Vencieron seis contratos de generación.
El vencimiento de contratos de compra de electricidad a empresas privadas permitirá al ICE renegociar las condiciones y pactar tarifas más favorables para el consumidor.
El vencimiento de seis contratos de compra de electricidad con igual número de empresas privadas productoras, le permitirá al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) renegociar las condiciones en que adquiere dicha energía y no pagar precios más caros que los propios, como ocurrió con contrataciones pactadas hace casi una década.
Consultado al respecto el presidente ejecutivo del ICE -Pablo Cob-, explicó que una vez vencido el contrato, «la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) fijaría las nuevas tarifas, bajo el principio de servicio al costo y el ICE establecería el contrato de compra, de acuerdo con criterios de conveniencia».
Cabe recordar, que tras estudiar la Contraloría General de la República (CGR) las tarifas que pagaba el ICE por la compra de electricidad a las empresas privadas de generación (Informe 90/2000), en el año 2000 ordenó a esta institución iniciar un juicio por lesividad contra algunas de esas compañías, a las cuales les compraba energía con precios superiores a sus propios costos de producción.
En aquel entonces, el órgano contralor concluyó que «efectivamente existen diferentes tarifas para el pago de compras de energía eléctrica que realiza el ICE a los generadores privados, aun cuando esa energía es un servicio que no presenta distinciones independientemente de su proveedor, por lo que su precio debería ser el mismo para todos».
La directriz de la CGR al final no fue acatada, pues el ICE alegó que hacerlo implicaría multimillonarias demandas de indemnización, y que correspondía a la ARESEP realizar la gestión.
Para Ricardo Segura Ballar -directivo de la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y Telecomunicaciones (ANTTEC) y de la comisión política del Frente Interno de Trabajadores (FIT) del ICE-, el vencimiento de estos contratos es una buena oportunidad para renegociarlos y no continuar así con el pago de tarifas contrarias a los intereses de los consumidores.
Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE)- Mario Alvarado- se mostró anuente a que los contratos se renegocien de común acuerdo entre las partes. «Lo que parece lógico, es que si esa energía ya está instalada se siga aprovechando de alguna manera», puntualizó.
CONTRATOS VENCIDOS
De acuerdo con información del ICE, en la actualidad tienen vencidos sus contratos seis empresas con plantas hidroeléctricas: Compañía Eléctrica Sarchí (400 kilovatios), Ganadera Montezuma (882 kW), Hacienda San Rafael (300 kW), Hidroeléctrica Pejivalle (125 kw), Planta Eléctrica Tapezco (80 kW), y Rodríguez y Mora (50 kW).
El jerarca del ICE -Pablo Cob- detalló que esa entidad suspende las compras de electricidad cuando se vence el respectivo contrato de compra de energía; pero, si su concesión para uso de agua tiene una vigencia mayor, le solicitan a la empresa que gestione una nueva fijación de tarifa ante la ARESEP y después de ello se negocia un nuevo contrato, siempre que la tarifa asignada sea conveniente a los intereses del ICE.
Debido a que en este ente no canalizaron una entrevista que se solicitó con la persona encargada del área de generación privada, no se pudo saber si las seis mencionadas empresas tienen vencida también la concesión de uso de agua.
La diputada y presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente -Joyce Zürcher- criticó el pasado 24 de julio al ICE -en una actividad relacionada con el proyecto de Ley del Recurso Hídrico-, porque estaba comprando electricidad a Panamá mientras en Costa Rica estaban cerradas las seis empresas citadas.
En torno a esa denuncia, el Presidente Ejecutivo aseguró que le han explicado en diferentes ocasiones a la legisladora Zürcher, que las compras al mercado eléctrico centroamericano las hacen en época de verano, con el fin de optimizar los costos de generación térmica (con hidrocarburos), y que igual comprarían aunque operen esas seis plantas, cuya producción conjunta es poca (la milésima parte del total del país).
Sin embargo, Cob aclaró que «ello no quiere decir que el ICE no esté interesado en adquirir nuevamente esa energía, en virtud de que son inversiones realizadas por el país, utilizan recursos renovables y su costo por Kwh es bajo, por ser plantas ya pagadas».
Mientras tanto, el director ejecutivo de la ACOPE -Mario Alvarado- precisó que al menos tres empresas de las 25 asociadas están con un candado en sus instalaciones, en razón del vencimiento del contrato; una de ellas es Hacienda San Rafael (en Naranjo de Alajuela), cerrada desde el 2001. Me parece absurdo que se desperdicie producción eléctrica mientras que en algunos casos en Centroamérica se compra energía térmica, comentó.
Alvarado también cuestionó el vacío jurídico que tienen en este momento en relación con las concesiones de agua, ya que un fallo de la Sala Constitucional estableció que estas corresponden a la Asamblea Legislativa y no al ICE. Sin concesión de agua en vigencia no pueden entonces renegociar sus contratos, agregó.
Además, el proyecto de Ley del Recurso Hídrico estipula la creación de una legislación especial para entregar concesiones de uso de agua a los generadores privados.
TARIFAS PREFERENCIALES
Al preguntársele a Cob si aprovecharía el ICE para renegociar las tarifas con los generadores privados en consonancia con lo pedido por la Contraloría en el 2000, argumentó que la institución elaboró un proyecto de ley que entregó a la Asamblea Legislativa, en el que se determina que los nuevos contratos que se firmen deben contemplar una tarifa no superior al costo de su propia electricidad.
Vale mencionar que en el referido informe de la CGR, esta indicó que cinco contratos «tienen una fórmula de ajuste de tarifa cuyos parámetros no responden a la estructura financiera del ICE, sino, al parecer, a la de las respectivas empresas generadoras», situación que violentaba la Ley 7200 que regula la generación privada.
Con la venia del ICE y de la ARESEP, se firmaron entre 1994-1998 esos contratos con tarifas preferenciales, que favorecieron a empresas como Don Pedro y Río Volcán, que tenía como socios a familiares del entonces mandatario, José María Figueres.
Para el sindicalista Ricardo Segura, se deberían sentar las responsabilidades políticas y económicas que originaron aquellas tarifas ilegales, antes de renegociar los contratos vencidos.
En su opinión, también debería revisarse la condición que se pactó con estos empresarios, que obligaba al ICE a comprar toda la electricidad producida por esos proyectos, aun cuando hubiera sobreproducción, como en las horas nocturnas.
