Sectores de poder intentan debilitar la Sala IV con reformas, afirman expertos

“El proyecto tiene cosas positivas, como agilizar los procedimientos, y dividir la Sala Constitucional en dos tribunales (secciones) para que pueda tramitar más rápidamente

El proyecto de reforma a la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que conoce con carácter prioritario la comisión de asuntos jurídicos de la Asamblea Legislativa, tiene serios problemas que –de aprobarse así- se convertirían en un grave retroceso en materia de protección a los derechos fundamentales, advierten políticos y estudiosos del tema.

“El proyecto tiene cosas positivas, como agilizar los procedimientos, y dividir la Sala Constitucional en dos tribunales (secciones) para que pueda tramitar más rápidamente los recursos de amparo y hábeas corpus; pero, están metiendo otras cosas que son totalmente nefastas para los ciudadanos comunes y corrientes”, aseguró José María Villalta, diputado del Frente Amplio.

Villalta y Víctor Emilio Granados, del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), formaron parte de la subcomisión nombrada para rendir un informe sobre las diversas propuestas de reforma  a la Ley presentadas al Congreso, documento que fue incorporado por la comisión como base para la discusión.

 

Ambos manifestaron que no comparten todos los puntos del informe, que fue firmado por Luis Fishman, del Partido Unidad Social Cristiana; Francisco Chacón, de Liberación Nacional; y Carlos Góngora, del Movimiento Libertario.

Según Villalta, Fishman es la cara visible que más ha impulsado el proyecto, aunque personalmente le preocupa que lo ve “muy a tono” con lo que le ha oído decir a los hermanos Arias y a la clase política que tiene el poder en este país.

“Es un proyecto que va en la lógica de Rodrigo Arias, que ha dicho que este país es ingobernable y que necesitamos ponerle límites a la Sala, reformar la Constitución para poder gobernar a sus anchas. Lo cierto es que a la  Sala se le han cuestionado muchas decisiones, pero se habrían dado abusos peores si no se le hubiera puesto límite a esa clase política, que está acostumbrada a gobernar el país como una finca de su propiedad, y es la que está promoviendo esa reforma, para quitarse de encima controles”, afirmó.

El abogado Jaime Ordóñez consideró que Costa Rica volvería atrás varias décadas en protección jurídica.
Todos los partidos políticos, el plenario legislativo y la propia Sala Constitucional deberían estar alerta y corregir los yerros del proyecto, dijo Ordóñez, director de la cátedra de la Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Señaló como el primer gran error, que el proyecto prácticamente elimina el derecho de los ciudadanos para interponer directamente acciones de inconstitucionalidad contra leyes y otras normas jurídicas que transgredan o amenacen intereses difusos o de la colectividad.

Detrás de esta propuesta de reforma parece esconderse la intención de algunos actores de la clase política que les empieza a parecer incómoda la Sala Constitucional y quieren debilitarla. Ello se evidencia con el duro golpe que pretende darle a este órgano al limitarle sus potestades para ordenar al Estado el cumplimiento de obligaciones cuando se trate de inconstitucionalidades por omisión.

Por otro lado, parece esconderse también un interés por debilitar la Sala IV proveniente de algunos sectores económicos, como los que buscan intervenir en la minería y en otros bienes estratégicos o de interés público como el agua o el medio ambiente, a los cuales les gustaría moverse por el mundo a sus anchas, sin estado de derecho, sin restricciones jurisdiccionales o de cualquier tipo, comentó Ordóñez.

En sentido semejante se pronunció el exdiputado José Miguel Corrales, uno de los artífices de la Ley de Jurisdicción Constitucional que hace 20 años dio vida a la Sala IV, quien aseguró que la derecha pretende debilitar la Sala porque puede ser un obstáculo para los negocios derivados del  tratado de libre comercio con EEUU (ver nota aparte “Quieren despedazar la Sala IV”).

Corrales es uno de los primeros expertos llamados por la comisión a opinar sobre el proyecto, además de Ana Virginia Calzada, presidenta de la Sala IV, y Luis Paulino Mora, presidente de la Corte Suprema e integrante del mismo tribunal constitucional.

El Magistrado Mora, tras una primera comparecencia realizada el miércoles de la semana pasada, consideró el proyecto como “una buena base para la discusión”,  pero señaló varias propuestas inconvenientes. Entre ellas, imponer el requisito de agotar la vía administrativa para poder acudir a la Sala Constitucional. “Tratándose de derechos fundamentales, el ciudadano debe tener la posibilidad de ir a la jurisdicción constitucional y que sea él quien si tiene otras posibilidades haga el escogimiento necesario. Pero si opta por la jurisdicción constitucional no deberíamos cerrar la puerta”, señaló.

