Experta asegura que el costo por daño mínimo a la salud sería igual al que se ha estimado en caso de una demanda de la empresa minera al Estado.
Una eventual contaminación de mantos de agua con cianuro, u otros efectos nocivos que pudiera causar la operación de la mina de oro a cielo abierto en Las Crucitas de Cutris, podría causar un daño a la salud de las personas estimado en un mínimo de $1.700 millones.
Esta es la conclusión que saca la economista especializada en riesgo, Anáis Villalobos, tras calcular cuánto costaría al país el atender la salud de 65.000 personas, con un apenas un 10% de daño.
La cifra de $1.700 millones coincide con el monto que el primer vicepresidente de la República, Alfio Piva, había estimado como posible indemnización a la empresa minera Industrias Infinito en caso de que el país decidiera revocarle los derechos de explotación.
Villalobos explicó a UNIVERSIDAD que para realizar su cálculo, utilizó una metodología reconocida tanto nacional como internacionalmente, para cuantificar el daño a la salud de una persona en un proceso judicial.
“Es la metodología que se utiliza en el Instituto Nacional de Seguros y en nuestro sistema judicial. Al daño a la salud se asigna un porcentaje que se introduce en la ecuación, y así se calcula un monto económico que corresponde a ese daño”, explicó la experta.
En este caso, Villalobos estimó la afectación a solo 65.000 personas en las zonas cercanas a Crucitas, que se vieran afectadas por contaminación, con un daño del 10%, lo cual indicó son cifras bastante conservadoras.
La economista recordó que una contaminación con cianuro a la cuenca del río San Juan podría afectar a muchas más personas de las calculadas, y sin que se tengan claros los efectos que tendrían cantidades no mortales de esta sustancia en el organismo.
“No sabemos a ciencia cierta qué produce el cianuro además de la muerte. Si calculáramos la muerte de la misma población estimada, la empresa tendría que pagar más de ¢10.000 millones”, aseguró Villalobos.
Otros posibles causantes del deterioro en la salud podrían ser la lluvias ácidas, la contaminación del agua por drenaje ácido, el levantamiento de grandes cantidades de polvo, entre otros.
“La estimación que estamos haciendo es bastante conservadora y cualquier perito experto en la materia puede corroborar los datos. Esto quiere decir que la empresa minera con sus ganancias máximas, no tendría capacidad de compensar un daño mínimo a la salud de la gente”, declaró.
FONDOS INSUFICIENTES
La experta criticó el hecho de que en Costa Rica por lo general no se toma en cuenta la variable salud a la hora de realizar un balance de las inversiones que se hacen, aunque aclaró que esto podría deberse a que la gran mayoría de empresas que llegan al país no se dedican a actividades tan riesgosas.
Villalobos mencionó que en Guatemala se realizaron estudios en comunidades indígenas aledañas a proyectos mineros, en las que se determinó daños a la salud por la presencia de metales pesados.
También criticó el hecho de que Costa Rica solo pidió a la minera un fondo de $600.000 para atender este tipo de daños, mientras que en países como Perú, donde la fragilidad ambiental es menor, se han solicitado fondos contingentes de hasta $1.000 millones.
“Es claro que la empresa no tendría capacidad para asumir este costo, y que al final lo asumiría el Estado; pero además hay que tomar en cuenta que en este cálculo no incluimos el daño ambiental y el daño moral”, expresó.
La economista llamó la atención en cuanto a que la empresa minera, de capital canadiense, dirija sus inversiones hacia Canadá, pues en ese país los montos que se piden para compensar los daños son mucho más altos que en Costa Rica.
En cuanto al daño moral, aseguró que se debe considerar que la afectación a la salud puede repercutir en la productividad de la persona en el largo plazo, por lo que algunos tribunales lo han cuantificado en el mismo monto que resulte del cálculo del daño físico.
“Es decir, que en este caso el daño moral sería por otros $1.700 millones”, puntualizó.
