Una investigación del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica (UCR), elaborado por la economista Marcela Román Forastelli, vincula los fallos de la Sala Constitucional (IV) en materia de medicamentos y sus efectos en el presupuesto de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
La investigadora presentó el último borrador del estudio el pasado 1 de febrero y se espera que el texto final sea publicado en un mes.
Según comentó Román, los principales objetivos de su trabajo es el análisis del fenómenos de los amparos para el acceso a medicamentos, las motivaciones de los asegurados y estimar el efecto directo de estos amparos en el presupuesto de la CCSS.
«En el periodo del 2006 al 2009, se presentaron en total 697 sentencias de la Sala IV en el tema de medicamentos; de estos, un 60% fueron declarados con lugar», detalló la investigadora.
La mayoría de los recurrentes fueron pacientes con males oncológicos, que presentaban patologías especiales; por lo que solicitaban a la institución un medicamento que estaba fuera de la oferta incluida en la Lista Oficial de Medicamentos (LOM); o bien exigían por desabastecimiento el medicamento recetado y contemplado en la LOM.
EFECTOS EN EL PRESUPUESTO
Para ilustrar el posible impacto que tienen los recursos de amparo en el presupuesto anual de medicamentos de la institución, Román ejemplificó con los datos del año 2008. Ese año, los gastos por la compra de medicamentos exigidos mediante recursos de amparo declarados con lugar representaron un 1% del presupuesto de la CCSS. En términos monetarios, eso representó $1.5 millones, de un presupuesto aproximado a los $150 millones.
Si se ve de una manera macro, el impacto no parece ser significativo; no obstante, el fenómeno de los recursos de amparo puede afectar la «equidad en la distribución de los recursos”, sostuvo la investigadora.
En ese sentido, para el año 2008, el gasto per cápita por paciente por concepto de medicamentos fue de $37, lo cual contrasta con los $21.000 per cápita que se gastó -en promedio- en cada uno de los pacientes que recurrió a la Sala.
Sumado a las anteriores estadísticas, la investigadora también tomará otras variables, como el costo aproximado para la Caja al procesar los recursos, ya que debe de presentar informes y respuestas a la Sala IV.
Para estas variables, Román investiga el caso concreto del hospital San Juan de Dios, siguiendo distintos procesos y cuando un paciente del hospital tuvo que recurrir a la Sala Constitucional a exigir medicamentos.
Además, el estudio buscó identificar distintos actores y tendencias dentro del fenómeno. Por un lado, la mayoría de los recurrentes lo hacen porque el médico especialista les receta un médicamento que no está en la LOM; en este rubro, se encuentran en su mayoría los pacientes oncológicos.
Por otro, algunos pacientes recurren a la medicina privada y luego acuden a un médico de la Caja para que les receten el medicamento; posteriormente, recurren a la Sala IV. Para este último rubro, no hay una regulación eficaz.
Ente los actores ausentes que destaca el borrador de la economista, está en primer lugar el Ministerio de Salud, ente rector que no se ha manifestado de forma oficial sobre el tema; el Colegio de Médicos y el de Farmacéuticos.
De igual manera, en la reciente mediatización de los informes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión de Notables que analizó la crisis de la CCSS, no figura el tema en sus páginas. «No es un tema de discusión dentro de la actual crisis», comentó Román.
En cuanto a la distribución demográfica, la investigadora adelantó que la mayoría de recurrentes se encuentran en el Valle Central, lo cual se explica por la concentración de población y de especialistas médicos en dicha área; sin embargo, el fenómeno se puede encontrar en todo el país.
