Roberto Arguedas, presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC).
Poner en manos de tribunales arbitrales la resolución de varios conflictos de carácter financiero y legal -en torno al contrato con la empresa administradora del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría: Alterra Partners Costa Rica S.A.-, podría costarle al Estado costarricense la pérdida de multimillonarias sumas de colones y de potestades reguladoras de la Contraloría General de la República (CGR).
Los montos que podría dejar de percibir el país si los tribunales arbitrales fallan en favor de Alterra Partners no son precisos, pero algunos los sitúan entre los $30 millones y los $100 millones.
Tanto la empresa como el Estado tienen desde hace año y medio un diferendo por las obligaciones que establece el contrato, razón por la cual las obras para desarrollar el Juan Santamaría se encuentran paralizadas, en perjuicio de sus usuarios y del país.
La Contraloría General advirtió recientemente al mandatario Abel Pacheco acerca de las implicaciones legales negativas de una de las demandas arbitrales contra la entidad estatal que sirve de contrataparte en el mencionado contrato: Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC).
Para la CGR, dicho litigio «podría contener dentro de su objeto de litis, elementos que no son factibles de someterse a un procedimiento de esta naturaleza, por tratarse de discusiones referentes a las potestades de imperio del Estado costarricense en la fijación tarifaria y porque eventualmente se están discutiendo en esa sede algunos informes de esta Contraloría General, lo que podría conllevar su desaplicación y el consecuente desconocimiento de las competencias constitucionales y legales de este órgano contralor».
El presidente del CETAC y Viceministro de Transportes -Roberto Arguedas- reconoció este peligro para la CGR y por eso se mostró partidario de que el ente contralor se constituya en «parte coadyuvante pasiva» en este juicio arbitral -tal como lo solicitó al presidente Pacheco- y así «evitar el dictado de un laudo arbitral en las condiciones antes señaladas».
Acerca de esta intención coadyuvante de la Contraloría, la decisión debe ser tomada por los miembros del respectivo tribunal arbitral, comentó Arguedas.
La Contraloría solicitó al Poder Ejecutivo asumir «un papel activo» en ese juicio, con el fin de que se vigile que el tema por resolver sea de su competencia y que no se estén discutiendo más bien temas referidos a tarifas, las cuales son responsabilidad del CETAC y de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP).
Sin que pudiera precisar al momento de la consulta, Arguedas calculó entre cuatro o cinco los asuntos que -en relación con Alterra- se dirimen en tribunales arbitrales.
Al respecto, el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y miembro de una comisión legislativa que indaga el contrato con Alterra Partners -Rodrigo Alberto Carazo- dijo que en los distintos juicios arbitrales iniciados están en juego unos $30 millones que podría perder el Estado.
Mientras tanto, el exlegislador y presidente de la comisión que en el 2002 presentó un informe sobre esta contratación -Guillermo Constenla-, valoró en más de $100 millones las repercusiones económicas que tendría para el país un fallo desfavorable de esos tribunales.
«Han querido aprovechar el mecanismo de la resolución alternativa de conflictos para arbitrar las resoluciones de la Contraloría General de la República y otras cosas», criticó Constenla.
Por su parte, el director legal de la firma contratada para mejorar el aeropuerto -Uri Rudelman-, afirmó que «lo que se está arbitrando no tiene que ver nada con tarifas, ni Alterra está pretendiendo en forma alguna que el resultado que se está arbitrando tenga una incidencia en las tarifas, como se ha dicho».
ARBITRAJES PELIGROSOS
El presidente del CETAC -Roberto Arguedas- aseguró que en los asuntos que están sometidos a análisis en los tribunales arbitrales, no se discute directamente sobre tarifas aeropuertarias, aunque las decisiones que allí se tomen sí incidirán en ellas.
Cabe mencionar que el CETAC y Alterra discrepan por los costos financieros de las obras para desarrollar el aeropuerto Juan Santamaría, pues la empresa reclama incrementos no contemplados originalmente en el contrato y también que la Contraloría General cambió su manera de interpretar algunos rubros de ese acuerdo, especialmente el modelo de proyecciones financieras.
Este fue el motivo que la llevó a suspender las obras desde mediados del año pasado y por eso es que a mayo anterior -según estudios de la Contraloría-, la compañía contratista solo había cumplido con el 36% de los trabajos pactados en el contrato.
En materia contractual, por ejemplo, Alterra pasó a reclamar el pago de $18.6 millones por concepto de «gastos de desarrollo y financiamiento, en lugar de los $3.4 millones fijados originalmente en el contrato; es decir, $15.2 millones más.
En el cobro de más de este monto, al parecer también tiene su cuota de responsabilidad el Órgano Fiscalizador de la Gestión Interesada (OFGI), encargado de vigilar que tanto Alterra como el CETAC cumplan con sus responsabilidades técnicas y financieras frente al contrato.
El OFGI debe evaluar la propuesta de actualización de tarifas que presente Alterra y remitirlas al CETAC con sus recomendaciones y observaciones.
De acuerdo con un informe de marzo del 2003 de la Contraloría, para este caso «el OFGI aceptó la incorporación a las tarifas de los citados gastos de desarrollo y financiamiento, sin que se hiciera un estudio formal que permitiera determinar su procedencia.»
La CGR destacó en su análisis las contradicciones mostradas por el OFGI, ya que por un lado aceptó no haber revisado los números aportados por Alterra, mientras que en otros informes anteriores dio su visto bueno para que el CETAC aprobara los reajustes tarifarios.
