En la justificación del canon por regulación de los servicios, que la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, pretende cobrar a las empresas reguladas, según documento dirigido a la Contraloría General de la República y titulado “Proyecto Ajuste al Canon Sutel 2009”, de abril 2009, en su Capítulo I, Introducción, se dice: “Los egresos que respaldan la presente modificación al canon al cobro ascienden a 5.256,9 millones”, para “siete meses, a partir del 1 de junio del 2009”. Bien podrían ascender entonces esos gastos a $15 millones al año, en vez de los $2.4 de hoy.
Por otra parte, los aportes que la Ley exige de los operadores al Fondo Nacional de Telecomunicaciones, Fonatel, representarán un estimado de otros $15 millones. Si tales aportes se utilizaran como los ha aplicado el ICE, para garantizar a los costarricenses más pobres un acceso efectivo a los servicios básicos de telefonía fija y celular se justificarían, pero a hoy no se sabe cómo se usarán y en el respectivo reglamento solo hay garantía de que instituciones de bien público puedan acceder a tales fondos, pero difícilmente los usuarios. En América Latina, el 89% de tales recursos engruesan jugosos fondos que se mantienen ociosos.
Y como si fuera poco, por el uso del espectro radioeléctrico, deberán pagar los operadores otras sumas que nadie imagina todavía, pues su fórmula de cálculo contiene parámetros subjetivos, que se podrán fijar en cualquier valor, -a criterio de la Sutel-, pero que bien podrían sumar cientos de millones de dólares.
Todos estos son costos adicionales que acarrea el nuevo modelo de desarrollo en el área de las telecomunicaciones y que deberán salir del bolsillo de los usuarios de los servicios, a partir –supuestamente-, de junio de este año.
Si el mercado nacional de las telecomunicaciones se estima hoy en mil millones de dólares, bien podrían llegar a representar estos tres costos extra, el 15 % o el 20%. Y estos costos adicionales, todavía no consideran la rentabilidad de los operadores privados, pues al menos por un año más el ICE mantendría buena parte del mercado, por lo que serán los usuarios del ICE o la institución misma, quien deba cubrir buena parte de tales costos.
El panorama cambiará radicalmente cuando a partir del año entrante, según los planes del gobierno, se otorguen concesiones a tres nuevos operadores de telefonía celular, pues al entrar esos nuevos agentes privados al mercado, no solo cobrarán tarifas propias de empresas privadas, sino que harán subir las actuales tarifas mínimas –subsidiadas-, del ICE, dado que al considerar sus propias utilidades y exigir que el ICE cumpla con la Ley 8642, -que prohíbe los subsidios-, demandarán del ICE subir sus tarifas básicas, para que no compitan deslealmente con las suyas.
Poco a poco tendremos más claro los costarricenses, las consecuencias tanto tiempo atrás advertidas, del nuevo modelo, de lo que en otro tiempo fueron los servicios “públicos” de telecomunicaciones, pero que ya dejaron de serlos.
Y por el contrario, para los costos de interconexión, que deban pagar al ICE los operadores que compitan con él, todavía no se sabe si se mantendrán las exiguas y obsoletas tarifas que le estableció la ARESEP al ICE –para fines internos, no comerciales-, unas dos décadas atrás.
