Lida Mora Calvo espera disfrutar de su pensión, después de más de 27 años de trabajo en la UCR, si la reforma fiscal no es aprobada como está planteada.
Impuestos a aguinaldos, pensiones y prestaciones para el personal de universidades públicas, así como tributos de renta a estas instituciones, es la realidad que enfrentarán miles de personas, de aprobarse la Reforma Fiscal.
Según Minor Solís, secretario general del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU), este proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa pretende eliminar la exoneración de pagos e imponer impuestos a las universidades públicas, lo que encarecería el costo de la matrícula.
Agregó que al disminuir los ingresos en la UCR, se destinarían menos recursos a las investigaciones, los servicios de salud y las becas al estudiantado.
«Este plan fiscal provocaría la emigración de docentes hacia las universidades privadas, debido a las amenazas de impuestos, por lo que van a preferir ser contratados por otras instituciones», indicó Solís.
Así mismo, manifestó que aumentarían los centros de educación privada, puesto que al aumentar los costos en el material educativo y la matrícula de la educación pública, la competitividad con otros sería desleal. Esto debido a que los años de estudio que necesita un estudiante para obtener su carrera, en el caso de la UCR, son más que en las privadas.
En su criterio la reforma ocasionará en la clase trabajadora un daño «nefasto», debido al impuesto del 30% en el pago de la cesantía, por encima del límite superior que permite ese régimen, dato que el SINDEU calificó de inconstitucional.
Además, denunció que se pretende imponer impuestos en todos los servicios profesionales, desde servicios médicos hasta pensiones voluntarias complementarias.
Criticó el papel del gobierno, puesto que este ha incumplido con financiar el sistema de educación, al brindar sólo un 5.8% del 6% del PIB que prometió.
SIN PRONUNCIAMIENTOS
Solís recalcó que el Consejo Universitario de la UCR aún no ha querido pronunciarse ante este proyecto. Sin embargo, el SINDEU, en conjunto con el diputado Luis Paulino Rodríguez Mena del partido Liberación Nacional (PLN), han establecido una serie de puntos donde discrepan con la reforma fiscal.
Pidieron se elimine el pago del impuesto sobre el aguinaldo, así como a las prestaciones, las pensiones voluntarias y exonerar del pago de renta a la Junta de Ahorro, el Fondo de Emergencia Social de la Universidad Nacional (UNA), y no incluir más impuestos a las pensiones.
Por otro lado, la mayoría de las personas desconoce las repercusiones de la Reforma sobre sus pensiones, por lo que aún no se han manifestado. Este es el caso de Lida Mora Calvo, de la UCR, quien aunque afirma conocer poco sobre el tema; sin embargo calificó de injusto al gobierno, al tratar de imponer un impuesto a las pensiones.
«Son 27 años contribuyendo para poder vivir y con el impuesto la pensión quedaría en nada», afirmó.
CONVENCIONES EN DISPUTA
Por otro lado Solís indicó que el Movimiento Libertario objetó el artículo 51 de la Convención Colectiva de Trabajo, por los «derechos adquiridos por beca», y lo calificó de inconstitucional, dado que lo considera de trato desigual.
En su opinión la verdadera intención de los Libertarios, es eliminar los derechos de las personas trabajadoras y unificar las leyes laborales (Código de Trabajo) de Centroamérica. Esto debido al interés que encierra el Tratado de Libre Comercio (TLC) en la región, indicó.
