La defensa del brigadier Miguel Krassnoff Martchenko, uno de los cincos militares acusados de la desaparición de Miguel Enríquez, principal dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), en 1974, dijo que el oficial solo ejecutó lo que había aprendido en el ejército. La tesis despertó el interés el propio presidente Ricardo Lagos, pues parece avalar el criterio de que las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura militar chilena no fueron el resultado de excesos individuales, sino una política de estado.
Y es que han pasado más de 30 años para que se pudiera establecer, finalmente, que la tortura en Chile, durante la dictadura militar, fue una política de estado y una práctica sistemática aplicada a casi 30 mil presos políticos.
Este es el resultado de la investigación realizada por una comisión especial creada por el presidente Ricardo Lagos, quien pidió a todos los chilenos que hubiesen sufrido tortura durante la dictadura militar que informaran de esos hechos a la comisión. Detrás de la propuesta está la idea de cuantificar eventuales compensaciones económicas a las víctimas que hasta ahora no hayan sido incluidas en otros planes de reparación.
Por primera vez en Chile se va a conocer la verdad sobre la tortura, afirmó el Ministro Secretario General de gobierno, Francisco Vidal.
«Se conoce cada día más la verdad judicialmente sobre el destino de los detenidos desaparecidos; se conoce también y se ha restituido la dignidad de los exonerados, a los que fueron exiliados injustamente». Pero, agregó, había un tema en materia de derechos humanos sobre el que el Estado nunca había dado cuenta: la tortura, explicó el ministro, al anunciar que el informe será entregado al presidente este mes, pero que solo será dado a conocer a los 15 millones de chilenos después de las elecciones municipales del 31 de octubre.
El resultado de esta investigación, estiman los observadores, no podrá dejar de tener profundas repercusiones en las Fuerzas Armadas, que hasta hoy se resisten a reconocer su papel en la represión durante el régimen de Pinochet.
El estudio tuvo como precedente el llamado «Informe Retting», elaborado cuando Augusto Pinochet era jefe del ejército y que se hizo público en 1991, sobre ejecuciones y desapariciones forzadas durante la dictadura.
El nuevo documento -cuyo contenido fue adelantado parcialmente la semana pasada por el diario chileno «La Nación»- concluye que la dictadura de 17 años fue responsable de la muerte o desaparición de más de tres mil presos políticos. Ahí se relata también los tipos de tormentos aplicados a los presos, se menciona detalladamente cada lugar donde se cometían torturas, región por región y ciudad por ciudad, incluyendo el buque escuela de la Armada chilena, La Esmeralda, que durante años fue repudiado cuando recalaba en diversos puertos del mundo. Sin embargo, no se mencionan torturadores ni a quienes dieron las órdenes de torturar.
CERCO
La tesis del informe parece dar sustento a los argumentos de la defensa del brigadier Miguel Krassnoff, a cargo de un exdiputado de la derecha, Luis Valentín Ferrada, quien pretende que se exima de toda responsabilidad al militar pues, según su tesis, solo cumplió con lo que había aprendido en la Escuela Militar.
El argumento ha sido rechazado por el comandante del ejército, general Juan Emilio Freyre, quien encargó al general Carlos Oviedo, director de Educación, y al coronel Andrés Avendaño, jefe de Comunicaciones del Ejército, para que le respondieran a Ferrada.
Según el abogado, a partir de 1954, al inicio de la Guerra Fría, la influencia militar norteamericana se extendió a la guerra irregular y de guerrillas, introduciendo la teoría de seguridad nacional y promoviendo la práctica de torturas. Ferrada asegura, inclusive, que esas instrucciones pueden haber caído en desuso, pero que, probablemente, están todavía vigentes.
La tesis de Ferrada fue considerada «demoníaca» por el diputado socialista Sergio Aguiló.
«Es una tesis demoníaca porque, en el fondo, está responsabilizando al conjunto de los chilenos por la barbarie que hizo la derecha», expresó. «Fueron los más conspicuos representantes de la derecha que, coludidos con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, generaron la doctrina de la seguridad nacional y los instrumentos, reglamentos y minutas de orientación y formación en la barbarie y en la tortura», dijo el legislador, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.
PRATS
Esta revisión del tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar chilena coincide con una recuperación de espacios por los sectores derrotados en el golpe de 1973 y por el debilitamiento del entorno del general Pinochet, que le había permitido, hasta ahora, escapar de la acción de la justicia.
En este momento, el juez Juan Guzmán Tapia está considerando el resultado de los exámenes médicos realizados a Pinochet para decidir, aun esta semana, si su estado de salud permite que sea procesado por los crímenes de la «Operación Cóndor». Se trató de una política de represión de los regímenes militares del Cono Sur, coordinada para deshacerse de aquellos opositores que consideraban peligrosos.
Pero Pinochet enfrenta otras dos causas. Una, por corrupción, al conocerse la existencia de cuentas millonarias -que podrían llegar a 16 millones de dólares- en un banco norteamericano, dineros cuya procedencia se desconoce y que nunca fueron declarados al fisco.
La otra causa tiene que ver con el asesinato del antecesor de Pinochet en la comandancia del Ejército, el general Carlos Prats, y su esposa. Ambos fueron asesinados en Buenos Aires en septiembre de 1974, donde habían buscado refugio después del golpe de estado, al que Prats siempre se opuso. Una bomba, colocada por los servicios de inteligencia de la dictadura chilena, explotó debajo del carro de Prats. La justicia argentina ha avanzado mucho en la investigación de este caso pero un pedido de extradición de Pinochet había sido rechazada anteriormente. Ahora, las hijas de Prats pidieron a los tribunales elevar a juicio esta causa por considerar que existen sospechas fundadas de la participación de Pinochet en este crimen contra un militar que había sido no solo su superior inmediato, sino su amigo. La Corte de Apelaciones de Santiago fijó para el 5 de noviembre la audiencia para conocer la solicitud de desafuero de Pinochet en esta causa.
Este año, por primera vez, el ejército rindió homenaje a Prats al cumplirse 30 años de su muerte, pero no reconoce todavía la responsabilidad de la institución en el crimen.
Pinochet había logrado evadir los juicios en los tribunales chilenos gracias a un dictamen médico que le atribuía una demencia senil y lo hacía incapaz de ejercer su defensa. Sin embargo, esa tesis está ahora en revisión, aunque los médicos del general insisten en que la enfermedad se ha agravado.
Pero Pinochet ha ejercido diversas actividades en meses recientes, incluyendo apariciones en público y una entrevista a un canal de televisión de Miami, en las que no aparenta padecer de demencia.
En todo caso, 30 años después, se ha ido recuperando no solo la historia, sino también un espacio político que estuvo controlado por una derecha que hacía imposible avanzar en el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la dictadura militar.
