Las autoridades de la Universidad de Costa Rica (UCR) investigan si se cometieron delitos contra integrantes del Consejo Universitario y las instalaciones de la institución, tras la protesta que protagonizaron el Sindicato de Empleados de la UCR (SINDEU) y la Federación de Estudiantes (FEUCR).
Así se desprende del acuerdo tomado por el Consejo Universitario el pasado 7 de septiembre, en el que se condena la forma en que estudiantes y sindicalistas ingresaron al salón de sesiones del Consejo el día 26 de agosto.
Estas personas llegaron a reclamar a las autoridades universitarias por el acuerdo alcanzado la noche anterior sobre el nuevo convenio del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que define los presupuestos universitarios para los próximos cinco años.
El Consejo Universitario consideró que los manifestantes “irrumpieron mediante el uso de la fuerza” a la sala de sesiones, donde se impidió a los integrantes de este órgano la salida por más de tres horas.
“Durante este tiempo de retención, además de dañar bienes públicos, dicho grupo coaccionó física y verbalmente a la mayoría de los miembros de este Órgano Colegiado, en particular, a la señora rectora”, dice el acuerdo del Consejo.
En el acuerdo, el Consejo rechaza “el uso de la coacción, la retención física, el insulto y la ofensa personal” como forma de manifestación y solicitó a la administración universitaria que evalúe los daños a los bienes institucionales, se establezcan las responsabilidades y se inicien los procedimientos que indiquen los reglamentos universitarios.
INVESTIGACIÓN EN PROCESO
Por su parte, la rectora de la UCR, Yamileth González, aseguró que tras el acuerdo del Consejo Universitario, la administración inició las indagaciones para determinar las posibles faltas e iniciar los procesos correspondientes.
“La asesoría legal de la universidad, junto a colaboradores de Derecho (la Facultad), iniciaron un proceso de recabar pruebas, para aplicar lo que defina el reglamento para aplicar las sanciones que correspondan”, indicó la rectora.
La jerarca comentó que se debe diferenciar entre el derecho que tienen los universitarios a la protesta, y la posible comisión de delitos durante estas manifestaciones.
“Hubo exceso en el sentido de que se imposibilitó la libertad de movimiento de la mayoría de los miembros del Consejo. Se atentó contra el derecho a la salud de uno de los integrantes del Consejo, que requería de tomar un medicamento”, afirmó González.
“Fui testigo de golpes a integrantes del Consejo, además de insultos. Estos son actos que dañan a la universidad y son una falta contra la institución por la forma en que se actuó”, lamentó.
González informó que se ha solicitado el recuento de daños materiales a la administración del Consejo Universitario, pues hubo equipo averiado y rayas realizadas con cuchillas a las puertas y escritorios del ente representativo.
CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
Mientras tanto, para la presidenta de la FEUCR, Silvia Herrero, la administración universitaria pretende “meter miedo” entre la gente, para inhibir las manifestaciones que se puedan realizar en el futuro, lo cual aseguró es una contradicción.
“Es contradictorio que la Rectoría adopte las mismas prácticas que el Gobierno, pues la misma UCR se ha manifestado en contra de la penalización de la protesta social, por lo que vemos preocupante que se quiera meter miedo a quien quiera diferenciarse en la protesta”, se quejó Herrero.
La dirigente estudiantil aseguró que lo acordado por el Consejo Universitario contradice el acuerdo firmado con los estudiantes, cuando abandonaron los edificios tomados durante la protesta posterior al 26 de agosto, en el que se garantizó que nadie sería perseguido.
“La Rectoría acoge los acuerdos del Consejo Universitario solo cuando le convienen, porque durante la negociación del FEES hubo resoluciones que le pedían mantener una línea, pero simplemente los ignoró”, reclamó Herrero.
