Presidente Pacheco avaló que se creara comisión especial pero cuando ésta dio resultados aseguró que la CCSS tiene problemas de corrupción como cualquier otra entidad.
La CCSS es objeto de un mal manejo administrativo que pone en riesgos sus finanzas y permite la incursión del sector privado en actividades que deberían ser exclusivas del Estado.
Diez veces intentaron que su investigación sobre las enormes irregularidades que suceden en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se vieran en el plenario legislativo en el 2002, pero las elecciones presidenciales pudieron más y la maquinaria de los grandes partidos políticos acalló las denuncias.
Ahora que estalló uno de los más controversiales casos que es investigado por la Fiscalía General de la República sobre las sospechosas relaciones comerciales entre el expresidente de esa entidad, Eliseo Vargas y la Corporación Fischel retoma vigencia un estudio legislativo en el que se evidencia el gran entramado de anomalías que campea en la CCSS desde hace décadas.
Aunque el tema no es nuevo para los costarricenses, la investigación hecha por un grupo de legisladores pone en el tapete el tema con cifras y hechos investigados con detalle en un informe de mayoría fechado 26 de abril de 2001.
Este expediente, numerado 13.980, fue hecho por los legisladores Wálter Muñoz (del entonces Partido Integración Nacional –PIN–), Manuel Larios y Alex Sibaja (Partido Liberación Nacional –PLN–).
En este participaron el hoy Presidente de la República, Abel Pacheco y el socialcristiano, Álvaro Trejos, quienes rechazaron el documento y emitieron un informe de minoría.
Esa opinión del ahora mandatario genera dudas en círculos políticos y grupos sindicales, ya que al referirse a las investigaciones que se harán sobre la participación de la firma Fischel en la CCSS dijo de manera enfática que «no le temblará la mano» cuando deba tomar decisiones .
SÍ, PERO NO …
En vista de denuncias recibidas por los parlamentarios y ante el conocimiento que Muñoz tenía sobre las anomalías que ocurren en la CCCS, se decidió impulsar una instancia parlamentaria que estudiara estos hechos.
El 6 de junio de 1998, en un encuentro de la citada Comisión Especial el hoy mandatario aseguró que deseaba «entrarle» al tema pero que era tan complejo y grande que requería ser orientado para comenzar en las respectivas indagaciones.
Pese a esta inicial disposición, cuando se finalizaron los estudios él mismo aseguró «que se afirme que en la Caja hay corrupción, dónde no la hay en este momento histórico que estamos viviendo, pero creo que si una institución, más o menos, se ha salvado del horror de la corruptela que viven otras es, precisamente, la CCSS». Esta expresión fue dada a conocer el 15 de febrero de 2001. Para inicios de ese año el ex jefe de la bancada socialcristiana, Eliseo Vargas impulsaba en la Asamblea Legislativa un proyecto con el gobierno de Finlandia por $39,5 millones para la compra de equipo médico cuya representación tiene aquí la Corporación Fischel.
En el presente gobierno, este diputado llegaría a ser el presidente ejecutivo de la Caja y el mencionado proyecto se aprobaría en lo que constituyó el más caro aprobado en la historia de esa entidad.
La denuncia fue ampliamente divulgada por la prensa tanto debido a ese hecho como por la relación existente en el alquiler de una lujosa vivienda que Vargas hace al ex gerente de esa corporación, Olman Valverde.
El escándalo que provocó la divulgación de esas informaciones hizo que renunciara el entonces presidente ejecutivo de la CCSS quien es ahora reemplazada por Horacio Solano.
El hijo de éste laboraba en el Departamento de Mercadeo de la Fischel hasta hace algunas semanas.
COMPLEJO ENTRAMADO
Uno de los aspectos más cuestionados en el informe es el manejo financiero de la institución en el que se habla de la contratación innecesaria o de pagos excesivos en servicios médicos a terceros.
Se asegura que esta política equivocada que ha llevado a la Caja a una crisis monetaria muy delicada se debe «en los últimos 15 años a la influencia preponderante de los organismos político-financieros internacionales».
Se asegura que impulsaron la incursión de la empresa privada en actuaciones que antes eran incumbencia exclusiva del Estado que velaba por los intereses comunes de los ciudadanos.
La confusión en el ámbito de lo público con lo privado ocurre en mayor medida en el área de los servicios médicos y «genera corrupción deterioro de los servicios públicos así como una búsqueda de satisfacción de las necesidades del usuario en el servicio privado».
Se habla de que estos mismos beneficiados pueden ser los empleados de la Caja quienes practican superposición horaria, esto es, «que brindan sus servicios teóricamente en horarios distintos y a veces hasta en las mismas instalaciones de la CCSS».
Así lo estableció el Reglamento para la Contratación de Servicios de Salud especializados por medio de terceros y emitido por la junta directiva de la Caja.
El informe cita que entre 1998 y 1999 la entidad le canceló a la Clínica Bíblica sumas millonarias para la atención de asegurados, especialmente para la compra de servicios con el objetivo de atender enfermedades cardiovasculares con angiógrafos que luego fueron desechados.
También se denunció que hasta la atención primaria hecha por los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) es atendida por proveedores privados. Actualmente la Clínica Bíblica administra 17 EBAIS del país.
Para el año 2000 la Caja gastó en compras de servicios casi ¢1.500 millones.
MECANISMOS DE APERTURA
Ante la declaración de inopia hecha por la misma Caja a falta de oncólogos en el país, en 1997 la sociedad Radiation Oncology Partners Limited de California circuló una invitación dentro y fuera de Costa Rica para invertir en un centro para el tratamiento de cáncer con la operación de un equipo de resonancia magnética.
De hecho se instaló en el Centro para el Tratamiento del Cáncer (CENTRACAN S.A.) en La Uruca (San José).
En la participación se garantizaba el éxito de la inversión porque «Costa Rica no tiene una Ley Stark como la de Estados Unidos que le prohíbe a los médicos referir pacientes a centros de tratamiento en los cuales ellos tengan una inversión financiera».
Para el abogado Ewald Acuña este tipo de acciones son censurables desde el punto de vista político pero no pueden ser castigadas legalmente porque el informe elaborado nunca fue conocido en el plenario legislativo y, por lo tanto, dado a conocer a la jerarquía de las instituciones públicas.
