He sufrido “el delito” en varias ocasiones. Nunca la policía logró detener a la persona que cometió el robo o, al menos, recuperar parte de los bienes que perdí. Sé lo que es ser víctima y conozco la impotencia y humillación que ello implica.
Sin embargo -y he aquí el motivo principal de estas letras- también he soportado la gratuita “acción” policial.

Cuando adolescente sufrí requisas físicas injustificadas y revisiones del vehículo innecesarias. En su momento estas situaciones las toleré; fuera por juventud, o tal vez por no haber afectado a ninguna persona cercana, no protesté ni denuncié. Hace poco, empero, viví una situación –quizás por el hecho de estar con mi pequeño hijo- que me fue particularmente chocante.

Ocurrió el miércoles santo, a las cuatro de la tarde, a  la salida de San Rafael Abajo de Desamparados. Viajábamos en nuestro vehículo y la policía administrativa realizaba un “retén”. No íbamos a exceso de velocidad ni alardeábamos de haber cometido una infracción. Nos hacen la señal de detenernos.

Seis policías, uno de ellos con un arma de grueso calibre en actitud intimidante, le solicita a mi esposo la licencia y los documentos del vehículo. Luego de revisarlos, inquieren: “¿Tienen armas, drogas o algo que los comprometa?” (Daban unas ganas locas, ante la lógica de la pregunta, de decirle “Fíjese, oficial, que aquí ando una nueve milímetros y en la cajuela una AK. Droga no tenemos porque el fulano, que acabamos de “echarnos” no nos la entregó.”) A todo esto una mujer policía no cesaba de mirar a mi hijo, de un año, como si él fuera Rafles redivivo o una bolsita de cocaína amarrada a la silla de seguridad.

Nos ordenan abrir la guantera y, posteriormente, le exigen a mi esposo descender del vehículo para ver la joroba del carro. Cuando él consulta por qué razón debe mostrar nuestras pertenencias si todo está en orden, le contestan de manera arrogante, que el hecho de viajar con la familia muchas veces es una mampara para cometer delitos y que el vehículo lo pueden revisar si así lo tienen a bien.

Esta experiencia me hizo reflexionar en cómo la ineficiencia del Estado para prevenir e investigar los delitos, se proyecta en persecución contra algunos ciudadanos. Y se dice “algunos”, porque dudo que esos retenes se efectúen en barrios lujosos. Pero me estoy apartando de lo que quiero apuntar.

Lo cierto es que si la policía verifica la identidad del conductor y los documentos de propiedad del vehículo, ¿por qué razón debe incursionar en la intimidad de las personas? ¿Por qué mi hijo, sin razón alguna, debía estar expuesto a personas armadas? La imagen de la policía en ese momento no fue la de un ente destinado a nuestra protección, sino de una instancia que por el poder de las armas estaba decidida a doblegar cualquier voluntad.

Si legitimamos tales actos, con la ingenua idea de que sólo así se ataca la delincuencia, empezamos a renunciar a cualquier espacio para desarrollar nuestra intimidad. La policía puede detenernos, esculcar nuestras pertenencias, observar cualquier objeto que se porte en el vehículo y que, por la razón que sea, no se quiere mostrar a los demás. El “ingenio” político está considerando que es así como se previene el crimen.

¿Cómo enfrentamos los ciudadanos a un ente que en ocasiones ha sido denunciado por corrupción? ¿Cómo vamos a entregar nuestra intimidad, sin reserva alguna, a esa entidad que a veces ha sido vinculada con delitos tan graves como narcotráfico u homicidios?

Pienso en la posibilidad de que si hubiera cedido a las presiones de uno de los policías por continuar la discusión que se suscitó, habría acabado en las celdas del Segundo Circuito Judicial de San José, a la orden de la Fiscalía de Flagrancias, acusada del delito de resistencia a la autoridad. Y ahí, les cuento, pueden ordenar prisión preventiva por el plazo de dos semanas sin derecho a apelación, según disposición de ley, hasta llegar frente a un Tribunal a contar esta historia.

No pretendo generalizar la actuación de estos policías a todos los funcionarios. Existen personas valiosas y excepcionales en la Fuerza Pública. Lo que busco es advertir sobre los peligros de entregar a cualquier ente, o a cualquier persona, un poder sin restricciones.

Por supuesto que es necesario fomentar la seguridad ciudadana. Le corresponde al Estado atender las demandas sociales de elemental urgencia. Es fundamental la búsqueda de los responsables de hechos delictivos, pero con estricto respeto a los derechos humanos. Hay que poner al derecho –y a derecho- aquello que está al revés. La seguridad ciudadana no se alcanza suprimiendo garantías de defensa y dictando “condenas” extrajudiciales.

Si los hombres emplean su libertad de tal manera que renuncian a ésta, ¿puede considerárseles por ello menos esclavos? Si el pueblo elige por plebiscito a un déspota para gobernarlo ¿sigue siendo libre por el hecho de que el despotismo ha sido su propia obra?