El sábado 3 de diciembre del 2006 con mucho dolor y consternación leímos en Diario Extra la triste noticia: “Murió empleado con cáncer linfático”.
En él se nos informaba acerca del deceso del señor Minor Murillo, “vendedor de fotocopiadoras despedido por tener cáncer linfático”.
Quienes en las páginas de dicho periódico nos habíamos informado acerca de la tragedia vivida por don Minor y su familia, tal noticia nos llenó de dolor, pero a la vez, de vergüenza por el trato recibido durante su enfermedad por parte de dicha empresa.
Ahora que se habla de la llegada de inversión extranjera al país nos preguntamos si las tales empresas que vendrán serán iguales a la empresa que abandonó, en esa ocasión, a don Minor a esa terrible situación. Esta no tuvo, tal y como el fallo de la Sala Cuarta lo hizo ver, el más mínimo aprecio por un empleado que les entregó 29 años de su vida útil, pero que cuando ya no les fue productivo por una enfermedad, entonces le dieron una “patada por el trasero” sin tener la mínima conmiseración por la persona que estaba viviendo la enfermedad.
Aparte de la visión egoísta de la vida, vemos aquí una muestra clara de la visión deshumanizante de algunas empresas privadas.
Pero lo que esa empresa le hizo a don Minor Murillo no es nada nuevo en “Tiquicia”. Tristes historias de esa naturaleza las viven diariamente una gran cantidad de personas que trabajan para algunas empresas privadas. Sin embargo, no vamos a condenar lo privado por ser privado.
Existen empresas con un alto grado de responsabilidad moral y social y un gran respeto por el trabajador como ser humano y como empleado. Pero no faltan aquellas que no les pagan el seguro social a sus empleados. O, peor aún, les rebajan el seguro a sus empleados y no se lo entregan a la CCSS.
Hay otras que le adeudan millones, cientos y hasta miles de millones a esa institución de bienestar social. Entre ellas muchos equipos de fútbol de la primera división. Según ha salido por la prensa la deuda que tienen muchas empresas privadas con la CCSS es de alrededor de ¢66.000 millones. ¿Y por qué no las han cerrado? Se preguntará usted. Pues por la única razón de que la mayoría de esas empresas privadas financian cada cuatro años las campañas electorales de algunos partidos tradicionales.
Existen historias difíciles de creer. Me comentaba una vez una estudiante que ella trabajaba en la tienda de un suramericano. Le pagaba medio tiempo, pero la hacía trabajar tiempo completo, incluidos sábados y domingos.
Otra joven estudiante me comentó que a principios de año trabajó para otra empresa en la cual laboraba 10 horas al día, “de 7 a.m. a 5 p.m., sábados de 8:30 a 7:30 p.m. y domingos un rato”, con media hora de almuerzo, no le daban tiempo para café, sin seguro social, la ponían a hacer de todo y le pagaban al mes la miserable suma de 80000.
¿Si eso no es deshumanización como le podríamos llamar? Existen empresas privadas de maquila en donde la empleada tiene que presentar cada mes la prueba de que no ha quedado en estado de gestación. Si está embarazada, salada. La despedirán, pues la empresa no puede darle sus derechos de lactancia pues esto iría contra la estabilidad económica empresarial.
En otras empresas privadas despiden al empleado cuando ya va a cumplir los tres meses de trabajo, así no se ven en la obligación de pagarle garantías laborales de ley. Otro ejemplo, en una transnacional donde se compra solo en grandes cantidades, los y las empleadas hacían inventario durante once horas nocturnas y solo le pagaban 8 y a sueldo de horas diurnas. Ni hablemos de las que dan empleo por la modalidad de contratación. Muy común en las U. privadas. Así se ahorran todas las garantías laborales estipuladas en el Código de Trabajo y en La Constitución Política.
No olvidemos aquella construcción del gran hotel de lujo en la playa que tenía a indocumentados viviendo hacinadamente y en condiciones deplorables. Uno de sus trabajadores murió por las condiciones de abandono en las cuales se encontraba. Lo peor es que de todo ello el Ministerio de Trabajo ha tenido conocimiento; sin embargo dicen que necesitan una denuncia para actuar. Debería actuar de oficio sin necesidad de una denuncia.
Pero como si lo anterior no fuera nada, ahora nos quieren enviar a la corriente legislativa el Proyecto de Flexibilización Laboral, el cual busca la aniquilación total del Código de Trabajo con el fin de fulminar para siempre las garantías laborales de nuestros trabajadores.
