Universidades públicas y privadas buscan puntos de encuentro

Los integrantes del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) de universidades públicas y la Unidad de Rectores de Universidades Privadas de Costa Rica (UNIRE),  han

“No se trata de crear programas de estudios iguales”, afirma Albán Bonilla, director ejecutivo de la Unidad de Rectores de Universidades Privadas.

Los integrantes del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) de universidades públicas y la Unidad de Rectores de Universidades Privadas de Costa Rica (UNIRE),  han establecido desde agosto del 2008 encuentros para trabajar en temas de interés común.
 
Los principales logros de esta iniciativa pasan por una única boleta de graduación para todos los estudiantes de las instituciones superiores, el trabajo en el Informe del Estado de la Educación y hasta la creación de subcomisiones para brindar información y poder crear bases estadísticas.

“Este es un proceso irreversible en el sentido de que ahora está privando una visión país a una visión sectorial”, aseguró el director ejecutivo de la UNIRE, Albán Bonilla, para quien la principal meta es conseguir una unificación del sistema de educación superior, idea que también es respaldada por José Andrés Masís, representante de las universidades públicas  en la Comisión Mixta UNIRE-CONARE. 

 

 “ES MÁS PRODUCTIVO TENDER PUENTES”

“Es más productivo tender puentes que hacer muros”. Con estas palabras, Bonilla expresa el sentido de la iniciativa, pues según el director ejecutivo de la UNIRE, es importante construir objetivos en común.

Por su parte, Masís considera que las discusiones de lo público y lo privado están presentes, pero desde hace un tiempo se ha tratado de encontrar algunas vías de interés común y  sobre todo en torno al tema de la calidad de la educación.

Justamente este es el tema que ocupó el III Encuentro de Rectores de universidades costarricenses. “Con el objetivo de establecer estándares más altos, se ha estado trabajando en impulsar sistemas de autoevaluación y autorregulación, con miras al SINAES (Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior)”, expuso Bonilla.

Además, los integrantes de la Comisión han propuesto reflexionar en torno a un sistema único de autoevaluación y acreditación.

Otra de las propuestas que se estableció en el acuerdo del encuentro, es el hecho de crear bases de datos universitarias que ofrezcan las estadísticas disponibles que se requieren, sobre estudios o investigaciones de carácter internacional y también para aquellos de carácter nacional, que sirvan como referente para la toma de decisiones.

Masís y Bonilla mencionaron tal objetivo como uno de los más exitosos, puesto que permiten al sistema actual llenar un vacío que se ha reflejado internacionalmente. Esta iniciativa pretende llegar a tener un universo de información universitaria estandarizado.

La propuesta principal y que actualmente se ha desarrollado en un mayor grado, es la de contar con una única boleta de graduación. “Este es un logro, porque es una fuente de información para el Observatorio Laboral, que más o menos tenía de las universidades públicas, pero no de las universidades privadas.”, indicó Bonilla.

Ambos sectores coinciden en que lo más difícil de superar fueron las diferencias. “Estábamos divididos atacándonos mutuamente y nos dimos cuenta de que era más efectivo empezar a trabajar juntos, en temas de interés común  y superar prejuicios”, enfatizó Bonilla.

Con respecto al tema de los prejuicios, José Andrés Masís aseguró que lo que causó dificultad al principio fue el mutuo desconocimiento, la falta de información universitaria, además de aquellos momentos en los que hubo desconfianza sobre las intenciones entre ambos sectores.

Un ejemplo de los resultados de esta iniciativa es el primer “Encuentro de Decanos y Directores de Carrera de las Facultades y Escuelas de Derecho de las Universidades Costarricenses”, en el que  ambos sectores acordaron procurar que el proyecto de Trabajo Comunal Universitario en esta carrera, esté relacionado con la disciplina jurídica, sin perjuicio de la aplicación de la legislación vigente al respecto.

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