La Presidenta de la FEUCR consideró que no hubo excesos en la forma en que se ingresó al Consejo Universitario para pedir que se reflexionara más la decisión sobre el FEES, e indicó que aún no han sido notificados sobre investigaciones sobre ningún estudiante.
“No vamos a permitir que se intimide a activistas y estudiantes que salieron a pedir mejores condiciones, para que la educación superior pública pueda contribuir más al país. Es muy lamentable que esto pase”, reprochó Herrero.
RESPETO AL ACUERDO
Por otro lado, la secretaria general del SINDEU, Rosemary Gómez, estima que no debería darse ninguna investigación, dado el acuerdo que firmaron las autoridades universitarias con los manifestantes, para levantar la toma de los edificios de Rectoría y Ciencias Sociales.
“No es la primera vez que toman edificios, que hacen manifestaciones. Es preocupante cómo el mismo Consejo se pronuncia contra la criminalización de la protesta y cuando suceden protestas en su contra, tome estas medidas”, declaró Gómez.
La sindicalista aseguró que la pretensión de los manifestantes el 26 de agosto, era solicitar una reflexión más profunda del acuerdo sobre el FEES, en la que se convocara a todos los sectores de la comunidad universitaria.
Gómez cuestionó el hecho de que tradicionalmente al escuchar una manifestación en las afueras del edificio, el Consejo Universitario siempre ha salido a conversar; pero, en esta ocasión se quedaron con la puerta cerrada.
Sobre el malestar que causaron las protestas en algunos sectores de la universidad, Gómez defendió que el sindicato siempre actúa con la aprobación de sus asambleas, que se realizan de manera democrática, y donde los afiliados pueden expresarse libremente.
Negó que por estos hechos se hayan producido desafiliaciones del SINDEU, aunque sí reconoció que algunas personas se acercaron para manifestar su criterio y recomendaciones a la agrupación.
“NO SE PUEDE TOLERAR DELITOS”
Sobre el alegato de la FEUCR y el SINDEU -en cuanto a que existe un acuerdo firmado para no perseguir a los manifestantes-, la rectora Yamileth González indicó que lo acordado no impide que la administración investigue si se cometieron delitos y daños contra la infraestructura.
“Lo que se firmó en el acuerdo es que no se perseguirá a nadie que participó en la lucha por el presupuesto, y eso se cumple. Pero, de eso a dejar pasar delitos hay mucha distancia. Si yo aceptara eso, sería responsable por los daños al patrimonio institucional y tendría que ser juzgada”, aclaró González.
Asimismo, negó que la UCR esté criminalizando la protesta social y enfatizó que las manifestaciones tienen ciertas formas y métodos de expresión, que no deben llegar al punto de atentar contra el patrimonio de la institución, o peor aún, contra la salud de una persona.
González indicó que las investigaciones podrían estar listas en el plazo de un mes, para que la Administración pueda tomar decisiones, y sancionar si es procedente.
Entretanto, el director del Consejo Universitario, Oldemar Rodríguez, hizo ver que el acuerdo tomado nació por iniciativa de un grupo de 6 integrantes del Consejo, que se sintieron afectados por la protesta.
De acuerdo con Rodríguez, la intención del Consejo no es la de condenar la protesta social, la cual han defendido en múltiples ocasiones, sino rechazar excesos como los que se dieron ese día.
“Lo que el Consejo no acepta es la retención de sus integrantes, y que se pusiera en riesgo la integridad de los mismos. Inicialmente algunos querían plantear demandas judiciales por estos hechos; pero, consideramos que es más conveniente aplicar un procedimiento disciplinario a lo interno de la institución”, explicó Rodríguez.
A su parecer, el hecho más grave es que se impidiera inicialmente que el integrante del Consejo, José Ángel Ocampo, saliera a tomar su medicamento para la presión alta.
Sobre el acuerdo firmado entre la Administración y los estudiantes, Rodríguez aseguró que ese documento era solo para desocupar los edificios, y el Consejo no tuvo injerencia en el mismo.
