La situación actual de los partidos políticos demanda cambios que tiendan a democratizar el proceso electoral, hasta ahora atrapado en la lógica mercantil de las personas, de los medios y de las instancias que se benefician de su dinámica operativa. Pero los remedios buscados pueden resultar a veces peores que la enfermedad si no se comprenden las trampas implícitas en algunas medidas aparentemente «mágicas».
Ofrecer una pauta publicitaria en igualdad de condiciones a todos los partidos políticos, grandes y pequeños, no es una medida que pueda controlar tan fácilmente el poder y los mecanismos tramposos de los juegos de intereses que se esconden detrás del manejo de los medios implicados en la búsqueda del voto popular.
Entregar simplemente el manejo directo de los asuntos publicitarios y organizativos al Tribunal Supremo de Elecciones no resuelve automáticamente los problemas de fondo.
Esta medida puede tener sus ventajas. En principio, esta instancia no depende tan fácilmente de los oportunistas de turno y de las camarillas que los manipulan ya que su personal no está directamente ligado a las prebendas personales y grupales del reparto de puestos y beneficios electorales. El Tribunal tiene mayores posibilidades de establecer mecanismos jurídicos más claros y precisos.
No obstante, los caminos humanos son muy diferentes de los divinos. Dios escribe recto con líneas curvas, pero los humanos lo encorvamos todo. Los legisladores y los jueces son seres humanos con limitaciones de inteligencia y personalidad que manejan los trucos legales en función de motivos e intereses bastante discutibles. Por eso, la verdad, la justicia y la equidad son valores diferentes de la legalidad. La misma ley se aplica de manera diferente a los pobres y a los ricos ( parece que solo los poderosos pueden salir de la cárcel porque se enferman). Además la Sala Cuarta fuerza la legalidad y respalda la reelección presidencial: Pero ¿los reales fundamentos de estas decisiones sonconstitucionales o políticos?
Hasta ahora, participar en el Tribunal Supremo de Elecciones es un honor y una carga, porque este puesto carece de influencia directa en los negocios correlacionados con las elecciones (¡Bueno, por ahí se habla de algunos asuntillos!). Pero si se modifica la legislación y se le encarga al Tribunal, como parece lógico, el transporte de todos los votantes y miembros de mesa y el manejo de la propaganda, el asunto cambia. Los grandes empresarios van a buscar la manera de manipular las decisiones en función de sus intereses económicos: el fenómeno de Alcatel no es más que la punta del iceberg.
Si el Tribunal ofrece a los partidos una presencia en los medios de comunicación en función de la simple inscripción en el proceso electoral, los partidos tradicionales apelarían al viejo truco de crear o utilizar los llamados partidos «turecas» para ganar mayor imagen y presencia política. Tratarían que su publicidad inflara la imagen de sus candidatos y, sobre todo, propiciarían el uso de críticas directas y despiadadas a las personas y planteamientos de los adversarios.
La experiencia histórica es clara. Los partidos «turecas» siempre han recibido parte de la plata que entra por la puerta de atrás a los partidos mayoritarios: venden al mejor postor los padrones, los carnés de fiscales y otros recursos operativos.
