Cuatro funcionarios académicos y administrativos de la Universidad  Nacional (UNA) solicitaron al Consejo Universitario de esa institución anular la resolución que absolvió a la Vicerrectora Académica, Sandra León, y candidata a la Rectoría, por el informe de la Contraloría Universitaria que reveló irregularidades en la admisión de estudiantes dadas en el Departamento de Registro.

UNIVERSIDAD publicó en la pasada edición (1851) sobre el contenido de un informe del ente contralor en el que se enumeran una serie de anomalías en la admisión de educandos a esa casa estatal superior de estudios.

Estudiantes que no presentaron su título de bachillerato, que reprobaron las pruebas de admisión y de ingreso a carrera y hasta casos de títulos de bachillerato falsos; son parte de las denuncias del informe que circuló gracias a un anónimo, y que fue declarado “confidencial” por las autoridades universitarias.

En el informe es mencionada como presunta responsable la vicerrectora León, a quien se le aplicó un procedimiento abreviado por parte  del Consejo Universitario, y fue absuelta de toda responsabilidad en el caso.

NULIDAD

Los funcionarios que presentaron la apelación, encabezados por el presidente de la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Carlos Cruz; consideran que el procedimiento aplicado a la vicerrectora no fue el correcto.

Para los apelantes, los hechos denunciados por la Contraloría son muy graves, pues afectan los derechos de jóvenes de todo el país que aspiraron a ingresar a la UNA, bajo el supuesto de que el proceso de admisión se realiza de forma transparente y en igualdad de condiciones para todos.

“Por la forma sumaria y abreviada en que se condujo la investigación, no se ha podido establecer la verdad real sobre lo acontecido en el Departamento de Registro, según la relación de hechos del Ente Contralor”, indican los funcionarios en su solicitud.

Los trabajadores alegan que la absolutoria a la Vicerrectora fue una “solución” para esta funcionaria, pero no para la institución, pues consideran que los hechos citados aún siguen impunes.

“El procedimiento administrativo abreviado (…), está diseñado para investigar y sancionar faltas menores, que no impliquen la imposición de sanciones de suspensión o despido y no se aplica a funcionarios de elección popular (como es el caso de la vicerrectora)”, argumentaron los denunciantes.

De acuerdo con el documento, lo que cabe en este caso es un “proceso plenario conducido por un tribunal”, en el que estén representados académicos, estudiantes y administrativos.

“Por lo anterior, sostenemos que se violó el procedimiento al establecer para el caso de las señora Vicerrectora, un órgano instructor unipersonal, integrado por un representante académico, subordinado a la propia investigada”, critican los apelantes.

Con estos argumentos los funcionarios esperan que el Consejo Universitario anule la resolución del órgano instructor que encabezó el académico Fabio Chaverri, con el cual se absolvió a la jerarca y aspirante a la rectoría en las elecciones de este 4 de junio.