Decía un día de estos la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Beatriz Ferreto, que con el plan B el Gobierno “pretende fiscalizar los recursos de las instituciones autónomas a través de la Autoridad Presupuestaria ” (Diario Extra 27/4/12); en tanto nos enteramos que el Ejecutivo pide “que los dineros del Banco Mundial ingresen a la caja única del Estado” (Henning Jensen, en Semanario UNIVERSIDAD del 27 de abril de 2012), lesionando, efectiva y groseramente, la autonomía universitaria.
Estos dos hechos llaman la atención sobre la similitud de las medidas fiscales impuestas a España por el Banco Central comunitario desde Bruselas, y las impulsadas primero, como Plan Fiscal, por los especialistas que rodean a la gobernante Laura Chinchilla, y ahora, las llamadas como plan B. Este proyecto contemplaría la creación de la factura electrónica para garantizar el pago de impuesto de ventas, la eliminación de las exenciones tributarias de que gozan varios productos suntuarios y venta de bienes inmuebles propiedad del Estado.Incluye asimismo un proyecto de Ley para el manejo del gasto público, que congela salarios y pensiones altas y de las dietas en Juntas Directivas, reduce el financiamiento a los partidos políticos, elimina exoneraciones a las remesas de utilidades al exterior, autoriza el traslado de superávits libres y otros recursos del resto del sector público al Gobierno Central, autoriza a las entidades públicas a cobrar por ciertos servicios que ahora son gratuitos y se considerarán “no esenciales” y establece reglas fiscales para contener el crecimiento del gasto y hacer más eficiente su gestión (fuente: http://www.poder.cr/inicio/2012/04/presidenta-chinchilla-anuncia-medidas-fiscales-complementarias/).
En el caso español, el impuesto al valor agregado (IVA) subió a 14%, se congelaron igualmente salarios, se recortaron gastos a la seguridad social (educación, sanidad e investigación científica, entre otras) y se metió mano al presupuesto de los llamados gobiernos autónomos. Desde el punto de vista de la Constitución española, estas comunidades tienen autonomía legislativa y competencias ejecutivas, así como facultad de administrarse mediante sus propios presupuestos y representantes.
De allí que cobran relevancia las tesis de Jensen en cuanto a las preocupaciones sobre los fondos provenientes del Banco Mundial para la educación superior, pues al pasar estos activos a la “caja” del Estado, el acreedor diría en privado qué “educación” universitaria es la “necesaria”, aunque quien aparece refrendándola sea el gobierno de turno.
Sin embargo, la similitud de fondo allá y aquí radica si la reducción a rajatabla de los faltantes fiscales lleva a la equidad en materia social y económica o, si por el contrario, atacar así los déficits fiscales trajo más desventura a los trabajadores. En España, el jefe del gobierno, Mariano Rajoy, acaba de aprobar una amnistía fiscal a las grandes empresas, pues considera que mejoraría el problema del desempleo. Aquí, supimos a raíz de la discusión del abortado plan fiscal, que las exoneraciones de impuestos durante 2008-2009 por concepto de “Contrato turístico”, “Zonas Francas”, “Contrato de Exportación”, entre otras, equivalen a 363 mil 378 millones 327 mil 969 colones; esto es un 71,74% de lo que pretendía recaudar el Gobierno con su propuesta fiscal.
Aquí la crisis tiene un primer momento matizado por un aumento del desempleo, alcanzando un 8,4% en el 2009, esto a raíz de la caída en las exportaciones, limitaciones del crédito bancario y el consecuente “recorte de personal”; en tanto el siguiente lapso se caracteriza por un déficit fiscal que para el 2010, significó un 5,3% del PIB, equivalente a 983 mil millones de colones. Y allá como acá los trabajadores son “atomizados” por un discurso político esperanzador, a fin de que acepten las medidas y profundicen sus diferencias gremiales. Un proyecto aglutinador que rescate la dignidad, y la soberanía de los pueblos, la solidaridad humana y devuelva el Estado social, asusta en ambos lados. Allá, los “gurús” de Bruselas ordenaron a Rajoy que en asistencia sanitaria decrete asegurados de primera clase (con carné asistencial) y los de segunda (emigrantes ilegales que serán atendidos si se están muriendo); aquí están los de primera (que van a hospitales privados) y los “segundilla” (asistimos a la Caja casi quebrada), pero en ambos lados –esto es un gran consuelo- todos tenemos carné.
