La Comisión de Asuntos Hacendarios tiene hasta este miércoles para recibir las mociones en las que se plantean modificaciones al Presupuesto Nacional. (Foto: Javier Córdoba)
Los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) insisten en utilizar el criterio de la Contraloría General de la República (CGR), que plantea un supuesto “gran superávit” en los presupuestos universitarios, para solicitar un recorte al Fondo Especial de la Educación Superior (FEES).
Pese a que el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) ha explicado que el análisis de la Contraloría incluye los ingresos que las universidades generan y los depósitos que se reciben para proyectos que se deben ejecutar a varios años plazo, los legisladores insisten en que las Universidades manejan superávits de ₡75 mil millones.
Bajo este criterio, la fracción del PUSC podría plantear que las universidades accedan a un recorte de al menos un 0,8% del FEES, mismo porcentaje que ya habría aceptado el Ministerio de Educación Pública (MEP) para cortar a su presupuesto.Sin embargo, las autoridades de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) mantienen su posición de que los recortes que se podían hacer se hicieron durante la negociación del FEES en la Comisión de Enlace.
Al cierre de esta edición (martes 14 de octubre) no estaba presentada en la Comisión de Asuntos Hacendarios ninguna moción que contenga un recorte al presupuesto de las universidades, y restaba solo un día para la presentación de mociones para modificar el Presupuesto Nacional.
REDIRIGIR RECURSOS
El martes 14, los rectores de las universidades que integran el CONARE sostuvieron una reunión con los diputados del PUSC para intercambiar puntos de vista sobre la realidad del presupuesto universitario.
La diputada e integrante de la Comisión de Hacendarios Rosibel Ramos mantiene el criterio de que las universidades guardan un superávit de ₡75.984 millones y criticó los depósitos a plazo que tiene la Universidad de Costa Rica por ₡42.911 millones.
“En este momento, la UCR tiene colocados en certificados de depósito ₡42.911 millones, eso quiere decir que nosotros estamos pagando salarios con deuda y las universidades están tratando de sacar rentabilidad de recursos que se les asignan, todo eso nos preocupa mucho y eso fue lo que hablamos hoy”, afirmó la diputada tras la reunión.
El jefe de fracción del PUSC, Rafael Ortiz, expuso la posibilidad de que, en lugar de un recorte, se tenga el compromiso de las universidades de redirigir esos recursos a las zonas con menor desarrollo del país y se fortalezca la educación técnica.
Ortiz, aseguró que entiende la posición de las universidades respecto al análisis de la Contraloría, pero insiste en que el criterio de la anualidad de los presupuestos está en la Constitución Política, y sobre ese criterio es que se realizan los informes del ente contralor.
El diputado Johnny Leiva apeló a que si el MEP pudo hacer un recorte en su presupuesto de 0,8%, las universidades también podrían ofrecer una reducción similar. “Todos debemos zocarnos la faja”, afirmó.
“YA HICIMOS EL RECORTE”
La rectora de la Universidad Nacional, Sandra León, mantiene la posición de que las universidades de CONARE no pueden hacer más recortes a sus presupuestos, puesto que ya cedieron durante la negociación con el Poder Ejecutivo.
“Para el 2015 teníamos propuesto llegar al 1,5% del PIB pero, en el ámbito de limitación fiscal que tiene el país, se fue negociando con el gobierno hasta llegar a un punto en que el gobierno dijo ‘esto es lo que podemos dar’ (1,38% del PIB), y nosotros hicimos esta contribución”, dijo la Rectora.
El rector a.i. de la UCR, Carlos Araya, recordó que en la negociación del quinto convenio FEES en 2010, el acuerdo con el gobierno era llevar el FEES al 1,5% del PIB para el 2015, pero ahora esta meta se alcanzaría hasta el año 2018, según el compromiso del actual gobierno.
Araya explicó que se había definido que las instituciones de educación superior recibieran el 18,75% del presupuesto total destinado a educación, pero que en esta ocasión se cedió, además, para que el aporte bajara a 18,65%.
“Se afectaría la actividad sustantiva de la Institución, el incremento en los cupos para el próximo año correría peligro. En el caso de la UCR, la entrada en vigencia del Reglamento de Becas correría peligro, estamos haciendo esfuerzo para mejorar la infraestructura y atender una mayor cantidad de estudiantes. Esas inversiones están en camino sobre la base de un presupuesto que habíamos negociado con el Ejecutivo”, dijo Araya.
¿PUEDEN TOCAR EL PRESUPUESTO?
Además de recordar que ya los recortes al presupuesto se habían negociado con el gobierno, el vicerrector Araya manifestó duda sobre la potestad de la Asamblea Legislativa para modificar el monto establecido para el FEES.
El artículo 85 de la Constitución establece que el presupuesto de las universidades se decide en el seno de la Comisión de Enlace (con la presencia de los cuatro rectores y cuatro ministros de Gobierno) y que una vez definido, este se remite como parte del Presupuesto Nacional para su aprobación.
“Se establece que, en el caso de que exista diferencia entre el Gobierno y las universidades, será la Asamblea Legislativa la que tome la decisión. Pero en este caso no hay diferendo y no creemos incluso que sea la Asamblea Legislativa que tenga la capacidad de modificar este presupuesto”, comentó Araya.
Bajo este criterio, las universidades estatales tendrían la opción de acudir a la Sala Constitucional, en caso de que se le llegara aplicar algún recorte al monto previamente acordado con el gobierno para el FEES.
Sobre el criterio de la Contraloría, la rectora León insistió en que es un error seguirle aplicando a las universidades los criterios de anualidad en los presupuestos, ya que las universidades manejan muchos proyectos a varios años plazo, y los fondos esperan el momento para ser ejecutados.
La jerarca explicó que las universidades públicas podrían tener un “mejor ejercicio presupuestario” si no se manejaran los presupuestos anualmente, mientras que la Ley de Contratación Administrativa también dificulta con sus plazos muchas obras y compras que se planifican a más largo plazo.
“Una universidad no nace en enero y muere en diciembre. Es un continuo, tenemos proyectos de dos y tres años. Entonces si nos obliga a cortar los presupuestos en diciembre, es como si muriéramos en diciembre y volviéramos a nacer en enero y la universidad es más que eso”, afirmó.
Carlos Araya explicó, además, que en el caso de los dineros que la UCR tiene en depósitos a plazo, estos corresponden a proyectos que se ejecutan en varios meses plazo; en lugar de tenerlo “ociosos” en las arcas universitarias, se depositan para generar un rendimiento, según lo que permite la ley.
“¿Qué pasa cuando un organismo internacional financia un proyecto de investigación a dos o tres años plazo? Bueno, nos deposita el dinero el día uno que nos financia la investigación. Eso lo vamos invirtiendo conforme la investigación avance”, indicó.
Añadió que algo similar sucede con los aguinaldos de los funcionarios, pues como el FEES es girado mensualmente, este rubro se reserva en la partida del mes de enero y se deposita a plazo hasta que llegue el momento de pagarlo en el próximo diciembre.
