Bandas privadas mandan en Calle de La Amargura.
El deterioro de la calle 3 en San Pedro y los problemas de sanidad pública atentan contra la seguridad de jóvenes estudiantes.
La conocida calle de Montes de Oca se ha transformado en el caldo de cultivo para la presencia de grupos armados de los cuales jóvenes estudiantes son sus víctimas.
El comercio de bares, restaurantes, fotocopiadoras, cafés internet y otros establecimientos, ubicados en la llamada «Calle de la Amargura», siguen conviviendo con la basura, el trasiego de drogas, exceso de ruido, hacinamiento y otras condiciones de deterioro que la convierte en un lugar apto para que pululen bandas armadas.
El pasado viernes 26 de agosto, José Mario Brenes Vásquez, de 19 años, estudiante de escuela de Geología de la UCR, fue víctima de una riña callejera que se originó en la esquina cercana al bar Terra U en la que personas desconocidas abrieron fuego indiscriminadamente acabando con la vida de Brenes y dejando herido a Darién Zúñiga, de 23 años y estudiante de la carrera biología de la Universidad Latina.
Una tesis que maneja la policía es que el universitario fue víctima de una balacera que se dio por la rivalidad existente entre miembros que forman parte de la seguridad privada de bares de la zona.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Jorge Rojas, afirmó que «el manejo de armas en esta zona no es nada nuevo, ya que el último caso así lo demuestra, el OIJ colabora en todo lo que pueda, pero se necesitan soluciones integrales en otras esferas».
También miembros de cuerpos privados de seguridad con equipo muy moderno transitan por las cercanías de la Universidad de Costa Rica (UCR) bajo el pretexto de ofrecer servicios en casos de emergencia, homicidios y de protección civil.
Inclusive se toman la atribución de detener personas de manera antojadiza, tal y como documenta una denuncia presentada ante el OIJ en poder del Semanario UNIVERSIDAD del 4 de agosto del 2005.
La persona denunciante, quien prefirió el anonimato, afirmó que seis hombres identificados con camisetas de la GAE la detuvieron en las cercanías de la Facultad de Agronomía de la UCR y con tono amenazante le pidieron los documentos del vehículo y la cédula de identidad.
Según información recopilada por UNIVERSIDAD GAE corresponde a Grupo de Apoyo en Emergencias.
El presidente de esta organización Jorge Chinchilla Chávez aseguró a UNIVERSIDAD que ellos dan apoyo prehospitalario en caso de accidentes o emergencias en forma voluntaria y con recursos propios. Agregó que no realizan ningún otro tipo de funciones. (Ver nota «Cometen Abusos»).
Luis Bejarano, miembro del Comité General de Vecinos de San Pedro de Montes de Oca, comentó que los habitantes de la zona están cansados de la violencia y la inseguridad de la zona, la cual calificó de «sitio nauseabundo, de caos social, lugar donde la droga y el licor es lo que predominan y donde las bandas lo que quieren es ajusticiar a la gente».
El nivel de inseguridad es tal que el propio jefe de la policía de proximidad de Montes de Oca, Carlos Zúñiga, afirmó recientemente haber sido objeto de «ofrecimientos hasta de regalarle una casa, insinuaciones de dádivas a cambio de cierta protección y de que no se informe sobre los hechos que ocurren ahí», tal y como consta en el acta del Concejo Municipal de Montes de Oca.
SEGURIDAD EN BARES
Álvaro Solís, miembro del Comité General de Vecinos de Montes de Oca, afirmó que se dan excesos en la forma en que se requisa a los clientes de los bares por parte de las personas encargadas de la seguridad en estos sitios.
«He observado en peleas, el uso indiscriminado del gas a la menor provocación por parte de personas que no tienen formación policial, son guardas privados de establecimientos sin el menor criterio que en ocasiones pasan a los golpes contra los clientes», manifestó.
Agregó que «en algunas ocasiones colaboran entre diversos servicios de seguridad de esos bares para pegarle a grupos (rivales). Son personas que también tienen armas no se sabe en que condiciones».
A partir de una serie de actos violentos en el 2000 en la concurrida calle, que cobró la vida de un estudiante y en los que otras personas resultaron heridas, se conformó una comisión interinstitucional en la que participó, entre otras instituciones, la UCR, la Municipalidad de Montes de Oca y representantes del Comité de Vecinos.
