Los gobiernos tienen la responsabilidad de dar apoyo económico a las universidades públicas.

La educación superior pública como bien social o como mercancía fue parte de la discusión que se generó en el Foro Institucional Financiamiento de la Educación Superior Pública y Desarrollo Nacional en el siglo XXI, que se llevó a cabo la semana anterior en la Universidad de Costa Rica (UCR).

La rectora de la UCR participó en el primero de cuatro bloques de discusión que se realizaron durante dos días, con el tema Hacienda pública, educación superior y modelo de desarrollo 2021.

González expuso ampliamente los aportes de la universidad pública al país por medio de sus distintos programas, y la formación a de gran cantidad de profesionales en todas las áreas.

La jerarca universitaria insistió en la necesidad de que la educación superior pública tenga los niveles suficientes de financiamiento estatal para llevar a cabo los programas que están al servicio de la sociedad.

De acuerdo con González, la Universidad genera muchos recursos por medio de la venta de servicios y la captación de dinero del exterior, pero esto nunca podrá sustituir el financiamiento estatal.

Citó una de las conclusiones de la recién realizada Conferencia Mundial de la Educación Superior, auspiciada por la UNESCO, donde queda claro el papel que debe jugar el estado en el financiamiento universitario. “La educación superior es un bien público, y un imperativo estratégico para todos los niveles de educación, y la base para la investigación, la innovación, la creatividad; por lo que los gobiernos tienen la responsabilidad de darle su apoyo económico”, recordó.

González insistió en que la educación debe ser vista como un bien social, y no como un medio para obtener ganancias bajo los criterios de la sociedad consumista.

“La educación ha sido y debe seguir siendo un derecho inalienable para los habitantes de nuestra nación, un derecho tan básico como el alimento, el vestido y la salud”, indicó la académica.

SISTEMA INJUSTO

La contraparte en esta discusión la brindó el exministro de Hacienda, Thelmo Vargas, al reafirmar su postura de reducir los presupuestos universitarios entre 1990-1991.

En su exposición, Vargas aseguró que el sistema de una educación superior costeada por el Estado “para todos” es un esquema incorrecto, pues se está subsidiando a quienes sí pueden pagar por sus estudios.

Para el exjerarca, la educación no es un “bien público” sino un “bien meritorio”, por lo que se debe subsidiar solamente a las personas de menores recursos económicos mientras que el resto de la población debe pagar por recibirla.

De igual forma considera que las universidades estatales deben cobrar por el conocimiento que transfieren a las empresas, mas no así cuando se trata de “investigación pura”, la cual no puede ser comerciada.

Abogó además porque la acción social sea subsidiada, tanto en los centros de educación pública como privada.

Isabel Román, del Estado de la Nación, mostró cómo la educación superior fue progresivamente desfinanciada durante la década de 1980 y hasta el momento aún no recupera los niveles de financiamiento relativo que tenía hace casi 30 años.

Sin embargo, reconoció que el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), ha tenido una recuperación importante en los últimos tiempos y este debe continuar para garantizar una educación de calidad a las futuras generaciones.

En otro módulo de discusión, el Rector de la Universidad Nacional, Olman Segura, también valoró necesario el reconocimiento de la educación universitaria como bien de acceso público y aseguró que para la próxima negociación del FEES debe buscarse un mecanismo de financiamiento que corrija los problemas actuales.

Para Segura es positivo que el FEES esté vinculado al Producto Interno Bruto (PIB), pero debe buscarse la fórmula que evite una inseguridad presupuestaria cuando dicho indicador se reduzca.