El poder corruptor del crimen organizado, en todas sus modalidades, ya está en Costa Rica y no estamos preparados para enfrentarlo; no quiero alarmar, pero este es un problema que ya lo tenemos encima”, advirtió el presidente de la Sala Tercera, José Manuel Arroyo, en una entrevista con UNIVERSIDAD.
Arroyo sostiene que el país no está preparado para enfrentar ese flagelo y abogó por un fortalecimiento de las instituciones democráticas para combatirlo.
“Ciertamente que el poder corruptor del crimen organizado -no sólo el narcotráfico, sino otras formas, como el lavado de dinero, el sicariato, el tráfico de personas, de órganos, de armas y la corrupción pública y privada- tiene formas de criminalidad con gran poder letal de corrupción”, señaló.
Por otra parte, el presidente de la Sala Tercera refutó afirmaciones del Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, quien en una reciente entrevista con este Semanario, aseguró que en el tema de la inseguridad el problema no es de aprehensión de delincuentes, sino de su juzgamiento.
Arroyo alertó además de que en Costa Rica se están cerrando vías de canalización de conflictos sociales, por lo que hay peligro de que la ciudadanía recurra a acciones de hecho, para resolver estos problemas. A continuación, un extracto de la conversación.
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, afirmó hace poco que en el tema de la inseguridad el problema no es de aprehensión sino de juzgamiento. ¿Cuál es su respuesta a esa aseveración?
-Hay un error muy común en el tratamiento del tema de la seguridad y es la tentación de que los distintos segmentos del sistema dicen que “la culpa no es nuestra sino de otros”, lo cual me parece un error. Creo que todos tenemos que hacer énfasis en el hecho de que cada quien tiene sus obligaciones; debemos tratar de cumplirlas debidamente y operar como un solo sistema: policía, fiscalía y tribunales. Puede quedar la impresión errónea de que unos hacen bien su trabajo y otros no.
Esto debe verse un poco más integral. Cada sector tiene fortalezas y debilidades. Las debilidades, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, que ha tenido la policía administrativa adscrita al ministerio de Seguridad Pública, es que efectivamente hay problemas para el reclutamiento, para el entrenamiento y para la capacitación de la gente. Entonces, muchas de esas debilidades se reflejan en el trabajo cotidiano. Para un juez es muy importante la fundamentación del parte policial, que lleve la información básica, que esté redactado de manera clara, dejando clara la razón de la detención, para que el Ministerio Público pueda solicitar -si es necesario y el juez las concede- medidas cautelares cuando una persona es detenida.
¿Se trata de fallas técnicas en la recopilación de la prueba?
-Exactamente, así como en la capacitación y en las destrezas que debe tener un agente de policía, para que su intervención sea justificada y expuesta con claridad. Los fiscales y jueces tienen que lidiar con esos problemas. No sólo se trata de que fiscales o jueces sean negligentes o poco diligentes a la hora de definir una situación, sino que tienen que definirla de conformidad con requisitos mínimos. De lo contrario, las decisiones serían arbitrarias e infundadas.
Hay algunos casos que arrojan dudas en cuanto a la actuación de los jueces, por ejemplo el de los mexicanos a quienes se les concedió arresto domiciliario y dos comunidades se levantaron y no los aceptaron. ¿Hay fallas o se impusieron razones de carácter técnico?
-No me puedo referir al caso porque posiblemente tenga que intervenir. Pero le explico lo siguiente: errores posiblemente hay, son los que trascienden públicamente, porque las decisiones adecuadas que cientos de jueces toman todos los días normalmente, no son cuestionadas porque no se valoran como erróneas. Con esto digo que confío y creo en que la mayoría de las decisiones judiciales son bastante acertadas. Cuando nos equivocamos, cometemos un error, o hay un asunto especialmente delicado que trasciende a la opinión pública eso es la noticia. No es que no aceptemos errores. Pueden darse actos claramente indebidos y esto debe ser investigado y debatido. Lo que es muy riesgoso es que haya una apelación a las vías de hecho: no es conveniente que los temas de conocimiento judicial sean decididas en uno u otro sentido con gente en la calle. Eso coloca la situación en un estado de hecho que puede ser perjudicial.
¿Cree que puede conducir a un estado de ingobernabilidad?
-La historia es curiosa. El tema de los mexicanos fue muy mal recibido en general y particularmente por los vecinos a los que les tocaría tenerlos cerca. Eso uno lo entiende, primero como ciudadano y también como juez. Es una situación particularmente difícil de aceptar, pero pocos días después ocurre lo contrario. La gente en la calle en Limón (caso Pascal), cuestionando la detención de una persona acusada de cierto tipo de delito, manifestándose para que los jueces hagan otra cosa. Lo que quiero señalar es que la apelación a Fuenteovejuna es una falacia.
¿Pero esta situación no obligaría al Poder Judicial a hacer una reflexión?
-Esto se inscribe en un fenómeno mucho mayor que ya el Estado de la Nación nos lo viene diciendo. En este país se han ido cerrando las vías de canalización de los conflictos sociales. Muchos conflictos que antes se canalizaban a través de las instituciones de gobierno y de los diputados, ahora se tramitan judicialmente, pues esas otras vías como que están siendo cerradas y toda la conflictividad social llega a las instancias judiciales. En primer lugar, grandes conflictos políticos endosados a la Sala Constitucional y temas de gran trascendencia nacional, que debieron discutirse en la Asamblea Legislativa. Cuando esta vía se encuentra cerrada para la discusión y resolución, esos conflictos terminan en la Sala Constitucional.
¿Ese cierre de canales de resolución de conflictos sociales no es una bomba de tiempo?