Para Villalobos no cabe duda de que Costa Rica ha valorado estos riesgos a la hora de declarar de “conveniencia nacional”, la cual se justifica por algunos millones de dólares que ingresarían al fisco y cerca de 200 empleos.
Villalobos presentó estas cifras al vicepresidente Alfio Piva, como parte de la solicitud que hicieron ambientalistas y el expresidente de la República, Abel Pacheco, de derogar el decreto de “Conveniencia Nacional” al proyecto Crucitas.
Pacheco pide derogar decreto de “conveniencia nacional”
El expresidente Abel Pacheco, en compañía de ambientalistas y especialistas del grupo “Llamado Urgente por el País”, presentaron al Gobierno una propuesta de decreto, para derogar la declaratoria de “Conveniencia Nacional” que otorgó la administración Arias Sánchez al proyecto minero en Las Crucitas.
El texto fue entregado al primer vicepresidente, Alfio Piva, y contiene una amplia fundamentación en la que se reitera la potestad y dominio que tiene el Estado sobre sus recursos naturales y la defensa del interés público por encima del interés privado.
La propuesta de decreto indica además que la declaratoria anterior no cuenta con el estudio costo-beneficio establecido por el artículo 104 del Código de Minería en relación al afectación del bosque.
“Derogar el Decreto Ejecutivo No. 34801 – MINAET, por medio del cual se declara de interés público y de conveniencia nacional al Proyecto Minero Crucitas, localizado en Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela, Costa Rica”, dice el artículo 1 de la propuesta.
“Consideramos que Crucitas es un proyecto terriblemente peligroso, destructivo, y que aceptar esta imposición basada en una serie de cosas ilegales, pues sería entregar el país y dejarle a nuestros hijos y nietos una terrible herencia”, dijo Pacheco.
El exmandatario cuestionó la declaratoria de Conveniencia Nacional otorgada por el gobierno de Oscar Arias en octubre del 2008.
“¿Cómo se puede considerar de interés público la destrucción de todas las áreas de nuestros bosques, de toda la fauna, el envenamiento de nuestras aguas con metales pesados, el envenenamiento para futuras generaciones?”, cuestionó Pacheco.
El expresidente recordó que Costa Rica ya tuvo una mala experiencia con la mina Bellavista, en Miramar de Puntarenas, la cual era operada por una empresa canadiense y ofrecía condiciones similares a la mina Crucitas.
Pacheco también hizo un llamado al gobierno para que no haga caso de las amenazas de demanda si deroga el decreto, pues aseguró que estas son solo intentos de asustar a las autoridades.
“Les recuerdo que en mi gobierno nos iban a demandar por impedir el destrozo de los arrecifes del Mar Caribe que provocaría una explotación petrolera. Me iban a demandar por 57 mil millones de dólares, me pegaron un susto, pero de ahí no pasó”, afirmó.
Pacheco declaró que el vicepresidente Piva es “una buena persona”, pero indicó que debe estar sometido a muchas presiones que le impiden tomar una decisión como la que se pretende.
UNIVERSIDAD consultó al vicepresidente Alfio Piva sobre su respuesta a la propuesta entregada por el expresidente Pacheco, a lo aseguró que analizará con detalle el texto que le fue entregado.
Sin embargo, Piva indicó que el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla ha decidido tomar acción alguna sobre el decreto, hasta tanto no se resuelva el juicio que actualmente se desarrolla por este caso.
“Nosotros hemos pensado no derogarlo porque está en juicio. Si tomamos la decisión de derogarlo y el tribunal decide que está bien, quedamos mal; igual si sucede a la inversa, por lo que mejor vamos a esperar”, afirmó el vicepresidente.
Abel Pacheco, en cuyo gobierno se declaró una moratoria a la actividad minera a cielo abierto, se manifestó esperanzado de que no todos “se haya echado a la basura, y tengamos la oportunidad de rectificar ahora que estamos a tiempo”.