Del trabajo de dicha comisión son pocos los resultados que se han logrado concretar hasta el momento.
Según el representante comunal, el problema se mantiene porque las respuestas que dan las autoridades de la UCR, la alcaldía, algunos regidores y otros sectores involucrados ante el caos que se vive en esta calle son muy «cosméticas», a la vez, de que carecen de una dimensión real de la situación que se vive en la zona.
Solís es del criterio de que mientras no se establezca una legislación que obligue a estos negocios a trabajar de una manera totalmente adecuada «cualquier mejora no sería más que convertir esto en un bar gigante acrecentando los problemas de seguridad».
Solís concluyó que las medidas que se pueden tomar para reparar o arreglar una situación caótica como es la Calle de la Amargura involucra a muchas instituciones y «cuando alguien logre articular ese trabajo las cosas mejorarán».
PROBLEMA DE NO ACABAR
Para Luis Bejarano, la falta de articulación interinstitucional en el cantón de Montes de Oca es otro de los escollos que ha dado al traste con las iniciativas por mejorar las condiciones de la Calle de la Amargura y lugares aledaños.
Según él, la Municipalidad de este cantón, la Delegación de la Fuerza Pública y a la UCR, no han tomado cartas en el asunto, y añadió, que es evidente que «cuando no hay decisión política y voluntad, no se puede hacer nada».
Además, reveló que faltan medidas de seguridad en los bares (salidas de emergencia, extintores) y un control rígido al respecto por parte del Ministerio de Salud Pública, «hay una negligencia por parte de las autoridades, una dinámica desarticulada de hacer cumplir la Ley, no hay autoridad que dicte el orden de las cosas. La policía no ha dado muestras de atacar el problema de fondo, es decir la corrupción y los intereses de algunos».
El representante Solís, quien lleva una documentación detallada de los problemas en el cantón, considera que a estos factores debe sumarse el hecho de que los jóvenes estudiantes, están siendo asesinados y heridos por la ambición desmedida y la utilización de ellos como «mercancía».
También criticó la falta de visión y responsabilidad de los órganos de decisión política como el Concejo Municipal, que lejos de afrontar el problema, «procura gracias al tráfico de influencias aligerar y facilitar todo tipo de trámites a los instaladores de bares».
NECESARIA ARTICULACION
Para la alcaldesa de la Municipalidad de Montes de Oca, Sonia Montero son distintos los factores que influyen en la decadencia de la calle 3.
Se refirió a la falta de opciones alternativas para los jóvenes estudiantes, la negligencia de instituciones como el Ministerio de Salud, Acueductos y Alcantarillados, y el uso de patentes de los bares que en principio deberían funcionar como restaurantes.
«A pesar de todas las notificaciones que hemos presentado ante diferentes instancias para cambiar esta situación , se nos han presentado un recurso de amparo tras de otro. Esto hace que administrativamente la actuación de la Municipalidad sea prácticamente invisible», expresó.
Según Montero, la Municipalidad continúa haciendo gestiones ante las diferentes instituciones encargadas de tomar acciones para mejorar las condiciones de seguridad y salubridad en este sector del cantón. También se hacen esfuerzos a través de instituciones como la UCR y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para generar nuevas opciones de reunión para los jóvenes universitarios que se movilizan en diferentes centros de estudios de San Pedro.
Por su parte, el Vicerrector de Vida Estudiantil de la UCR, Carlos Villalobos lamentó la muerte del estudiante de la UCR.
Expresó que la particularidad de la Calle de la Amargura es que es un espacio ajeno a la institución, pero que por cercanía está conectado con la UCR. Al respecto «la Universidad no puede idear un plan de acción para remodelar o reestructurar la Calle de la Amargura, pero si pueden proponer recomendaciones, alternativas en términos de espacios para que los estudiantes universitarios tengan otras opciones».
También es necesario redimensionar esos otros significados que tiene el espacio urbano «donde se proyecte otra visión de escenario de cultura, conectada con un mayor énfasis del arte y no solo una cultura de la droga y la violencia».
