De acuerdo a los principios rectores de la contratación administrativa en Costa Rica, la licitación está ideada para incentivar la mayor concurrencia de oferentes y que la transparencia y publicidad permitan un control del manejo y aprovechamiento del erario público. Lamentablemente, recientes y no tan recientes experiencias han evidenciado serias deficiencias en nuestro modelo de contratación, que ha funcionado como caldo de cultivo para la depredación de las arcas estatales. Resulta interesante abordar esta problemática nacional desde la perspectiva ética.
Un primer componente es la ética de la función pública, concepto que se ha utilizado indiscriminadamente sin conocer la dimensión de su significado. Desde el adecuado acceso de cualquier ciudadano al expediente administrativo, hasta el análisis pericial que deriva en una recomendación de adjudicación, nuestra realidad exige una función pública que vaya más allá del lo que el Prof. García de Enterría llamaba «procedimentalismo» y «leguyerismo». Se debe interpretar las necesidades y posibilidades de la Administración, tener claros los precios de mercado del objeto contractual, elaborar carteles que sean realmente la brújula del procedimiento, no reglamentaciones arbitrarias que disfrazan voluntades predeterminadas y finalmente respetar el equilibrio económico financiero del contrato para crear un ambiente de seguridad jurídica.
De manera convergente, se hace indispensable la ética del privado. Esta noción no ha sido tan estudiada y difundida, pero no por eso resulta menos importante dentro de la ecuación. Más allá de la eliminación de padrinazgos, «comisiones» y regalías, la ética del privado incluye capacidad real de asumir lo ofertado, no incurrir en oligopolios, dumping o inflación que derive en distorsiones en los precios; y además ser responsables en la utilización de los instrumentos que garanticen su derecho de defensa.
Dado el fuerte componente ético de la problemática, no se pretende aquí dar la solución en un par de líneas, pero se pueden señalar algunas herramientas que refuten el imaginario colectivo que se ha tejido alrededor de la contratación administrativa: 1) capacitación y motivación del funcionario público, de tal forma que interiorice la importancia de su rol, 2) Contraloría General como propulsora y contralora de la eficiencia en la Administración, 3) asesores jurídicos con conocimiento y cultura negociadora, no depredadores de honorarios, 4) justicia eficiente y oportuna con sanciones reales que eviten la dilución de responsabilidad, 5) fomento de las alianzas público-privadas, que demuestren el necesario trabajo en equipo.
Los resultados de una nueva ética de la contratación administrativa posiblemente no son tan palpables a corto plazo, pero un esfuerzo sostenido en este sentido, abre las puertas para que se supere la «piñata» y todo el costo social que ha tenido que pagar el país.
