EE.UU. Secreto de las fuentes bajo la lupa

John Ashcroft, Ministro de Justicia de tendencia ultraconservadora muy cercano a Bush, renunció a dirigir la investigación sobre el caso Plame. La policía estadounidense,

John Ashcroft, Ministro de Justicia de tendencia ultraconservadora muy cercano a Bush, renunció a dirigir la investigación sobre el caso Plame.

La policía estadounidense, (Buró Federal de Investigaciones o FBI) pidió al gobierno que libere a los periodistas del compromiso de mantener en secreto la fuente oficial que les reveló el nombre de una agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, esposa de un embajador de ese país que denunció abusos en los informes sobre el armamentismo de Irak.

El caso sigue provocando revuelo en los Estados Unidos. Funcionarios de la Casa Blanca podrían estar detrás de la revelación de los lazos de Valerie Plame con la Central de Inteligencia (CIA), con la intención de debilitar la posición de su marido, Joseph C. Wilson, entonces embajador de EE.UU. Wilson, quien tenía la tarea de investigar las denuncias de que el gobierno de Irak buscaba comprar en África uranio para la elaboración de armas nucleares, se transformó en un crítico de la posición de Washington, convencido de que las afirmaciones eran apenas pretextos para la invasión.

El Departamento de Justicia de EE.UU. inició en septiembre pasado una investigación sobre el caso, después de que el periodista Robert Novak dijera, en julio, que dos funcionarios gubernamentales le habían revelado que la esposa de Wilson era una agente de la CIA. La filtración tenía como objetivo sugerir que el embajador debía su cargo a las conexiones de su mujer y debilitar así su posición.

Lo que no parecía mas que una intriguilla, en medio de las maniobras de la Casa Blanca para inventar argumentos que justificaran la invasión de Irak, derivó en un debate sobre la prensa y la preservación de las fuentes de información de los periodistas.

 

Pero, en este caso el gobierno de Bush, acosado por quienes lo acusan de haber filtrado la información sobre la agente de la CIA, afirma estar dispuesto a liberar a los periodistas del compromiso de mantener en secreto la fuente y confirmar así si fue algún funcionario de la Casa Blanca el responsable de la filtración.

La semana pasada el polémico ministro de Justicia, John Ashcroft, un religioso ultraconservador muy cercano a Bush, renunció a dirigir la investigación, que quedó a cargo de un fiscal especial, Patrick Fitzgerald. Para los demócratas, Ashcroft debía haber tomado esa decisión mucho antes, para evitar un conflicto de interés en una investigación que involucra a funcionarios de la Casa Blanca.

Si bien es un delito revelar la identidad de agentes encubiertos del gobierno, en este caso parece que quien lo hizo quedará eximido de responsabilidades, pues se esgrime la tesis de que no sabían que ella era una agente secreta.

PRENSA

Esta discusión pone de relieve nuevamente, la importancia que tiene para la prensa proteger las fuentes de una información. Si esta relación de confianza se rompe, si un periodista pierde su credibilidad por revelar la identidad de una fuente que le habló a condición de mantenerse en el anonimato, nunca más contará con la confianza de ninguna otra fuente y quedará, de hecho, sin posibilidades de ejercer de forma adecuada su profesión.

Ante esta realidad, los agentes del FBI pretenden, en este caso, que la Casa Blanca libere oficialmente y por escrito a los periodistas de cualquier compromiso de mantener su fuente en secreto, como la única forma de descubrir la identidad de quién reveló las funciones de Valerie Plame como agente de la CIA.

Esta filtración de una información parece un incidente menor en el debate cada vez más intenso sobre la actuación de la Casa Blanca en el caso de Irak. Si hubiese todavía alguna duda sobre el engaño deliberado en torno a las informaciones sobre las armas de destrucción masiva que Irak supuestamente construía, todos los días surgen nuevas informaciones que confirman el abuso permanente de la administración Bush en torno a la supuesta existencia de esas armas.

El debate sobre la prensa se extiende a otros aspectos en Estados Unidos, donde la figura de Ashcroft es duramente criticada como una amenaza para la prensa. Un artículo publicado días después de su nombramiento como Ministro de Justicia, firmado por el periodista Jason Vest, señalaba que, para Ashcroft, parecía no haber distinción entre servir al público o servir a su particular Jehová. Y este particular Jehová, añadió el periodista, «parece pensar que yo, y cualquiera que no esté de acuerdo con su Apóstol en la tierra, necesita algún tipo de reeducación».

Pero Ashcroft no es el único en la administración Bush con esas tendencias religiosas y neoconservadoras, que son encabezadas por el mismo presidente.

Este debate se da también en un ambiente cada vez más enrarecido gracias a las medidas de lucha antiterrorista que abarcan los más diversos sectores de la vida.

Esta semana entraron en vigencia nuevas disposiciones para controlar el ingreso de personas en los Estados Unidos. Los viajeros latinoamericanos son parte de los que deben registrar las huellas digitales de su dedo índice y dejarse tomar una foto, cada vez que entran o salen de Estados Unidos.

Pero esta es solo la última directriz del recientemente creado Departamento de Seguridad Interna, una oficina con unos 180 mil funcionarios encargados de controlar la seguridad en las fronteras y dentro de los Estados Unidos.

Un listado de algunos de los cambios introducidos en la legislación después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, resumidos por una agencia de prensa de EE.UU., destaca cinco áreas en las que se introdujeron modificaciones que amenazan las libertades individuales. Entre ellas está la posibilidad de encarcelar ciudadanos americanos sin acusaciones específicas, la de monitorear las actividades de organizaciones civiles o políticas sin que existan sospechas de actividades criminales, la detención de centenares de personas sin acusaciones en su contra y el estímulo a los funcionarios públicos a resistirse a la demanda de información por parte del público.

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