La sentencia de la Sala Constitucional que declara públicos los salarios y las evaluaciones de los profesores de derecho no necesariamente implica que también sean públicos esos datos para otras escuelas, según Luis Baudrit, director de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la UCR. (Foto: Archivo)
La información acerca de los salarios y las evaluaciones de profesores de la Facultad de Derecho es pública, según un fallo de la Sala Constitucional notificado el pasado 29 de octubre; sin embargo, la sentencia no implica que también sean públicos esos mismos datos de otras unidades académicas de la UCR.
Luis Baudrit, profesor de la Facultad de Derecho y director de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la UCR, aclaró que esta resolución no obliga directamente a los otras unidades académicas a publicar la misma información, sino que sienta un precedente que debe ser tomado en cuenta.
No obstante, “la Constitución no le da a la jurisprudencia de ningún tribunal carácter obligatorio”, aseguró Baudrit.
“La ley indica que sus precedentes (los de la Sala Constitucional) son obligatorios –explicó el jurista–. Sin embargo, eso lo está estableciendo una ley, y no es posible que una ley le dé a la jurisprudencia carácter de norma jurídica. Por encima de la ley prevalece la Constitución”, explicó.
Según el director de la Oficina de Asuntos Jurídicos, “la Sala se extralimitó en sus facultades”.
“Se está amparando en que se trata de Hacienda Pública, y se pretende que todo lo vinculado con Hacienda Pública deba ser público y eso no es cierto. Debe existir un interés calificado y legítimo”, explicó Baudrit.
Para Andrés Álvarez, presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho (AED), “esta es una resolución que beneficia a todo el movimiento estudiantil, porque la aplica para toda institución pública por su carácter erga omnes”.
AMPARO JUSTIFICADO
El 30 de julio, Arturo Ulloa, representante estudiantil de la Facultad de Derecho, interpuso un recurso de amparo contra su Unidad Académica, y su Universidad, por rechazarle una petición de información que solicitaba los salarios y evaluaciones de sus profesores.
Tres meses después, la Sala Constitucional notificó a Ulloa que falló a su favor y ordenó a la Facultad de Derecho la entrega de la información solicitada.
Además de los salarios y las evaluaciones estudiantiles de los profesores, la petición de Ulloa incluía conocer quiénes tenían aprobado el curso de didáctica universitaria, su currículum vitae y las razones técnicas para los nombramientos docentes.
En agosto, el representante estudiantil explicó a UNIVERSIDAD que la información había sido “reiteradamente negada ante las peticiones estudiantiles por las autoridades recurridas, alegando que es información privada y de acceso restringido, que solo puede ser divulgada con autorización del ‘afectado”.
Según Álvarez, de la AED, la administración entregó las evaluaciones estudiantiles de los docentes del primer semestre, así como el monto de sus salarios, antes de que la Sala Constitucional resolviera el recurso.
Sin embargo, Álvarez aclaró estar a la espera de la otra información solicitada. “Sabemos que los administrativos están trabajando para dar la información pero no sabemos cuándo se va a dar o cómo”, explicó.
Alfredo Chirino, decano de la Facultad de Derecho, está fuera del país. Olga Marta Mena, vicedecana, indicó que, en acato a la resolución de la Sala Constitucional,
la información será entregada a Ulloa.
“Tenemos prácticamente todas las hojas de vida. Vamos a entregar la información hasta donde la Sala nos diga que tenemos que hacerlo, no más. Esperamos que antes de que venza el plazo (de diez días)”, indicó Mena, quien manifestó preocupaciones por la seguridad de los docentes de la Facultad debido a la difusión de sus salarios.
Para el presidente de la AED, el acceso a esta información permite a los estudiantes “velar por una correcta administración, una calidad docente adecuada, y tener opinión fundamentada sobre el nombramiento de profesores, y cómo se manejan las cosas en la Facultad”.
EVALUACIONES DOCENTES
José Mora, estudiante de la Facultad, coincide en que la resolución beneficia la fiscalización de la administración, pero compartió que los datos de las evaluaciones de los docentes son de cuidado.
“Esas evaluaciones las usan los estudiantes para premiar y castigar a profesores tanto buenos como malos”, explicó Mora.
Luego de casi ocho años de no impartir clases en la Facultad de Derecho, la profesora Ana Isabel Garita recibió una nota de 5.99 en su evaluación estudiantil, la más baja de los 160 cursos que evaluados el ciclo anterior.
“Creo que mi labor requiere de un esfuerzo por entender nuevas metodologías para poder transmitir todo el conocimiento con el que cuento” –reconoció Garita–. Es una llamada de atención”.
El profesor Francisco Chacón Bravo recibió una calificación de 10, pero afirmó que la calificación es muy relativa. “Muchas veces el mismo curso, en un mismo ciclo, es calificado dependiendo del grupo y la nota resulta ser muy diferente”, explicó.
“Tenemos profesores que son calificados muy bajo pero que son excelentes. Me parece injusto si se cree que solo la calificación define a un buen o mal profesor”, detalló el docente.
Colaboró en esta información: Sergio Zúñiga