Especial crítica hizo a la propuesta de recurso de amparo para el derecho de respuesta a artículos de opinión y no informaciones generadas por los periodistas.

El artículos 66 del proyecto propone “el derecho de rectificación o respuesta a informaciones, artículos o espacios pagados o de opinión inexactos o agraviantes” emitidos por medios de difusión que se dirijan al público en general.

Esta disposición –consideró Mora- lo que provocará es una censura de los directores de los medios, que restringirán las publicaciones para no verse expuestos a estar publicando respuestas a campos pagados o artículos de opinión, lo que a la larga va en perjuicio de la libertad de expresión y de comunicación.

POLÉMICA

El diputado Villalta dijo que en la comparecencia Mora les dio la razón a él y Granados en muchas de las cosas que han estado señalando, a un proyecto que es en sí polémico y que han estado tratando de aprobar a la carrera en la comisión.

Por ejemplo, que se pretenda eliminar la suspensión del acto impugnado, cuando muchas veces el recurso de amparo permite suspender actos arbitrarios que afectan al ciudadano, lo cual debilita la protección de los derechos de los ciudadanos.

Asimismo, que se quiera limitar la capacidad de la Sala de ordenar a funcionarios que están incumpliendo sus obligaciones por omisión, que atiendan los derechos de los administrados. Por ejemplo, el caso de personas que no están recibiendo medicamentos de la Caja del Seguro Social y que los necesitan para seguir viviendo, pero si los mandan a esperar a que la administración resuelva, pues se mueren.

“Es muy preocupante que se quiera eliminar el amparo por los intereses difusos. Nosotros no vamos a permitir que eliminen la posibilidad de que los ciudadanos directamente puedan cuestionar leyes que dañan el ambiente, los bienes públicos, el patrimonio nacional, la seguridad social”, indicó.

Por su parte, Granados apuntó que debe darse una discusión muy reposada en la comisión de jurídicos, donde “hay diputados que estamos buscando objetivos distintos.”

“En mi caso  creo que sí debe haber una reforma a la Sala. Dividir la Sala en dos es un buen paso que de alguna manera va a facilitar el trámite sobre todo de recursos de amparo, y va a permitir que haya una sección de la Sala que se concentre en lo que son acciones de inconstitucionalidad”, explicó.

Fishman, a su vez, dijo que la comparecencia del presidente de la Corte “da algunas ideas adicionales para hacer que la Sala trabaje más eficientemente. En cuanto al fondo, creo que prácticamente estamos de acuerdo en la gran mayoría de los puntos.”

Preguntado sobre cuánto tiempo estima que se llevará la aprobación de la reforma, dijo que hay interés del Gobierno en que este proyecto avance rápido, pero hay que hacer las cosas bien hechas. “Vamos a escuchar a quienes hay que escuchar y en ese sentido hemos empezado y creo que vamos a llegar a un proyecto que va a ser aceptado por la gente que conoce de derecho constitucional en el país”, comentó.


José Miguel Corrales: Quieren destruir la Sala IV

“Quieren tirar por la borda la conquista del derecho costarricense de las garantías sociales e individuales de la Constitución Política.”

“Lo que quieren es despedazar la Sala”, aseguró José Miguel Corrales, exdiputado dos  veces y excandidato presidencial, al subrayar que es un tema político lo que subyace a la reforma de la Ley de Jurisdicción Constitucional que discute la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.

“En mi concepto lo básico es un tema político. A la derecha le sirvió la Sala para las tropelías del TLC y las reformas a la Constitución (para el restablecimiento de la reelección presidencial), pero cuando la Sala se integra distinto, y hay alguna gente que no está pensando en Casa Presidencial y en Óscar Arias, y resuelve por ejemplo el tema del debido proceso en el caso de JAPDEVA, ya la cosa se le va complicando.”

Hay que recordar –añadió Corrales- que el  TLC no es un tratado de libre comercio, sino que es esencialmente un negociado de telecomunicaciones, electricidad, seguros, lo que pasa es que el cronograma no lo pudieron cumplir, porque lo querían hacer en el gobierno de Óscar Arias, pero al celebrarse el referéndum sobre el TLC se tardó dos años, y entonces se aprobó el TLC pero los negocios los están tratando de hacer ahora, y si hay acciones de inconstitucionalidad se les pueden venir abajo.