En este sentido la universidad puede hacer propuestas alternativas, plantear proyectos en lo que es la línea de la acción social. «Lo que pasó con nuestro estudiante es porque existe un problema más complejo de dimensión nacional. El problema no se va a solucionar convirtiendo a la Calle de la Amargura en un santuario de paz».
Para el director del OIJ Jorge Rojas, el problema en el cantón de Montes de Oca requiere una solución más integral entre diferentes instituciones. «El OIJ toma acciones en el momento en que se comete un delito y se investiga, pero se necesitan acciones más preventivas.
Según el jefe de la Delegación de Policía de San Pedro, Carlos Zúñiga «se está tratando de reforzar la zona con más oficiales para así evitar este tipo de situaciones».
Sin embargo, aseguró que es muy difícil mantener la calle bajo control, pues quienes han propiciado las balaceras en el lugar, las han perpetuado desde los vehículos que pasan a alta velocidad.
«Aún no se cuenta con un reportes oficiales de estos actos, porque la gente aquí es poco minuciosa, no toman detalles, entonces a nosotros nos hablan que ocurrió una balacera, pero no hay nada con qué investigar o trabajar», indicó.
Sobre las agresiones de los cuerpos de seguridad en los bares , aseguró que la cantidad de denuncias son considerables, principalmente por agresiones sobre los clientes.
Respecto a las prevenciones que se han aplicado junto con los vecinos, el comandante explicó sobre el programa asociación – policía -comunidad, que se está llevando a cabo con grupos organizados de los barrios de San Pedro. Sin embargo, esta medida no se está aplicando con pobladores cercanos a la Calle de la Amargura.
Cometen abusos Hace un mes se presentó una denuncia en contra de GAE por parte de una estudiante universitaria que fue detenida en su carro por miembros de esta organización. En dicha ocasión, aproximadamente seis personas que se movilizaban en tres carros particulares, abordaron a la joven cuando se disponía dejar a un amigo en su casa. La detención se realizó en una vía pública cerca de la Facultad de Agronomía de la UCR, los miembros del grupo pidieron documentos personales de los afectados y del carro para posteriormente buscar información en una computadora portátil, que contenía información detallada sobre el último lugar de trabajo de la persona detenida. A ella se le interrogó si todavía laboraba para la UCR, a lo cual la denunciante respondió de manera negativa. Luego le advirtieron que era una zona peligrosa y se retiraron del lugar.
Según indica la denuncia presentada ante el OIJ estas personas en ningún momento se identificaron y portaban armas pesadas.
Según el asesor de la Cruz Roja, Franklin Vargas la GAE no pertenece ni sigue directrices de esta institución como indica una información del periódico La Extra del sábado 3 de julio del 2004, en la cual se reportaba que aunque en ocasiones daban apoyo a la benemérita, «sus prácticas se tornaron fuera de control y al margen de las reglamentaciones de la Cruz Roja».
«Ellos están escaneando las llamadas del 911 y están atentos a las emergencias para atenderlas en forma inmediata sin ninguna coordinación con nosotros», comentó Vargas.
Agregó que tomaron la determinación de no aceptar los pacientes si GAE comienza a abordarlos y la responsabilidad que eso requiere. «La rapidez con que llegan es para ejercer un protagonismo en la zona y aparecer en los medios».
El director del OIJ, Jorge Rojas, manifestó que quien se haga presentar de cualquier forma y pedirle identificación a una persona tiene que mostrar las credenciales que le acreditan como autoridad. Agregó que un grupo privado podrá participar en lugares privados, pero que en lugares públicos carecen de potestad.
Por su parte, el comandante de la Fuerza Pública de San José Randall Picado, aseguró que el GAE no tiene ningún vínculo con la Fuerza Pública.
Picado dijo que «todo el mundo sabe que existen. Ellos trataron de meterse a la Fuerza Pública a través de la Reserva. También lo intentaron con la Cruz Roja y tampoco los aceptaron».
Cabe destacar que Chinchilla admitió que un miembro del OIJ colabora con ellos los fines de semana. También colabora con GAE un funcionario de la empresa DATUM, empresa que se dedica a la venta de información privada.
Colaboró con esta información: ALEJANDRA ARAYA ROJAS