-Claro; por eso es que ahora todas las reformas procesales en distintas materias que se están haciendo, apuestan a resoluciones previas antes de que se formalice el conflicto judicial. Siempre vistos en instancias jurídicas, pero como un paso previo en temas de familia, laborales, penales, para que haya la posibilidad de una conciliación, de una resolución alterna a la vía judicial normal, que son válvulas que pueden ayudar a bajar la presión sobre el sistema judicial.
Por esos vacíos en algunos países, como en el caso de Guatemala, la gente se está tomando la justicia por sus propias manos, realizando linchamientos de presuntos delincuentes y criminales. ¿Se trata de una situación muy grave?
-Ese es precisamente el tema. Nuestros países en general y Costa Rica, ya no escapa a eso; tienen que hacer un esfuerzo enorme por consolidar las instituciones, por recuperar la confianza en estas, incluidas las instituciones penales, en la policía, la fiscalía, los tribunales de justicia penal. El desprestigio de las instituciones en una democracia a lo único que conduce es al rompimiento de la institucionalidad democrática y a la instauración de regímenes de fuerza, autoritarios o totalitarios.
En esa perspectiva, el sistema penal tiene que guardar un gran equilibrio entre proteger las libertades y las garantías ciudadanas, y dar respuestas eficaces y evitar que las vías de hecho emerjan como alternativa para resolver los conflictos sociales.
¿Es que no se cumple el principio de justicia pronta y cumplida y el Estado no pone ojo avizor?
-Esto nos conduce a otro plano del problema. No podemos pretender que el sistema penal resuelva toda la conflictividad social. Podemos cerrar los ojos y decir, aquí lo que falta es mano dura, policía, cárcel, penas altas, rigurosidad y todos los estamentos para que haya un sistema penal fuerte que resuelva estos problemas. Esta es una tentación muy grande que tienen muchos y las instancias políticas también. No es a través del endurecimiento del sistema penal que les vamos a entrar a las verdaderas causas de la conflictividad y la violencia social. Hay que tener muy claro que el sistema penal interviene ya cuando los resultados nefastos de la violencia social ocurrieron. Previo a eso hay una serie de tareas pendientes, que son en mi criterio las que están haciendo falta desarrollar.
¿Pero hay además muchas causas que originan la violencia, la pobreza, la desigualdad, las drogas, la misma corrupción?
-Hay con toda razón una gran alarma social. Los medios todos los días refieren hechos muy graves, atentados contra la vida, la propiedad, que tienen a la gente muy crispada, con niveles muy elevados de temor y de inconformidad con las instituciones. Eso es lo más importante de vigilar y ver cómo superamos esa situación, para que no terminemos de destruir las instituciones democráticas.
Sobre la aplicación de justicia, y debido a dudas surgidas en algunas sentencias, ¿debe el juez ceñirse a la aplicación estricta de la ley o estudiar en algunos casos el entorno en el que se aplica la norma?
-Hay un debate grande en torno a este tema. En el derecho moderno está fuera de duda siempre que los jueces interpretan la ley. Por muy clara que pueda ser una ley o norma, siempre hay márgenes de interpretación, sino todos estaríamos sobrando: le metemos la información a una computadora y le resolvería el caso sin mucha complicación.
La realidad siempre es cambiante, tiene particularidades para cada evento, en lo social, humano, para cada conducta, etc. Entonces los jueces asumimos la responsabilidad de interpretar los hechos, el derecho y dar las mejores razones posibles para justificar una decisión. Está bien que a los jueces nos pidan explicaciones de las decisiones que tomamos, esto en una democracia es un requisito de entrada.
¿Qué tan vulnerables están los jueces ante problemas tan serios y amenazantes como el narcotráfico, la corrupción, los delitos de cuello blanco, como les llama la gente?
-Creo que este es un problema que ya tenemos encima. No quiero alarmar, pero ciertamente el poder corruptor del crimen organizado -no solo narcotráfico, sino todas las formas de crimen organizado, como son el lavado de dinero, el sicariato, el tráfico de personas, de órganos, de armas, y la corrupción pública y privada-, tiene formas de criminalidad con un gran poder letal de corrupción. Es cierto que el problema es grave y nosotros no estamos preparados para una respuesta eficaz a esos fenómenos. Por eso es que es muy importante seguir insistiendo en el fortalecimiento institucional, que se esté pensando en medidas como que los jueces penales seamos sujeto de un control sobre nuestros bienes, declarar ante la Contraloría General de la República. Y no sólo los jerarcas del Poder Judicial, sino también los jueces penales y los fiscales dedicados a casos de crimen organizado.
En el caso del juicio al expresidente Rafael Ángel Calderón, con una suspensión de la pena, en redes sociales y otras instancias el sentir era que en Costa Rica se aplica la ley a los pobres y no a los ricos o políticos influyentes. ¿Cómo analiza usted estas reacciones?
-El tema no es sólo de las penas que imponemos los jueces, sino de diseño de los tipos penales. En un robo agravado, en el que hay cierto valor de los bienes, los jueces no tenemos más remedio que imponer cinco años o más. Hay otras figuras penales que tienen que ver con otro tipo de delitos, que aunque pueden ser muy graves, tienen mínimos de pena más bajos. En esas circunstancias es el diseño de las mismas leyes, las que les imponen a los jueces un determinado juego, de mínimos y máximos.
Con razón se puede apreciar que algunos delitos que pueden significar sumas de dinero muy altas, terminan con penas bajas y otros son hechos menores y que podrían ser menos significativos desde el punto de vista económico, y tienen penas más altas.
¿Pero no urge cambiar este sistema?
-Esto es un tema de Asamblea Legislativa. Los diputados son los que hacen las leyes y tienen que analizar si hay una armonía o una razonabilidad en los distintos tipos penales y las penas existentes.
