Director del Consejo defiende pronunciamiento y asegura que a UCCAEP le incomodan los criterios distintos al suyo.
Una polémica ha surgido entre el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), tras el pronunciamiento del órgano académico sobre la situación de los muelles en Limón.
El Consejo Universitario emitió un documento el pasado 18 de febrero en el que critica la forma en que se ha querido imponer la concesión de los puertos del Caribe y cómo se ha tratado de “comprar” a los trabajadores para que permitan la entrega de los muelles a manos privadas.
La UCCAEP reaccionó a este pronunciamiento con un comunicado en el que descalifica la posición del Consejo y asegura que “una vez más” este órgano “publica pronunciamientos parcializados y poco fundados”.
CRITERIO SOCIAL
En el texto, el Consejo argumenta que los puertos del Caribe tienen una enorme importancia estratégica para la Junta de Administración Portuaria y. Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), para la provincia de Limón y para todo el país.
“Se debe tomar en cuenta no solo criterios de eficiencia y mercado, sino principalmente, su impacto social, en términos de empleo, calidad de vida e inversión pública; por ello, las decisiones que se adopten deben ser producto de un amplio consenso nacional y no el resultado de la imposición de intereses corporativos”, dice.
El Consejo critica la política que durante 16 años se ha impulsado con la Ley General de Concesión de Obra Pública, la cual no ha demostrado la eficiencia ni la atracción de inversión extranjera prometida, pero afirma que sí ha tenido efectos negativos en los trabajadores, en las comunidades y en el propio Estado.
“Terminan en muchos casos (los trabajadores, las comunidades y el Estado) costeando la inversión y asumiendo las pérdidas. Algunos ejemplos fallidos son el caso de Marnhos y de Alterra”, dice el documento.
Los representantes universitarios cuestionaron las acciones de intromisión del gobierno en el Sindicato de JAPDEVA y el irrespeto a la libertad sindical en que ha incurrido el país desde hace varios años.
“Dentro de las acciones ilegítimas que ha realizado el Gobierno, está la oferta de otorgar una indemnización, adicional a las prestaciones legales, de aproximadamente ¢80.000 millones ($137 millones), a los trabajadores de JAPDEVA que se desafilien del Sindicato y acepten la concesión de los muelles al sector privado. Además, no hay claridad sobre la forma de financiación de los fondos para costear esta indemnización”, indicó el Consejo.
Para el órgano colegiado, es contradictorio que se esté dispuesto a repartir ¢80.000 millones, cuando la modernización de los puertos de Limón requeriría de poco más de la mitad de ese monto (¢45.000 millones).
Ante estas situaciones, el Consejo Universitario pide al Gobierno que implemente una política de desarrollo integral y desestime la concesión de los puertos, dado el impacto negativo que tendría para las familias limonenses.
Además, pide respeto por el principio de autonomía sindical garantizado en la Constitución Política, y se insta a la presidenta electa, Laura Chinchilla, a que en su gobierno no continúe con las políticas de imposición, sino que retome el diálogo para llegar a un acuerdo sobre el futuro de los puertos.
UCCAEP MOLESTA
Ante esta posición, la UCCAEP reaccionó con molestia y aseguró que el Consejo Universitario desconoce la ineficiencia que existe en la operación de los muelles de Limón y Moín.
Para la organización, el pronunciamiento carece de rigurosidad y “parte de un sinnúmero de consideraciones que faltan a la verdad”, por lo que consideran que la UCR debería dar argumentos para la formación de opinión, en vez de emitir criterio.
“Una vez más el Consejo Universitario de la UCR publica pronunciamientos parcializados y poco fundados desconociendo los informes que señalan que los actuales puertos del Caribe son ineficientes y poco competitivos, lo que implica que los productos se encarezcan para los costarricenses”, dice UCCAEP.
Para los empresarios, las condiciones de los puertos del Caribe no ofrecen nada positivo al país, por lo que deben hacerse más competitivos; ya que Costa Rica ocupa el puesto 128 entre 133 naciones en calidad de puertos, según el Foro Económico Mundial.
“UCCAEP respalda la modernización a través de la concesión de la operación portuaria y para ello considera fundamental velar por los costos, la eficiencia, que los estándares de calidad aumenten, que las inspecciones sean rigurosas y eficientes, y que haya una inversión en metrología y control de calidad capaz de apoyar el desarrollo nacional”, concluye el documento.
AUTORIDAD MORAL
Alberto Cortés, integrante del Consejo Universitario, e impulsor de este pronunciamiento, aseguró que es obligación de la Universidad de Costa Rica referirse a los problemas nacionales.
Detalló que el documento tiene un énfasis en el tema sindical y la violación de los principios laborales tutelados por la Constitución Política, más que la eficiencia de la operación portuaria.
“La forma en que está actuando el Gobierno respecto del sindicato de JAPDEVA es claramente violatorio de este marco normativo. El Ministerio de Trabajo intentó legitimar una asamblea, con evidente la intención del Ejecutivo de descabezar el sindicato”, aseguró Cortes.
En su criterio, la UCCAEP debería demostrar cuál concesión de obra pública ha funcionado bien con el modelo actual, y por qué se prefiere hacer un pago de $137 millones a los trabajadores, en lugar de emprender una modernización de los puertos, que costaría $57 millones menos.
“Es evidente que a la Unión de Cámaras no le interesa el futuro social de Limón, ve el tema de los puertos solo con criterios economicistas que son cuestionables. El Consejo no está diciendo que los puertos están funcionando bien, sino que en vez de hacer ese pago, lo que cabría es hacer una modernización y un mejoramiento de los puertos, invirtiendo más en ellos”, manifestó.
El director del Consejo Universitario, Oldemar Rodríguez, aseguró que la UCR seguirá pronunciándose a pesar de que haya grupos de interés que se molesten con sus criterios.
“Es mucho más que ver si los puertos son eficientes o ineficientes, asunto que está en discusión, es mucho más que eso lo que la Universidad plantea, es un criterio que tome en cuenta a toda la comunidad, y no solo la eficiencia desde el punto de vista empresarial, que es solo uno de los factores de una problemática mucho más grande”, argumentó.
Además insistió en que el modelo de concesión de obra pública debe ser revisado, pues hasta el momento solo ha demostrado ser un fracaso, y por tanto debe arreglarse antes de someter a los puertos de Limón a un régimen de este tipo.
Sobre las críticas de la UCCAEP, Rodríguez aseguró que el pronunciamiento está bien fundamentado, y simplemente este grupo empresarial manifiesta su descontento por un criterio que no es igual al suyo.
“Hablan de que el Consejo no es plural, pero no les gustan las opiniones que son diferentes a las de ellos. No es la primera vez que se pronuncian así tratando de descalificar, pero no procede porque si algo tienen los pronunciamientos del Consejo es que están bien sustentados y tratan de pensar en la calidad de vida del pueblo de Limón y no en el bien de unos pocos”, concluyó Rodríguez.
