La Defensoría Estudiantil Universitaria funciona en la sede de la Federación de Estudiantes de la UCR. El Consejo Superior Estudiantil está a la espera del fallo de la Sala Constitucional acerca de la expulsión de los exdefensores. (Foto: archivo)

La Defensoría Estudiantil Universitaria (Defeu) vive una disputa interna que incluye quejas por hostigamiento, sanciones, acusaciones por incumplimiento del debido proceso y recursos ante la Sala Constitucional, en un conflicto que se agudizó en la transición entre los antiguos y los nuevos defensores estudiantiles, desde octubre pasado.

El último capítulo del lío es el recurso de amparo presentado en mayo por la exdefensora estudiantil Suyén Vega y el exdefensor adjunto Joel Vargas. Ellos reclaman a la Sala Constitucional que el 1 de noviembre del 2013 el Consejo Superior Estudiantil (CSE) los expulsó del movimiento de estudiantes por cuatro años, sin seguir el debido proceso y sin darles el derecho a la defensa.

“A la fecha no tengo conocimiento de las causas concretas y pruebas que respaldan el acuerdo”, aseguró Vega.

La sanción aplicada a Vega y Vargas se originó por una denuncia de la estudiante de enfermería Estefanía Solano, una aspirante al puesto de tesorera de la Defeu. Solano había sido elegida en el cargo el 4 de octubre, junto con Joel Vargas como coordinador y Nicole Quesada como secretaria. El 7 de octubre Vega y Vargas habrían convocado a Solano a una entrevista en la sede de la Federación de Estudiantes.

En esa cita, según Solano los defensores salientes la habrían hecho sentir “señalada, intimidada, acosada, amenazada, y su integridad violentada”.

Vega, en declaraciones dadas al programa La doble tracción, de Radio U, afirmó que “el cuerpo de la Defensoría saliente no estaba de acuerdo con que una persona asumiera el cargo sin estar lo suficientemente capacitada”, pues para ese puesto era un requisito tener al menos aprobado el segundo año de la carrera de Derecho.

“La sanción (contra Vega y Vargas) se da por otras razones, no solamente la situación denunciada por Estefanía», aclaró Víctor Valverde, coordinador del Consejo Superior Estudiantil (CSE).

El Consejo de Estudiantes de Ciencias de la Salud (CECS) expuso el 1 de noviembre ante el CSE la denuncia de Solano por el presunto hostigamiento sufrido, y ese órgano resolvió formar una Comisión Investigadora.

A inicios del 2014, el grupo recomendó una amonestación pública a los exdefensores por tres faltas cometidas: “Lesión a la autonomía del movimiento estudiantil, matonismo en contra de una estudiante federada y otra por el uso ilegítimo de la investidura de Defensores Estudiantiles”, según la respuesta de Valverde a la Sala Constitucional.

Tras la investigación, en abril de este año, el CSE sancionó a los exdefensores con la expulsión por cuatro años del movimiento estudiantil.

ENTREVISTA CUESTIONADA

“En todo momento, (los exdefensores) me dejaron claro que yo no tenía nada que estar haciendo ahí, que para ellos mi ingreso era muy irregular, y además sentían que interés por mi parte no había”, explicó Solano, en su carta de renuncia a la Defeu, del 30 de octubre.

Según un comunicado de los exdefensores, Solano fue postulada sin estar presente en la sesión del CSE donde se eligió a los nuevos coordinadores de la Defeu.

Vega, quien se encontraba en la sesión, alertó que Solano no era idónea para el cargo, puesto que no contaba con preparación alguna, como otra postulante que ellos habían propuesto, quien había sido capacitada en la Defeu desde julio.

“…muchas veces sentí que sus palabras eran amenazas para que renunciara…”, acusó Solano.

En entrevista por correo electrónico, los exdefensores aseguraron que “es absolutamente falso que se le hostigó para que renunciara”.

