Segundo Foro Institucional: Justicia debe agilizar procesos para minimizar costos

Expertos sugieren digitalizar trámites y reducir tareas administrativas de los jueces.Los costos “invisibles” son los más caros en el financiamiento del sistema judicial, afirmó

Expertos sugieren digitalizar trámites y reducir tareas administrativas de los jueces.

Los costos “invisibles” son los más caros en el financiamiento del sistema judicial, afirmó Luis Paulino Mora, presidente de la Corte Suprema de Justicia en la mesa redonda “Costos de la administración de justicia”, realizada el pasado 6 de diciembre en el auditorio de LANANME de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Mora señaló que los procesos análogos, lentos y saturados de trámites administrativos tienen un impacto significativo en la inversión que hace el Estado en el Ministerio de Justicia y sus dependencias, especialmente en casos que se postergan por años atrapados en los trámites dispuestos.

“Los costos personales del ciudadano que litiga, como la salud, la afectación laboral, la afectación familiar y la dedicación para atender determinado caso, son realmente importantes y con un costo muy alto que como no vemos, creemos que no existe”, explicó.

 

En la exposición, participaron también José Manuel Arroyo, presidente de la Sala Tercera; el sociólogo José Carlos Chinchilla; el presidente del Colegio de Abogados, Gilberto Corella; y el sociólogo José Luis Vega Carballo.

Arroyo expuso que el modelo de justicia costarricense es sui generis, en tanto se ha dotado al Poder Judicial de una fuerte autonomía y un aparato funcional extenso. Sin embargo, los costos del personal y las tazas de rezago ‒de cada 1.000 casos que ingresan, en un año, 48 no son solucionados‒ hacen que las condiciones del sistema estén vulnerables a degenerarse.

Asimismo, expresó que el Poder Judicial ha tenido un mayor crecimiento presupuestario que de personal, teniendo el primero un 73% de aumento real durante los últimos años, mientras que el segundo alcanza el 47%. Aun así, la inversión que se hace en personal absorbe casi el 90% de lo presupuestado, lo cual deja un porcentaje mínimo para cobertura de otros gastos.

Para minimizar el impacto de estos costos, Mora propuso que el sistema judicial debería hacer un uso más extensivo y estratégico de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) para acortar plazos de comunicación entre departamentos; asimismo, permitir a los involucrados mayor injerencia en el proceso a través de plataformas virtuales.

En su opinión, el Poder Judicial debería, también, reducir las funciones administrativas de sus jueces, ya que en muchos casos estas entorpecen su función jurisdiccional.

“El juez debe hacer solo lo que él puede hacer. Solo debe obtener la prueba y dictar sentencia”, concluyó Mora.

MUCHOS ABOGADOS, MENOS PROFESIONALES

Otro punto de preocupación es la pérdida progresiva de “estima” frente a los costarricenses. Arroyo expuso que hace 20 años el Poder Judicial contaba con una aprobación del 80% en cuanto a respetabilidad, mientras que hoy tiene entre el 40% y el 50% de apoyo popular.

El presidente de la Sala Tercera destacó el aumento en profesionales en Derecho, con unos 22000 abogados certificados para ejercer, cifra que continúa en ascenso y que podría comprometer la calidad con la que se ejerce la abogacía, según expresó.

“Somos una sociedad que irresponsablemente gradúa abogados. La producción irresponsable de profesionales en Derecho es una emergencia nacional”, opinó. El presidente del Colegio de Abogados, Gilberto Corella, destacó que según su experiencia existen “problemas académicos” en instituciones que gradúan abogados “rápida y mediocremente”, que carecen del compromiso suficiente para mantener la administración de la justicia.

Corella expuso los problemas éticos que conlleva este tipo de formaciones en las que el propósito del abogado, como gestor de la búsqueda de la paz social, queda eclipsado por los criterios de los honorarios percibidos.

En este aspecto, los expertos coincidieron en que es indispensable enfocar los esfuerzos del gremio a fiscalizar la formación que ofrecen las instituciones de educación superior y garantizar la calidad de profesionales que intervienen en los procesos judiciales.

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