayor brevedad posible, a digitalizar la valiosa colección de TFG que existen en la UCR desde la década de 1940 (uno de los patrimonios científicos más valiosos del país), tanto para preservarlos como para permitir su consulta en línea.
¿Cómo solucionaría el problema que plantea el vacío en cuanto a reglamentación sobre el CEC?
-La responsabilidad de supervisar los aspectos éticos de los TFG debe ser asumida por las comisiones respectivas, tanto a nivel de licenciatura como de posgrado. De esta manera, se evitaría el absurdo de que las comisiones específicas de grado y posgrado sólo revisarían los aspectos académicos, mientras que los aspectos éticos los revisaría el CEC. Con una disposición de este tipo se evitaría, además, que los estudiantes de licenciatura y posgrado hagan un doble trámite (primero antes sus respectivas comisiones y luego ante el CEC), lo que alargaría innecesariamente el proceso que deben cumplir para tener aprobados sus proyectos de TFG.
Aprovecho para señalar que el reglamento del CEC debe ser también profundamente revisado y reformado.
En términos generales, ¿cuál es su posición con respecto a la reestructuración de los Reglamentos hasta la propuesta planteada hasta hoy? ¿Considera que es un avance para los estudiantes o que los vacío encontrados en el Reglamento podrían perjudicarlos?
-Considero que el nuevo Reglamento de TFG establece, en general, reglas más claras y precisas para estudiantes, comisiones de TFG, y directores y asesores de tesis. Pese a esto, hay dos aspectos que la comunidad universitaria y el Consejo deben considerar con mucho cuidado. El primero se refiere a que el nuevo Reglamento plantea que habría situaciones en las cuales contenidos de los TFG podrían ser confidenciales, y que esa confidencialidad podría ser permanente; además, los miembros del comité asesor de esos TFG tendrían que firmar un compromiso de confidencialidad.
El segundo aspecto (del cual las asociaciones de estudiantes y la FEUCR parecen no haberse dado cuenta aún) se refiere a que el nuevo Reglamento abre la posibilidad de que, en ciertas situaciones, los estudiantes pierdan parcial o totalmente sus derechos patrimoniales sobre los TFG a favor de los miembros de su comité de tesis y a favor de la UCR.
Puesto que el Reglamento no detalla en qué situaciones los contenidos de un TFG serían confidenciales ni en qué situaciones los estudiantes podrían perder sus derechos, se dejan abiertas posibilidades que, aparte de que podrían prestarse para abusos, podrían alentar formas de privatización del conocimiento. En otras palabras, estas disposiciones controversiales del nuevo Reglamento de TFG podrían jugar a favor de la universidad empresarial, en detrimento de la transparencia de la universidad pública y de los derechos de los estudiantes.
