En aquellos momentos en donde parece ser que “solidaridad” es un valor que se puede forzar por medio del Estado y donde un grupo de políticos desea cobrarnos más impuestos en nombre de ella, considero importante reflexionar acerca de las implicaciones que ese dichoso plan fiscal (o mejor dicho, paquete de impuestos) puede traernos a los costarricenses.
No voy a ocultar las dimensiones del problema; si el Gobierno de Costa Rica fuese una persona estaría completamente quebrada. Viviría gastando nada más que el doble de sus ingresos y sus tarjetas de crédito se verían completamente colapsadas. Ahora bien, tampoco se vale esconder los otros detalles que a los impulsores de tremendo proyecto les conviene que no sepamos.
Durante los últimos treinta años, los costarricenses han recibido aumento de impuestos tras aumento de impuestos, con la promesa de que estos solucionarían el grave problema de las finanzas públicas. El mismo Ministro Fernando Herrero impulsó otro paquete fiscal durante la Administración Figueres Olsen; los resultados, como reveló hace algunos meses el analista Juan Carlos Hidalgo en su artículo “El cuento de la baja carga tributaria”, fue que la recaudación real en términos del Producto Interno Bruto había decrecido. En otras palabras, que el Estado recolectó menos dinero del que recolectaba antes de la reforma. Este episodio se repitió en la mayoría de las ocasiones en que se ha aprobado un paquete fiscal. ¿Por qué? Porque sencillamente favorecieron la evasión, el uso de instrumentos legales para obtener créditos fiscales o desestimularon las actividades económicas que pretendían gravar.
No es extraño además, que los difusores de las ventajas de la “Solidaridad Tributaria” (nombre algo irónico) se escuden a las críticas indicando que quienes pagarán por esta ocurrencia son los que más tienen. Nada más falso. La mayor parte de los ingresos provendrían del aumento al impuesto de ventas, que ahora gravará una nueva serie de servicios hasta ahora exentos, encareciéndonos la vida a todos. Nos vienen a decir que solo los ricos utilizan los servicios privados de educación y salud, los cuales se disponen a gravar. Me cuesta creer que ignoran la realidad de una buena parte de la clase media que hace el sacrificio en pro de obtener una mejor calidad a la hora de recibir dichos servicios.
Cuando hablan de ponerles impuestos a las empresas, solo mencionan la renta mundial y aquellos tributos a las zonas francas, dando el mensaje de que van a “castigar a los ricos”. Sin embargo, parece que son ignorantes respecto a que el plan que presentaron aumenta el monto para pagar por concepto de impuesto de renta a las pequeñas y medianas empresas en 50% y 25%, respectivamente. Estas entidades representan cerca del 95% del sector empresarial productivo del país. En ningún lugar del mundo, especialmente con una economía desacelerada, se están implementando esa clase de políticas. No estoy muy seguro de a quién le desea apostar el gobierno, pero a los emprendedores del sector privado definitivamente no es.
También debo criticar que tan dichosa reforma fiscal no presente reducciones del gasto público. Eso me hace sospechar que simplemente planean enmendar el problema a medias con el fin de derrochar más. El Presidente del Banco Central, Rodrigo Bolaños, ya comentó acerca de la posibilidad de promocionar medidas que él llama “anticíclicas”, las cuales incluyen disparar el gasto y ampliar la oferta monetaria. Esa fue la misma fracasada receta de la Administración Arias que nos tiene en esta disyuntiva, después de haber gozado de un superávit fiscal hace unos pocos años. De aplicarse tales medidas, lo único que se lograría es continuar acrecentando nuestra ya engorrosa deuda y aumentar la inflación.
Me atrevo a decir que en Costa Rica ya pagamos demasiados impuestos, impuestos improductivos que detienen el desarrollo del país en todas las áreas. La solución pasa por comprender que si en realidad se desea llenar las arcas del Estado, primero hay que cerrar los puntos de fuga. La solución está en una verdadera reforma fiscal que simplifique los impuestos para evitar la evasión; los reduzca para crear condiciones favorables de emprendimiento y revise todos los programas gubernamentales, punto por punto, según sus resultados y no sus intenciones, para equilibrar el presupuesto público.
