Temen que TLC afecte universidades estatales

Una eventual firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (TLC) podría abrir las puertas a inversionistas extranjeros interesados en participar

Una eventual firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (TLC) podría abrir las puertas a inversionistas extranjeros interesados en participar en el negocio de la educación superior, alertaron analistas a UNIVERSIDAD.

A pesar de que en el texto del TLC la enseñanza superior pública es un bien excluido de este convenio, un primer análisis que hacen algunos expertos indica que las universidades sí se verían afectadas por los capítulos relacionados con servicios e inversión. Precisamente, la Organización Mundial del Comercio (OMC) define la educación como un servicio, por lo cual los analistas insisten en que este bien social se transformaría de manera paulatina en un bien comercial.

Este Tratado obliga a los países firmantes a dar el mismo trato que tienen las instituciones estatales hacia aquellas empresas privadas nacionales o extranjeras que participen en el negocio de la enseñanza universitaria. Esta disposición obligaría al gobierno a redistribuir el presupuesto destinado para las cuatro universidades públicas entre los otros centros educación privada o eliminar el financiamiento estatal, según Gerardo Cerdas Vega, sociólogo de la Universidad Nacional (UNA) y miembro de la organización social Encuentro Popular.

Este año el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), la UNA, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad de Costa Rica (UCR) reciben ¢75.000 millones de presupuesto estatal, correspondiente al 0.9% del Producto Interno Bruto (PIB).

Cerdas Vega afirmó que la confusión se encuentra en si la educación pública es considerada o no un servicio social de «interés público», pues de esta manera quedaría excluida del TLC.

En el Anexo II del documento del Tratado quedaron por fuera todos aquellos bienes considerados servicios sociales de interés público, entre ellos la educación superior estatal.

Sin embargo, la enseñanza universitaria dejaría de considerarse un servicio social debido a que los estudiantes pagan parte de sus estudios. Esto implica que se deberían aplicar los mismos criterios comerciales que tienen los otros servicios incluidos en el Tratado, que son objeto de apertura comercial, agregó.

Para el sociólogo José Luis Vega Carballo, catedrático de la UNA, la apertura generalizada de la educación superior es sinónimo de una creciente privatización de las universidades estatales.

Según él, los fines de la educación superior pública dejarían de ser sociales para convertirse en comerciales, pues tendrían que buscar formas para competir con el resto de las casas de enseñanza.

UNIVERSIDAD quiso conocer la posición de Alberto Trejos Escalante, Ministro de Comercio Exterior, pero en su oficina se nos comunicó que no podría atender nuestras consultas personalmente ni por teléfono.

Representantes del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) aseguraron a los rectores de las universidades estatales que el tratado no afectaría la educación superior. Así lo indicaron, en las reuniones posteriores a cada ronda de negociación, ante el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), según José Andrés Masís, director de la oficina de planificación del Consejo Nacional de Rectores, y Rodrigo Arias Camacho, rector de la UNED.

MERCANTILIZACIÓN DE SERVICIOS

La posibilidad de que se mercantilice el sector de servicios públicos de educación es otro de los puntos de divergencia entre los expertos consultados.

Cerdas explicó que el TLC implica un criterio mercantil: en la medida en que la persona pueda pagar, se le brindará el servicio. Para él, esta situación sucedería en el sector educativo.

José María Villalta Flórez-Estrada, asesor del Partido Acción Ciudadana (PAC) en materia de TLC, indicó que la educación ya está liberalizada y que siempre existe el peligro de un aumento en la oferta y una disminución en la calidad del servicio.

Esta situación se vislumbra más grave para Vega Carballo, quien dijo que aunque el sector privado de la educación actualmente tiene mucho éxito, habrá una mayor presencia de la inversión extranjera, especialmente en el ámbito universitario.

El analista considera que los mercados locales serán absorbidos de manera creciente y disimulada por grandes empresas de servicios educativos que actúan como proveedores privados, tal como sucede en la actualidad con la Caja Costarricense de Seguro Social. De esa manera, la educación superior perdería su sentido social y democrático, se haría elitista y se transformaría en un instrumento al servicio del mercado.

APERTURA LABORAL

Para Vega, «el personal profesional podrá venir a Costa Rica como personal de tareas, sin pasar por los colegios profesionales porque así lo establece el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS por sus siglas en inglés)». Pero aclaró que se mantendrá la regla de que el 85% del personal de las instituciones educativas debe ser costarricense.

En el lado opuesto, el director de Educación Técnica del Ministerio de Educación, Fernando Bogantes Cruz, aseguró que no se va a afectar la educación porque ésta no aparece directamente en el tratado.

Además el Volumen VII de las Preguntas Frecuentes del TLC dice en la número ocho de la sección de servicios que: «El tratado no implicará la apertura de servicios profesionales».

Este documento indica que se buscará una forma de equiparar títulos entre los colegios profesionales para que se otorguen licencias de prestación de servicios a las personas extranjeras. Eso implica que las empresas de educación que deseen entrar al país deberán realizar los trámites de reconocimiento de títulos para operar.

De aprobarse el Tratado tal como está, la última palabra sobre como se debe interpretarse el texto recaerá en los tribunales externos arbitrales, los cuales carecen de estructura jurídica y sería designados por los países firmantes.

Rectores opinan

«El TLC no compromete a la educación publica. El tratado más bien es una reivindicación para que esto no ocurra. Además la Constitución Política garantiza el apoyo del Estado a la universidades estatales. La situación es más preocupante para las universidades privadas».

Gabriel Macaya Trejos, rector de la UCR.

«Estoy en contra del Tratado tal como está. Tenemos que tener muy claro lo que un tratado de esta naturaleza se propone. ¿Nos va a cambiar la trayectoria que hemos tenido  en todos los niveles? ¿Nos van a pedir una educación más técnica?  ¿Una educación basada solo en la formación secundaria? ¿Buscará debilitar la educación pública para propiciar la privada?

Yamileth González García, rectora electa de la UCR.

«Si bien el TLC presenta desafíos, también ofrece grandes oportunidades. Una es la de un proceso de educación regional, a nivel centroamericano».

Eugenio Trejos Benavides, rector del ITCR.

«El TLC no va a cambiar la situación de las universidades públicas. A mí lo que me preocupa es que la OMC incluye la educación superior dentro del rubro de servicios. Esto podría llevarlas a participar en el juego mercantilista, sobreponiendo el negocio al servicio.

Rodrigo Arias Camacho, rector de la UNED.

Sonia Marta Mora Escalante, rectora de la UNA expresó

que no podía dar declaraciones porque estaba a minutos de salir del país. La rectora nos remitió a José Andrés Masís Bermúdez, del CONARE, quien aseguró que ante las dudas preparan un estudio sobre las posibles implicaciones del TLC en la educación superior.

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