En cuanto al acceso a la educación, el estudio muestra una tendencia de acceso desigual de los grupos sociales en condición de pobreza: para el 40% de hogares más pobres, su participación en la educación primaria es de un 60% y apenas de un 15% en la educación superior; mientras que para el 40% de hogares más ricos, su participación en la educación primaria es de un 20% y un 70% para la educación superior. El acceso desigual de pobres y ricos a la educación no sólo violenta los patrones igualitarios de nuestra sociedad, sino que además éstos se manifiestan en un aumento en la desigualdad de rentas y en un deterioro de las condiciones de los pobres, expresado por tasas mayores de marginalidad económica, prostitución, mendicidad y delincuencia. El estudio identifica como segunda tendencia, un estancamiento en el gasto público educativo en aproximadamente un 5% del PIB, durante los últimos veinticinco años, proceso que respondió a un decrecimiento del mismo en los ochentas durante los años de la recesión económica y a una ligera recuperación del gasto educativo a partir del año 1990.
Una década y media de influencia neoliberal en la conducción del gobierno ha resultado en un debilitamiento de la institucionalidad estatal y de su nivel de gasto real, un estancamiento de la carga tributaria y en una ausencia de políticas redistributivas orientadas al mejoramiento económico y social de la población costarricense. El informe de julio pasado del Banco Central, da campo para pensar que la economía costarricense está iniciando un período de reactivación previsible para los próximos dieciocho meses, al tiempo que se discute una reforma estructural del sistema tributario para aumentar la carga tributaria en tres o cuatro puntos del PIB y que podría dinamizar el gasto público al menos por una década. Dada la importancia de la inversión en educación para la promoción del desarrollo, se debe acompañar la reforma tributaria con un fortalecimiento del gasto educativo y renovación del sistema educativo nacional. En consecuencia, la aprobación de la reforma tributaria -actualmente en discusión por parte de la Asamblea Legislativa- permitiría asignar una parte importante de los nuevos recursos para financiar un mayor gasto educativo estatal, tal como ocurrió a principios del siglo pasado. No hay duda, que este nuevo esfuerzo educativo a nivel nacional, permitiría fortalecer la educación básica y mejorar con ello, los patrones distributivos de nuestra sociedad; a la vez que un mayor gasto en educación superior crearía condiciones de sostenibilidad para el desarrollo nacional de cara al siglo XXI.