También el CETAC ha sido cuestionado por sus decisiones, no solo por el órgano contralor, sino además por el informe que entregó en abril del 2002 la citada comisión de la Asamblea Legislativa en la administración de Miguel Ángel Rodríguez.
Por su papel como contraparte del contrato con Alterra, la comisión legislativa lo increpó porque «pareciera más interesado en ver cómo le mejora las condiciones financieras del negocio al Gestor, en vez de velar por el interés público, por el interés de los usuarios del aeropuerto, que en última instancia son los que pagarán tales excesos en favor del Gestor».
Debido a lo anterior, la comisión recomendó «sancionar moral y políticamente a Eliécer Feinzaig en su condición de Presidente del CETAC». Feinzaig dejó este cargo al concluir la administración Rodríguez.
De igual manera, el CETAC fue recriminado por aprobar -con la injerencia directa del entonces mandatario Miguel Ángel Rodríguez- un préstamo por $12.4 para Alterra, con recursos correspondientes a ingresos propios y que podría haberlos ocupado en la mejora de otros aeropuertos.
Por su intervención indebida, Rodríguez también se ganó una recomendación de censura similar a la de Feinzaig.
En la ejecución de este contrato, los desaciertos del CETAC son numerosos y la Contraloría General ha sido enfática en sus señalamientos, como en el de marzo del 2003, cuando puntualizó que «en relación con el ajuste tarifario 2002-2003, el CETAC aprobó trasladar a las tarifas $8.931.775 (en su parte proporcional, correspondiente al costo total de los trabajos realizados hasta marzo de 2002 en la rehabilitación de la pista 07/25, a pesar de que dicha obra no estaba totalmente terminada».
Más recientemente, en su carta al mandatario Pacheco, el órgano contralor arremetió contra el CETAC y el OFGI, porque «han actuado de forma irresponsable y en abierto incumplimiento a las órdenes giradas por esta Contraloría General, mediante el uso de subterfugios legales, recursos infundados o interpretaciones rebuscadas, dirigidas a incumplir con la mayor parte de las disposiciones emitidas por este órgano».
Quizás por el comportamiento antes indicado de algunos miembros del CETAC y del OFGI, la Contraloría General tiene abiertos procedimientos administrativos contra varios de sus integrantes y exintegrantes, así como de la ARESEP.
Debido a que hay interpuestos algunos recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad, dichos procedimientos administrativos se encuentran suspendidos. En la CGR no revelaron el nombre de los funcionarios investigados, tras alegar que no pueden hacerlo mientras el proceso no concluya.
INSPECTORES PASAJEROS
Los vaivenes a que se ven sometidas instancias como el OFGI y el CETAC en cuanto a su integración, sumado a la complejidad de un contrato como el firmado con Alterra, podría ser uno de los factores que inciden para que este proyecto haya avanzado poco.
En este contexto en los últimos cuatro años el OFGI ha contado con cinco inspectores generales. El último nombrado fue Arnoldo Camacho, quien ya puso su renuncia y regirá a partir del 30 de este mes.
Camacho explicó que en este momento no puede hacer ningún aporte técnico o financiero a la gestión del contrato, ya que se encuentra en una etapa legal.
El presidente del CETAC -Roberto Arguedas- atribuyó las constantes renuncias a la complejidad del contrato y a las presiones de un trabajo tan arduo.
Defendió su corta gestión (un año) a la cabeza de esta entidad y aseguró que será respetuoso de las disposiciones de la Contraloría.
Por ahora descartó un caos en el aeropuerto por los atrasos en las obras, aunque si en un año no se solucionan los problemas , manifestó que «habrá que tomar medidas heroicas».
Por otro lado, vale mencionar que las renuncias no solo afectan al OFGI, también el CETAC ha sufrido el abandono de algunos de sus integrantes en los últimos meses, sin que se sepa si obedecen a que el contrato y dichas instancias están bajo la lupa de órganos que investigan la ola de corrupción del país.
En estos días deberán ser nombrados en el CETAC cuatro nuevos miembros en representación del Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, e Instituto Costarricense de Turismo.
Rodrigo Alberto Carazo, de la comisión legislativa que investiga el contrato con Alterra, fustigó al CETAC por su actitud complaciente e indolente como contraparte estatal en este convenio. No obstante, aceptó que esta entidad últimamente se ha mostrado más dispuesta a seguir las recomendaciones de la CGR.
El diputado del PAC no descartó que en el desarrollo de este contrato puedan haberse dado actos de corrupción, como las comisiones detectadas en los casos de Alcatel y el préstamo finlandés.
Carazo anunció que esta comisión -integrada además por los diputados Mario Calderón (presidente), Gloria Valerín, Luis Ramírez, Joyce Zürcher, y Peter Guevara- presentaría su informe en un par de meses.
Al estimar que la actividad fiscalizadora de las mencionadas instancias «ha sido complaciente, indolente, deficiente y lamentable», el diputado envió el expediente al Ministerio Público.
«La ausencia de voluntad política de unos legisladores se suma a la indolencia y a la complacencia que ha caracterizado al MOPT, al CETAC, y al OFGI en su fiscalización de la gestión del aeropuerto. Es necesario tomar acciones contundentes para evitar que se siga engañando al país y se siga sacando dinero del bolsillo a los usuarios del aeropuerto, en beneficio del Gestor Interesado», argumentó Carazo.
El ahondamiento en los pormenores del contrato con Alterra por parte del Ministerio Público, podría revelar detalles desconocidos que confirmarían la aseveración del exlegislador Guillermo Constenla, de que esta sería la contratación administrativa más grave en la historia del país.
