Asamblea titubea ante proyecto de nuevo edificio

La preocupación por el edificio de Sión revive la inquietud por la conservación del patrimonio arquitectónico.El actual proyecto para la construcción de un edificio

La preocupación por el edificio de Sión revive la inquietud por la conservación del patrimonio arquitectónico.


Vista virtual del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa desde el Tribunal Supremo de Elecciones. Al pie del mismo se puede ver lo que quedaría del antiguo Colegio Sión.

El actual proyecto para la construcción de un edificio nuevo para la Asamblea Legislativa ha generado polémica tanto en el plenario como fuera de este, ya que implica la destrucción de parte del edificio del antiguo Colegio Sión.

Se trata de un inmueble construido por las monjas de Sión a finales del siglo XIX y que abandonaron en los años sesenta, el cual es propiedad de este poder de la república desde unos años atrás.

Edgar Martín, arquitecto encargado institucional del proyecto, explicó que toda la parte sur de ese inmueble fue construida muy posteriormente a la estructura original y que no es parte de la declaración de patrimonio.

 

Sin embargo, reconoció que el actual diseño propuesto para construir un edificio de ocho pisos, implica la destrucción no sólo de la parte que no es patrimonio, sino del 50% de la que sí lo es.

 

PODER ERRANTE

 

Durante más de cien años el llamado Primer Poder de la República ocupó el antiguo Palacio Nacional, edificio que junto con la Plaza de la Artillería fue demolido para construir el Banco Central.

Tal ocurrencia sucedió en 1958, año en que la Asamblea Legislativa pasó a ocupar el Edificio Barrantes, su actual sede.

Poco a poco la institución compró inmuebles aledaños y creció hacia el oeste, de manera que hoy la Asamblea Legislativa posee diez inmuebles diferentes, tres de los cuales, el Colegio de Sión, el Castillo Azul y el Edificio Barrantes, son patrimonio, mientras que la Casa Rosada fue declarada en la administración Arias, pero el mismo gobierno emitió un decreto que derogó esa declaración.

Martín detalló que aunque la Casa Rosada no es patrimonio, autoridades del Ministerio de Cultura le pidieron mantenerla, por lo que se planteó la actual propuesta que no toca ese edificio, el Castillo Azul ni el Edificio Barrantes, pero en su lugar sacrifica el 50% del Sión.

Al respecto Guido Sáenz, Ministro de Cultura, Juventud y Deportes, reconoció que el proyecto implica la pérdida de parte del patrimonio del colegio Sión, pero planteó la pertinencia de sacrificar una parte del patrimonio para restaurar una mayor, además de que «hay alguna parte de ese edificio que ya no vale la pena».

Sáenz elogió la actitud que dice encontrar en el equipo de arquitectos encargados del diseño, a quienes calificó como «muy flexibles en cuanto a recibir consejos y opiniones».

El ministro señaló la necesidad de que se construya un edifico nuevo, pues «la Asamblea Legislativa es un tugurio en muchas partes, hay una incomodidad que es vergonzosa en el Primer Poder de la República».

«No creo que si se sacrifica o prescinde de alguna área del edificio de Sión haya graves consecuencias desde el punto de vista patrimonial. Considero que se puede hacer un proyecto que complazca tanto a quienes se oponen a la construcción como a quienes sienten la necesidad más imperativamente», añadió Sáenz.

Sin embargo, el Ministro reconoció la importancia de intentar proteger el inmueble construido a finales del siglo XIX y subrayó que el reto consiste en «aprovechar el área de la mejor manera posible sin prescindir del acervo patrimonial de gran valor, como la Casa Rosada que tiene más de 100 años».

 

APREMIO

 

En la actualidad los funcionarios y funcionarias de la Asamblea Legislativa deben trabajar en condiciones deprimentes de salubridad, mientras que la falta de espacio para acomodar las oficinas de legisladores causa contradicciones como que algunas diputadas no tienen servicios sanitarios en sus oficinas.

Además, hay grandes desigualdades en el espacio ocupado por los legisladores, pues los despachos van desde los 70 metros cuadrados hasta los 120.

A todo ello, se le suma el problema imperativo de la vulnerabilidad sísmica de las oficinas actuales, señalada en unos estudios realizados por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) de la UCR.

Martín denunció que «el desarrollo espacial de la Asamblea Legislativa ha sido improvisado e incoherente y responde más a razones de urgencia que a una proyección a futuro. Muchas de las remodelaciones hechas a lo largo del tiempo han producido condiciones incluso problemáticas con el Ministerio de Salud. Hay una total anarquía en la distribución del espacio».

Es por todo ello, que se ha planteado la necesidad de construir un edificio nuevo para la institución, para lo cual existe la iniciativa de un empréstito por $30,2 millones (C14.550 millones al tipo de cambio actual), que otorgaría el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la renovación arquitectónica de todos los inmuebles del congreso.

Ante esas circunstancias, Martín consideró una prioridad la construcción de un edificio nuevo, aunque reconoció que su proyecto comprende la demolición de la mitad de la edificación declarada patrimonio dentro del antiguo Colegio de Sión. Añadió que pondera reducir ese daño a un 25%, lo cual implica realizar cambios en el diseño del futuro edificio.

El arquitecto explicó que el problema al que hoy se enfrenta la Asamblea Legislativa tiene su antecedente más inmediato en 1990, cuando los diputados y diputadas empezaron a tener oficinas en el sitio y la planilla creció considerablemente.

En 1996 y 1998 se consideraron proyectos que no prosperaron, así como un concurso realizado en el 2001.

En el parlamento hubo diversas reacciones ante el proyecto presentado, las cuales varían desde la más silenciosa indiferencia, hasta quejas que consideran el edificio feo. Bernal Jiménez, de Liberación Nacional, se opuso al proyecto por considerar que el nuevo inmueble debe mostrar un estilo neoclásico.

Una de las más vehementes voces de oposición proviene de la diputada socialcristiana Aída Faigenzicht, quien ha exigido el respeto al patrimonio. Se intentó conseguir la opinión de Faigenzicht, pero se encuentra fuera del país y al cierre de edición no había contestado nuestra solicitud vía correo electrónico.

La Comisión Nacional del Patrimonio Histórico es un cuerpo multidisciplinario consultor de alto nivel en el cual participan entidades como el Colegio de Arquitectos, la UCR, la Defensoría de los Habitantes, la Procuraduría General de la República y el Consejo Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos (ICOMOS de Costa Rica, por sus siglas en inglés), organismo adscrito a la UNESCO.

El presidente de dicha comisión es el arquitecto Roberto Villalobos, quien manifestó a UNIVERSIDAD que el actual proyecto que se considera para la Asamblea Legislativa no ha sido sometido oficialmente a consideración de esa instancia.

Además, William Monge, expresidente de ICOMOS de Costa Rica, interpuso el 30 de agosto una acción de inconstitucionalidad contra el proyecto, por considerar que «la demolición parcial del Antiguo Colegio de Sión va en contra del mandato constitucional en su artículo 89, en contra de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural (…) y en contra de la Recomendación sobre la Conservación de los Bienes Muebles Culturales, que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro».

En todo caso, tanto quienes rechacen como quienes consideren la actual propuesta para el edificio nuevo tendrán que bajar el volumen de sus argumentos, pues toda discusión sobre diseño y particularidades de una nueva edificación para la Asamblea Legislativa, está sujeta a que primero se apruebe el empréstito por $30,2 millones que otorgaría el BCIE.

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