Rectoría de la UCR anuncia medidas para contraer gasto

El rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, expuso ante el Consejo de Rectoría Ampliado las medidas que planea tomar la UCR

El rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, expuso ante el Consejo de Rectoría Ampliado las medidas que planea tomar la UCR para evitar una crisis financiera.

La Universidad de Costa Rica procura evitar una inminente crisis financiera con un conjunto de medidas que no afecten la calidad de los salarios de sus funcionarios, la capacidad de inversión en equipos e infraestructura, ni la atención a estudiantes de bajos ingresos.

El anuncio lo hizo el rector Henning Jensen el 26 de noviembre en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas, durante un Consejo de Rectoría ampliado, en el que participaron directores de unidades académicas, administrativas y de investigación de la UCR.

La Rectoría respondió así ante un estudio interdisciplinario elaborado por economistas y matemáticos de la UCR que proyectó ingresos y gastos hasta el 2050 y concluyó que la Universidad comenzaría a tener un déficit a partir del 2015, pero que la crisis puede ser evitada con un conjunto de acciones “no traumáticas” que reduzcan los gastos en el corto plazo.

Algunas de esas decisiones deberían ser tomadas por diferentes órganos de la UCR, como el Consejo Universitario, pero otras dependen directamente de la Rectoría.

Las medidas inmediatas, al alcance de las potestades de la Rectoría, incluyen limitar los aumentos salariales a porcentajes que no superen la inflación anual acumulada a diciembre, el otorgamiento excepcional del beneficio de dedicación exclusiva y la revisión de los criterios para aprobar remuneraciones extraordinarias en el sector administrativo.

Jensen también planteó el análisis de las motivaciones para otorgar el beneficio de mérito académico, la valoración de la pertinencia de suplencias cuando hay funcionarios incapacitados o en vacaciones y la disminución del presupuesto destinado a publicaciones de información institucional.

El beneficio del cuarto de tiempo adicional, que se le reconoce a algunos docentes con tiempo completo,  se aplicará en adelante apegado a la normativa según la cual solo puede ser concedido en dos ciclos lectivos.

“Estas son medidas inmediatas de desaceleración (del gasto)”, recalcó Jensen al acabar su exposición.

Además de esas acciones la UCR podría valorar la aplicación de otras sugeridas en 11 escenarios económicos simulados por los expertos, que incluirían la reducción de las anualidades de 5,5% al 3% anual, reducción en el crecimiento de jornadas de tiempo completo docentes y administrativas y aumentos salariales que solo compensen la inflación.

Esas otras decisiones, según Jensen requerirán mayor análisis. Con ese fin se conformará una Comisión de Ordenamiento de las Finanzas de la UCR, integrada por expertos de la Universidad y coordinada por el Vicerrector de Administración, Carlos Araya, con el objetivo de entregar en el primer semestre del 2015 un plan de acciones para mantener el equilibrio financiero de la casa de estudios.

“Todos estamos interesados en  garantizar la sostenibilidad de la UCR para que viva con buena salud 75 años más”, concluyó Jensen.

Según el Rector, las decisiones que recomiende la Comisión deben respetar los tres objetivos esenciales: garantizar la calidad de los salarios universitarios, la capacidad de la UCR de invertir en infraestructura y equipos y la solidez del sistema de becas para estudiantes de bajos ingresos.

ALERTAS ROJAS

Las acciones son motivadas por los resultados del estudio titulado “Modelo de proyección de ingresos y gastos para determinar la sostenibilidad financiera de la Universidad de Costa Rica”, elaborado por los economistas Max Soto, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) y Pablo Sauma, director del Observatorio para el Desarrollo y Rodrigo Arias López, profesor de la Escuela de Matemáticas.

A esta investigación también se suma otro estudio previo del profesor de la Escuela de Economía, Juan Ricardo Jiménez, y de un informe de la Contraloría Universitaria del 2013. Los tres documentos coinciden en escenarios de crisis financiera si no hay acciones de contención del gasto.

Un elemento crítico del desequilibrio es el crecimiento real de los salarios base. Entre 2010 y 2013 los salarios base nominales aumentaron 7,6%, lo que significa 2,6% por encima de la inflación. Cada aumento en la base tiene un efecto en pagos por anualidades, escalafón y otros beneficios.

Además, en el 2012 el pago por antigüedad consumía el 30,5% del gasto en salarios de docentes y  el 31,5% de administrativos. Esa situación se exacerbó con una decisión tomada por el Consejo Universitario en el 2009, que aumentó de 3% a 5,5% las anualidades que reciben docentes y administrativos.

Arias, Sauma y Soto concluyen que en orden de importancia decreciente es necesario reducir el gasto en remuneraciones, comenzando por el salario base, la cantidad de tiempos completos, anualidades y otros componentes salariales.

“La magnitud del desequilibrio proyectado es tal que su solución requiere una combinación de medidas a adoptarse en un plazo relativamente corto”, afirmaron los especialistas en su presentación.

Además, “dado lo inminente de los déficits operativos y lo inviable de incrementos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) por encima del 1,5% del Producto Interno Bruto, es necesario actuar por el lado del gasto (remuneraciones y otros gastos).

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Carlos Palma, calificó como “muy responsable” la actitud de las autoridades universitarias.

Por su parte el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) objeta los datos del informe, critica que se pretenda afectar las remuneraciones y afirma que “la principal crisis que tiene la UCR y la Educación Superior como un todo es el desfinanciamiento”, originado por el insuficiente aporte de parte del Estado.

“Por supuesto la Rectoría no realizará el ajuste en los gastos suntuosos o en el pago a empresas tercerizadas, sino en los salarios de los trabajadores”, sostiene un aviso del Sindeu publicado hoy en la página 28 del Semanario UNIVERSIDAD.

Además, la secretaria general del Sindeu, Rosemary Gómez, descartó que sea posible reducir el porcentaje de anualidades que reciben los empleados por anualidades pues la Convención Colectiva garantiza un 3% a todos los empleados y convierte en un derecho cualquier mejora adicional.


VOCES DE LA U

Sectores de la UCR tienen posiciones diversas acerca de las medidas inmediatas anunciadas por la Rectoría para desacelerar el gasto en la universidad y postergar una posible crisis.

Rosemary González, Secretaria General del Sindeu

“No es la estructura salarial lo que afecta el presupuesto de la UCR sino que el financiamiento que le están dando a la educación superior no es el que se venía proyectando.

(En cuanto a la posibilidad de reducir el pago de anualidades) Hay una situación de convención colectiva, que deja muy claro que todo aquello que ha sido de mayor beneficio para el trabajador se mantiene cubierto.  Respecto al planteamiento del Rector, vamos a tener visiones propias de un patrono que tiene que aplicar medidas y de un sindicato que debe defender derechos laborales pero que también que tiene la responsabilidad por convención de buscar lo mejor para la institución”.

Jorge Murillo, director del Consejo Universitario

“Necesitamos tener toda la información para referirnos a esas medidas con más propiedad. Las medidas que se tomen no deben atentar contra el desarrollo ni la excelencia académica de la institución. Si algunas medidas de contención del gasto  que no atenten contra el reconocimiento de los méritos académicos pero se deben tratar de eliminar los aumentos automáticos”.

Carlos Palma, decano de la Facultad de Ciencias Económicas

“La administración toma acciones responsables  para responder a la situación y comenzó adecuadamente intentando sensibilizar a la comunidad universitara con la realidad del problema financiero. Lo más importante es comprender la situación para que todos los actores rqcionaicen el gasto, sin afectar la cantidad de estudiantes que recibe la Universidad ni la garantía de una educación inclusiva”.


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