Son muchos y muy preocupantes los cuestionamientos y denuncias que públicamente se han expuesto sobre el tema de las concesiones -aeropuertos, carreteras, puertos, cárcel de Pococí-;  no obstante,  las escasas respuestas y reacciones de parte de los máximos responsables de todos esos desaciertos, parecen estar muy lejos de cumplir con el sano principio de transparencia en la Administración Pública.

En el caso de la red vial, conviene tener en cuenta que de los casi 40.000 km de caminos y carreteras del país, difícilmente se puede reconstruir y ampliar 500 km pagando directamente las concesiones por medio del cobro de peajes. Por lo tanto, es muy importante no desenfocar el verdadero y urgente desafío de dotar al país del sistema vial que requiere para su desarrollo, y la concesión no es la mágica solución para revertir los desaciertos de la gestión vial de los últimos 30 años. 
Sobre el tema de las concesiones vale señalar algunos aspectos:

-La concesión es una alternativa que el país debe saber aprovechar eficientemente, como una  más de los posibles recursos con que podría contar para atender el enorme déficit en infraestructura.

-No se trata de una oportunidad para desmantelar a las instituciones públicas y generar atractivas oportunidades de negocio para unos cuantos.

-Cuando se decide concesionar un proyecto, debe quedar bien claro y demostrado que se trata  de un buen negocio para el país, en el corto y  largo plazo. No se vale aprovechar este modelo para promover negocios oportunistas, en detrimento de los intereses y necesidades del país.

-La concesión de obras conlleva importantes amenazas, entre otras: es muy susceptible a la corrupción, requiere de una capacidad institucional de muy alto nivel técnico, con independencia política y total transparencia de la gestión que realiza.

En las negociaciones, acuerdos y disputas con las compañías concesionarias, no debe quedar ningún espacio para dudar de que los funcionarios públicos asumen la responsabilidad de defender los intereses del país.

-Las “negociaciones oportunistas” son amenazas típicas en los proyectos de concesión.

-Al concesionar una obra el Estado queda de alguna manera “atrapado” por el mismo contrato, con una condición poco favorable para negociar; de ahí la relevante importancia de formular el proyecto y el contrato de concesión con los más altos estándares técnicos y legales. Rescindir estos contratos puede conducir a sumas multimillonarias por concepto de indemnizaciones.

-En virtud de las latentes amenazas de corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de las concesiones es requisito indispensable para el éxito de esta fórmula de financiamiento de proyectos.

-En este momento no se puede ocultar el fracaso y los múltiples cuestionamientos y sinsabores que  a la fecha se han cosechado en materia de concesiones, lo que implica entre otras cosas, el haber desaprovechado la oportunidad de formular y ejecutar un plan nacional de desarrollo de infraestructura, que contase entre sus insumos con la concesión de algunos proyectos.

-La reacción de las autoridades ha sido tímida, insuficiente y tardía. El modelo de concesión requiere ser fortalecido, y para ello es absolutamente indispensable hacer un análisis profundo y amplio de lo actuado a la fecha.

-No se vale entorpecer el trabajo que realiza la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa. Por el contrario, en este tema es obvio que la transparencia ocupa el primer lugar de importancia, y desde el mismo gobierno se debería promover una amplia investigación de todo lo actuado en materia de concesiones, incluido la capacidad institucional.

Solo un diagnóstico riguroso y amplio, permitiría reformular y sanear el sistema de concesiones para bien del país. Desdichadamente el gobierno no ha mostrado interés por un análisis objetivo y a fondo de esta problemática.

-No se vale “ponerle parches” al problema de las concesiones, tratando de esconder o de justificar lo injustificable. Tal es el caso San José-Caldera, donde más allá de las indagaciones que haga la Asamblea Legislativa, requiere de una “auditoría técnica completa”,  desde la génesis del proyecto a la fecha. Por la complejidad y relevancia de las situaciones que ahí se han presentado, es absolutamente insuficiente enfocarse, como lo propone el Gobierno, en investigar lo actuado por los responsables de la fiscalización y constituir al LANAMME en “coadyuvante técnico del pleno cumplimiento del contrato de concesión”: el proyecto está inaugurado y “abierto” al público y los términos del contrato debidamente suscritos y aceptados por las partes. Además, el LANAMME es una instancia nacional de fiscalización superior, al servicio del país (pronunciamiento de la Procuraduría General de la República) y no está para coadministrar los proyectos viales; esas son funciones y responsabilidades del Ejecutivo por medio del MOPT.

-No se vale tomar decisiones nacionales a partir de diagnósticos incompletos y evasivos. La Presidenta Chinchilla responsabiliza del desastre de la gestión vial de los últimos 30 años a los Programas de Ajuste Estructural (PAE), cuando en realidad existieron muy serias deficiencias, desde la planificación de los proyectos hasta la calidad de los materiales de construcción de carreteras, que constituyen un enorme despilfarro de recursos. Si se desconoce o se oculta la realidad y magnitud de los problemas, ¿cuándo y cómo se van a implementar las soluciones urgentes y acertadas que el país requiere en materia de infraestructura?

-El país no merece ser tratado como una “masa de ignorantes”. Hay un preocupante ambiente de duda y malestar, por la forma como el Gobierno ha manejado el tema de las concesiones, a lo que se suma el menosprecio a la inteligencia de los ciudadanos, que se percibe a partir de las “explicaciones” oficiales sobre los problemas que se presentan y se denuncian, desde Alterra hasta el “singular” caso San José-Caldera.

Señores del Gobierno: lo menos que el país se merece es respeto, y para ello el primer paso debe ser una clara actitud  para reencauzar el rumbo, con la mirada puesta en los próximos 25 años. Respeto por los impuestos con que todos contribuimos, para tener una infraestructura en condiciones de competitividad real. Respeto por los usuarios de los servicios: conductores, ciclistas, peatones. Respeto por el derecho y la ingeniería. Respeto por la vida y patrimonio de los costarricenses.