El pago de sobresueldos denunciado por este periódico en abril, repercute ahora en una prohibición del Consejo Universitario.
El Consejo Universitario suspendió el pago de sobresueldo en dependencias universitarias.
El Consejo Universitario ordenó al rector Gabriel Macaya Trejos y a la Vicerrectora Yamilete González no renovar complementos salariales para funcionarios de al menos cuatro oficinas favorecidas con recursos del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales
(LANAMME).
Se trata de personal de Servicios Generales, Oficina Jurídica, Suministros y Recursos Humanos. El acuerdo adoptado por el Consejo Universitario desde junio último llamó a la administración a buscar una solución alternativa a las necesidades de personal de esas cuatro dependencias.
El director de la Oficina Jurídica, Rolando Vega, consultado al respecto el martes 10 de setiembre dijo desconocer gestión alguna relativa a resolver las necesidades del personal de esa dependencia.
Vega añadió que en diciembre próximo concluye el período de pago de estos incentivos.
Se trata de ingresos asignados en algún momento a los profesionales 4 de la Jurídica, Francis Mora, Jorge Sibaja y Lubín Villalobos, así como Kattia Enamorado y Adriana Gutiérrez ( profesionales 3) y Carla López ( profesional 1),según consignó la Contraloría Universitaria.
Respecto a Servicios Generales, la Contraloría informó sobre la contratación de un guarda en la ciudad científica, en tanto en Recursos Humanos se gestionó la contratación de un profesional para que atienda esta materia relacionada con el laboratorio.Sobre estos casos UNIVERSIDAD informó ampliamente en la edición #1475. Cinco miembros del Consejo Universitario pidieron a la Contraloría interna en abril último investigar el pago de sobresueldos en esas dependencias universitarias. Esta petición la rubricaron José Martín Conejo, Jollyanna Malavassi, Olimpia López, Oscar Mena y Liana Penabad, según documentos oficiales en poder del Semanario.
Estos cinco miembros del cuerpo legislativo universitario afirmaron haber recibido comentarios de la comunidad universitaria preocupada por la situación de los sobresueldos que algunos funcionarios recibían del LANAMME.
VALOR DE VERDAD
En ocasión del reportaje «piden investigar sobresueldos» aparecido en la edición 1475 del 19 de abril de 2002, el rector Macaya Trejos trató de desvirtuar los hechos ante el Consejo Universitario -sesión ordinaria 4713- aduciendo que algunos miembros del cuerpo deliberativo «están dando valor de verdad a la información».
La autoridad universitaria indicó a los miembros del Consejo en esa sesión que daban como un hecho que había un convenio firmado entre la Jurídica y el LANAMME. Aseguró, empero, que había «una carta de acuerdo» entre ambas dependencias universitarias.
El reportaje, según el rector, estaba además plagado de errores, puesto que confunde el pago de complementos salariales con cargo de fondos externos a los mecanismos de sobresueldos.
Criterio similar expresó en esa oportunidad la magistra Margarita Messeguer al considerar que en relación con el tema de los sobresueldos abordados por UNIVERSIDAD «hay una manipulación de parte del Semanario de una gestión que hicieron cinco miembros del Consejo, pidiendo información a la Contraloría Universitaria».
«A pasar de que es un derecho que tiene cada uno de los miembros, esa solicitud de información pudo haber sido canalizada directamente a la Oficina Jurírica», enfatizó Messeguer.
La consejal estimó que por «la manipulación» hecha de esa información «se ha creado una fricción entre el Consejo Universitario y la Oficina Jurídica, que no es conveniente para la marcha de este Consejo», según recogió el acta 4713 de ese cuerpo legislativo.
Sin embargo, en la sesión 4727, meses después, cuando el Consejo Universitario examinó el documento denominado «Contrataciones y complementos salariales con recursos de LANAMME», Messeguer indicó que, en primer lugar, no pueden a costa de pagar complementos salariales a unas pocas oficinas, des-incentivar a otras.
El documento en mención, elaborado por los miembros del Consejo Universitario Olimpia López, Jollyanna Malavassi, Oscar Mena, Messeguer, Martín Conejo y Liana Penabad, fue ampliamente discutido por el órgano deliberativo, que encontró obligatoriedad por parte del Estatuto Orgánico de ofrecer apoyo administrativo a la actividad sustantiva de la institución
En ocasión del discernimiento de este documento la integrante del Consejo Jollyanna Malavassi llamó a las Oficinas Jurídicas y Contraloría a no perder nunca de vista la función de control interno y la ubicación de ellas dentro de la Universidad.
Según ella quedó probado que «funcionarios de la Oficina Jurídica» recibieron fondos «claramente identificados» provenientes de LANAMME.
Esto fue lo consignado por UNIVERSIDAD y que el rector cuestionó porque los miembros del Consejo estaban dando «valor de verdad».
Asimismo el Consejo consideró que estos incentivos salariales «están generando situaciones paralelas y desestímulos para algunos funcionarios, por la particularidad de atender determinados casos, en relación con el convenio entre la Oficina Jurídica y el LANAMME».
A diferencia del rector Macaya Trejos, el Semanario había considerado como convenio el acuerdo alcanzado entre las dos oficinas.
LOS COMPLEMENTOS
Además de suspenderse los complementos salariales, la sesión ordinaria 4727 llamó a la Administración a buscar una solución alternativa a las necesidades de personal no solo en la Oficina Jurídica, sino también en los departamentos de Suministros, Recursos Humanos y Servicios Generales, beneficiados, como informó este Semanario, con fondos del LANAMME.
De tal forma, dispuso, que estas dependencias universitarias ofrezcan servicios de calidad, ágiles y oportunos, de «apoyo a las actividades sustantivas de docencia, investigación y acción social, a todos los usuarios de la comunidad universitaria…»
El acuerdo, con apoyo de siete miembros de 11 del Consejo, trató de no afectar en su actividad y proyección social y nacional al LANAMME, y ordenó revisar la normativa relativa al vínculo externo, con apego al Estatuto Orgánico.
Para los miembros del Consejo, Claudio Soto y Manuel Zeledón, así como la vicerectora Yamileth González, su voto contra la suspensión de los complementos salariales fue negativo porque no hay ilegalidad en ese pago.
El Semanario trató de conocer el criterio de la directora de Recursos Humanos, Ana Ligia Monge Quesada, sobre cómo había afectado a esa oficina el acuerdo del Consejo y sí la institución continuaba con el pago de los sobresueldos, pero ella se encontraba fuera de la oficina el martes 10, precisó Ligia Vásquez. No devolvió el mensaje al cierre de la presente edición.
Otros funcionarios de Recursos Humanos consultados al respecto dijeron que estaban imposibilitados de hablar y que ello concernía solo a su superiora jerárquica .
No obstante, Vega resaltó la esperanza de encontrar pronto una solución viable para enfrentar la sobrecarga derivada de nuevas funciones asignadas a la jurídica. Recordó que en esa Oficina hay personal profesional calificado con salarios de ¢ 68.000 mensuales.
Mostró a este Semanario que en la agenda de la reunión semanal de la Jurídica del martes 10 de setiembre el tema tres estaba referido a los «acuerdos del Consejo Universitario sobre complementos salariales».
Preguntado sobre la sobrecarga de nuevas funciones dijo que estaban, entre otras, la verificación de legalidad, referendos en materia de contratación administrativa y cuestiones en torno al LANAMME, concluyó.