Según las actas de la Defeu, a Solano se le preguntó sobre el motivo de su postulación, su disponibilidad para presentarse mínimo tres veces por semana y su domicilio, dado que las vacaciones es un periodo de mucho trabajo para el órgano.

Solano respondió que su asociación de estudiantes le planteó el puesto, que solamente podía asistir a la Defeu los miércoles cada 15 días, los lunes y los martes, y además añadió que no podía participar durante las vacaciones porque vivía en Puriscal.

“Cada vez que me hacían una pregunta y les respondía, ellos me respondían con otra pregunta sarcástica”, afirmó Solano.

Solano aseguró que intentó salir de la reunión varias veces para consultar con sus compañeros de Salud, quienes la habían acompañado, pero no pudo: “…la salida se me negó argumentando que parecía que mi elección había sido por intereses políticos”, acusó.

“En ningún momento, (Solano) se había acercado al órgano para mostrar interés en ser parte de éste… Pese a lo dicho, la mayoría del CSE eligió a Solano como defensora propietaria”, afirmó Vega en un documento enviado a este medio.

La contralora estudiantil, Jing Zheng Ma, formó parte de la Comisión que investigó la denuncia y reconoció que el hostigamiento descrito no constaba en las actas de la Defeu, que están firmadas tanto por Vega y Vargas, como por Solano.

“En el momento que ella dijo que quería retirarse de la reunión, únicamente se le pidió que firmara el acta”, aseguraron los exdefensores.

Desde entonces, la Defeu fue objeto de controversia, porque fue clausurada hasta enero.

EXPULSIÓN POR CUATRO AÑOS

La reunión con Solano se convocó desde el correo de la Defeu y se dio en sus instalaciones, sin que sus coordinadores estuvieran acreditados, pues oficialmente habían terminado sus funciones el 3 de octubre.

Zheng explicó que por Estatuto, los exdefensores no podían ocupar la oficina de la Defeu sin acreditación, pero por costumbre, de setiembre a noviembre, los defensores salientes lo han hecho. “No se puede dejar un órgano federativo como este sin abrir por las necesidades que tienen los estudiantes”, dijo.

Vega y Vargas dejaron de asistir al CSE una vez que se inició la investigación, pese a que se les notificó regularmente de las sesiones, aseguró Valverde. “En la respuesta a la Sala están esos correos”, dijo.

Los exdefensores niegan haber recibido dichas notificaciones.

Conflicto institucional estudiantil

La Federación de Estudiantes de la UCR  (FEUCR) representa la unión solidaria de los y las estudiantes de las asociaciones estudiantiles. Uno de los órganos de la FEUCR es la Defensoría Estudiantil una instancia federativa, autónoma, permanente y no partidista, adscrita al Consejo Superior Estudiantil (CSE), la cual vela y protege los derechos de los y las estudiantes universitarios.

Según el Estatuto de la FEUCR, las funciones de la Defensoría Estudiantil son asesorar y atender a estudiantes activos en los conflictos legales surgidos entre estudiantes y administrativos o estudiantes y docentes, informar a la comunidad estudiantil acerca de sus deberes y derechos e intervenir cuando se vean afectados los intereses del estudiantado en situaciones violatorias de una norma institucional o algún derecho del estudiante.

A su vez, el Consejo Superior Estudiantil es la instancia legislativa integrada por cada presidente de las asociaciones de estudiantes de las diferentes escuelas, con potestad para imponer sanciones a los miembros de órganos de representación estudiantil.

Debido a que, desde octubre, la Defensoría Estudiantil suspendió sus funciones, el directorio de la FEUCR asumió temporalmente esas tareas mientras se resolvía el conflicto interno.

Finalmente, en febrero del 2014, la Defensoría Estudiantil retomó sus tareas una vez que fueron elegido los nuevos defensores ajenos a la pugna anterior. No obstante, el conflicto entre los anteriores responsables de la Defeu persiste; ahora, el CSE espera el fallo de la Sala Constitucional acerca de la expulsión del movimiento estudiantil de los exdefensores Suyén Vega y Joel Vargas.