Mencionó como resoluciones “muy difíciles” para la derecha que ha emitido la Sala últimamente, la que echó abajo la destitución del sindicato de JAPDEVA, donde el tribunal dijo que no se observó el debido proceso y restituyó a la directiva sindical opuesta a la concesión de los puertos que persigue el Gobierno.

Otro fallo incómodo para el poder fue el relativo a la ilegalidad de los retenes policiales, donde la Sala les dijo a las autoridades que deben respetar la intimidad de las personas y no pueden detener arbitrariamente a cualquiera si no hay orden de un juez”, dijo Corrales.

Aunque Corrales dice que la Sala requiere reformas, pero sostiene que con el proyecto propuesto “quieren tirar por la borda la conquista del derecho costarricense de que las garantías sociales e individuales de la Constitución Política, principalmente contra los abusos del gobernante de turno, tengan vigencia. Es grave lo que están haciendo”, subrayó.

“Por ejemplo, están permitiendo en el amparo recurso de apelación, o sea, que habría un tribunal que va a conocer las acciones de amparo, y lo que diga dando lugar al amparo se apela. Entonces eso iría a la Sala Constitucional, y en esa apelación van a durar dos, tres, cuatro o cinco años, y cuando venga a resolver el superior ya lo que estabas defendiendo se lo llevó el carajo.”

“Si hubiera tenido apelación el caso de JAPDEVA,  por ejemplo, el Gobierno hace el muelle, la ciudad puerto y todas las concesiones y cuando termine de resolver la Sala ya está todo hecho. Por eso ahora no les sirve la Sala, puede ser un tropiezo para ellos, porque en cualquier momento les puede echar atrás cualquier decisión y por eso digo que pretenden destruirla para poder actuar por la libre.”

¿Es una reforma recesiva la propuesta?

-Por supuesto, en lo de los derechos difusos, por ejemplo (eliminar la posibilidad de que la persona pueda presentar un recurso en defensa de un derecho colectivo que se considere violado). Y además tenés que agotar la vía administrativa, pueden hacer alguna vista, en fin, todo  lo que tuvimos en mente a la hora de hacer la jurisdicción constitucional, que era una vía expedita donde la gente tuviera protección contra los abusos del gobernante de turno en forma rápida, se la tiran abajo.
Si te dicen que hay que agotar la  vía administrativa para poder presentar el recurso. Si te dicen que podés presentar apelación, si te dicen que tenés que presentar pruebas, entonces lo que tenés es un juicio ordinario, que puede durar años.

¿No comparte el criterio que la Sala se ha excedido en sus competencias y hay que marcarle mejor la cancha?

-Por supuesto; yo soy tal vez de los críticos de la Sala el más acervo, porque la Sala no tiene competencia para resolver la reforma constitucional, no tiene ninguna competencia para meterse en materia electoral, pero hay una solución para eso. La manera de corregir los abusos de jueces que tienen otras intenciones -para no calificarlos mal- es meterles el delito de prevaricato, pero eso es mediante una modificación al Código Penal.
Señoras y señores, aquí está la ley de la jurisdicción constitucional y ustedes tienen que resolver de acuerdo con lo que ella dice. Si ustedes se desvían de ahí, van a ir a parar a la cárcel. A ver si se animan a hacerlo.

¿Cree necesario cambiar la estructura de la Sala?

-Lo primero que propongo es que sea un órgano adscrito al Poder Judicial, no integrante del Poder Judicial como ahora, hay que sacarlo de ahí. Y  eso que el que habla fue el que propuso que estuviera adentro, pero creo que cometimos un error en esa materia.
Segundo, deben crearse secciones para que conozcan amparos, hábeas corpus y acciones de inconstitucionalidad, para lo cual habría que aumentar en dos magistrados los magistrados de la Sala, para en lugar de siete sean nueve.
El pleno de la Sala serían los nueve, y cada una de las secciones compuesta por tres magistrados. El pleno conocería de consultas en materia de derecho internacional, tratados, consultas de constitucionalidad de la Asamblea Legislativa, que habría que regularlas un poquito, porque en realidad se ha abusado con estas consultas.

En fin, que sí es necesario reformar la ley…

-Totalmente de acuerdo. La última vez que estuve en la Asamblea yo ya presenté reformas en este sentido. Claro que no se aprobaron, porque si se hubieran aprobado se hubiera tenido que hacer una reforma constitucional.
El día que yo vaya (a la comisión legislativa para hablar del proyecto)  lo voy a sugerir (hacer una reforma constitucional y reformar el código penal).

 


 

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