En los últimos años hemos sido testigos del incremento de infraestructura, actividades y obras que tienen un significativo impacto ambiental, desde grandes proyectos turísticos y crecimiento habitacional en la GAM hasta la agroindustria de la piña en el país.
A su vez, por medio de los “mass media”, se han evidenciado los diversos conflictos socio ambientales que se generan producto de este “desarrollo”.
Detrás de cada uno de estos proyectos existe una evaluación de impacto ambiental, ya sea mediante un instrumento de evaluación ambiental preliminar, un estudio de impacto ambiental o un plan de gestión ambiental. En cada uno de ellos, pero primordialmente en proyectos de medio– alto impacto ambiental hay un “Estudio sociológico” que forma parte de la evaluación ambiental, y es entregado para su revisión en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)
Esto quiere decir que proyectos como “Crucitas”, “Piñera Tico Verde”, “Papagayo”, “Punta Cacique”, “Marina Los Sueños”, suponen la realización de un Estudio sociológico, que consiste en el desarrollo de varios puntos, basados en el Decreto Nº 32966- MINAE, “Guía para la elaboración de instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental”.
Quiero mencionar ahora en qué consisten estos estudios de una manera general, para en un artículo posterior analizar a fondo sus implicaciones socioambientales y sus eventuales conflictos sociales, principalmente sobre un aspecto medular, y es que la evaluación de impacto ambiental en Costa Rica no está orientada hacia la planificación y toma de decisiones, sino hacia la mitigación de impactos de proyectos que ya se decidieron ejecutar de antemano.
El estudio sociológico se compone de una descripción del ambiente socioeconómico, uso actual y tenencia de la tierra en sitios aledaños, características de la población, caracterización general de los patrones culturales y sociales que puedan verse afectados por el proyecto, así como identificación de actividades económicas en la zona, que contempla a su vez el requerimiento de mano de obra, así como las condiciones de pobreza e ingreso de la población, pero sobre todo la incidencia del proyecto en las condiciones económicas del área de influencia social.
También debe contemplar los siguientes aspectos: seguridad vial y conflictos de circulación vehicular, que corresponden a las características de la red vial, niveles de seguridad y conflictos actuales de circulación, y analizarlos en función de la ejecución y operación.
Una vez que se tiene la caracterización de las principales variables socioeconómicas que permite identificar y evaluar el contexto donde se insertaría el proyecto, además de la caracterización de los servicios de emergencia y servicios básicos disponibles, se debe recurrir a un análisis de “Percepción local sobre el proyecto y sus posibles impactos”, donde se indaga sobre las percepciones, posiciones, actitudes y preocupaciones de los habitantes del área de influencia social, tomando en cuenta, los potenciales impactos ambientales que podría generar dicha ejecución. Además se debe identificar las necesidades de información que tiene la población sobre el proyecto, caracterizando los posibles conflictos sociales que se puedan resultar de la ejecución.
En cuanto a la infraestructura comunal hay que identificar caminos, puentes, centros educativos y salud, parques, viviendas, sitios de recreación, que pueden ser afectados. Así como indicar si es necesario el desplazamiento de personas, familias o comunidades, lo que requiere de un análisis social de esos actores y su opinión respecto a la situación que les plantea el proyecto.
En los últimos apartados hay que caracterizar los sitios históricos y culturales en el área de influencia y analizar el efecto del proyecto, y finalmente se debe identificar y caracterizar los principales recursos paisajísticos. Con la información obtenida se debe presentar un mapa de áreas socialmente sensibles a los efectos del proyecto.
En función de estos estudios, se identifican impactos socio ambientales y sus respectivas medidas de mitigación, compensación o corrección, que se convierten mediante declaración jurada de compromisos ambientales en acciones legales que el desarrollador se compromete a ejecutar.
Exfuncionario de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)
