En acatamiento al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), el seguro solidario de Riesgos del Trabajo (RT) se abrió a la comercialización a partir del 1 de enero de 2011, de manera que todas aquellas empresas que vengan a competir podrán explotarlo, a pesar de estar blindado por la Constitución Política bajo los principios de universalidad, obligatoriedad y solidaridad.
Lo anterior significa que todo patrono está en la obligación de asegurar a sus empleados con el seguro de RT, que los excedentes que se generen deben ser destinados exclusivamente a financiar mejoras sociales, brindar cobertura a todos los trabajadores sin discriminar y dar una atención ilimitada e inmediata para quienes no cuenten con el seguro.
Sin embargo, es bien sabido que la libre competencia y los regímenes solidarios no van precisamente de la mano, por lo que muchos consideran que este es un verdadero golpe a las conquistas laborales alcanzadas por los costarricenses.
Esto fue advertido desde que se negoció el tratado y la respuesta de los negociadores fue que había suficiente plazo para discutir y resolver el tema; no obstante, a la fecha ya entró en vigencia la apertura y no se ha resuelto nada.
De acuerdo con el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, en agosto pasado se envío a la Asamblea Legislativa un borrador del proyecto, al cual se le hicieron observaciones, pero que fue presentado por el Ejecutivo hasta el 9 de diciembre pasado.
“Es una irresponsabilidad que los jerarcas de este y el gobierno anterior, presentaran un proyecto para corregir el tema de seguros de RT cuando faltaban 20 días para entrar en vigencia. Corrieron para aprobar una Ley de Seguros, pero no dijeron nada sobre este seguro en particular, pues eso era aceptar que habían engañado al pueblo de Costa Rica”, señaló el legislador.
Para Villalta, aunque ese plan busca arreglar un poco las cosas para el Instituto Nacional de Seguros (INS), se vislumbra un claro deterioro y retroceso en los derechos humanos consolidados en el país, pues desde que se cerró la negociación del TLC en el 2004, se estableció que habría que modificar las regulaciones de RT.
“Los negociadores aseguraron que no habría problema porque habían incluido notas al pie de la página (en el documento final), que aclaraban que el país no estaba obligado a modificar su regulación de seguros contra riesgos del trabajo; pero, lo que nunca leyeron fue que el Código de Trabajo no sería modificado siempre y cuando sus regulaciones fueran consistentes con las obligaciones del Tratado; es decir, que sí habrá que modificar todo lo que sea incompatible con el TLC”, dijo el legislador del Frente Amplio.
El proyecto por su parte, según dicho diputado, establece que los excedentes se destinen al lucro de las empresas; además, se cobrará un porcentaje a las compañías para crear un fondo que administraría el Ministerio de Trabajo y así cubrir a la población sin seguro, que hoy son cubiertos en su totalidad. El problema será que si se acaba el dinero, quedarán desprotegidos.
¿Apertura de RT inconstitucional?
Cuando se consultó a la Sala Constitucional sobre la legalidad de los acuerdos del TLC en materia de seguros, al parecer no se incluyó el seguro de Riesgos de Trabajo, por lo que el tema no fue analizado en su momento.
“Por ello presentamos una acción de inconstitucionalidad a finales de diciembre pasado y en estos momentos está siendo estudiada por los magistrados de la Sala IV, por lo que esperamos que se suspenda esta norma para Costa Rica. Por el momento ningún tribunal se ha pronunciado sobre el daño que el TLC le hace a este seguro social”, detalló Villalta.
Por su parte, el diputado del Partido Acción Ciudadana, Jorge Gamboa, manifestó que se trata de un asunto de protección a la clase trabajadora, pues un seguro solidario no puede llevarse a la comercialización de los hombres.
“Yo recibí una llamada del señor Guillermo Constenla, presidente ejecutivo del INS, y me dijo que teníamos razón con este tema y que por ello presentó la propuesta ante la Asamblea; pero, creo que la vía no es el proyecto, porque ya la Constitución protege los seguros de RT.
RECUADRO
La voz oficial
En una entrevista realizada por UNIVERSIDAD, el Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, Guillermo Constenla, dio una serie de consideraciones con respecto a la apertura de los seguros de Riesgos del Trabajo a la comercialización. A continuación se presenta un extracto de la conversación.
Algunos diputados denuncian que al abrirse a la comercialización el Seguro Solidario de Riesgos de Trabajo (RT) perderá todos los principios que lo componen y que las empresas que vendrían a ofrecer el servicio lo harán de acuerdo con las condiciones que ellos establezcan. ¿Qué opina al respecto?
-Mire, una cosa es que haya una legislación que permita que diversas empresas presten el servicio de seguro de Riesgos del Trabajo con el concepto que siempre ha existido en el país de seguro solidario, y otra es que se permita, por medio de una reglamentación, que esta comercialización se produzca sin tener en consideración aspectos básicos. Por ello el INS planteó un proyecto de ley ante el Congreso.
¿El proyecto fue presentado en diciembre?
-Nosotros lo presentamos mucho antes y se le incorporaron opiniones de diputados. La única vía en que puede instrumentarse debidamente, sin incurrir en roces constitucionales o con el propio Código de Trabajo, es mediante ley. Le pongo un ejemplo: la Caja del Seguro Social presenta 1.421.654 personas aseguradas, pero por Riesgos del Trabajo únicamente un millón, y de conformidad con la ley vigente, es obligación del INS atender a esos más de 400.000 no asegurados. Debería establecerse un esquema que permitiese que si una compañía vende el 10% de los seguros de RT del país y el INS el 90%, la carga de los no asegurados se distribuyese sobre ambas compañías en forma alícuota.
Algunos diputados señalan que aún con el proyecto sigue en riesgo el seguro de RT.
-Si se manda un texto a la Asamblea Legislativa no es usual que salga 100% aprobado; se envía como base de discusión y allí viene el proceso de formación de la ley, en la Asamblea Legislativa, en Comisión, etcétera.
¿El texto dice que la forma de administrar el seguro de RT debe ser consecuente con el TLC?
-Bueno, en todo aquello en lo que no violente la Constitución Política, que es de superior rango, naturalmente que los principios constitucionales relativos a la Seguridad Social están por encima de cualquier cosa que pueda decir cualquier tratado y así debe ser.
¿Entonces el INS está dispuesto a dar la lucha por este seguro solidario?
-Obviamente que sí. Lo que pasa es que entendemos que de la apertura consignada en el TLC a partir del 1 de enero, otras entidades pueden dar ese servicio, pero tiene que ser con los principios establecidos constitucionalmente. No nos asusta que vengan empresas a dar el servicio, siempre y cuando se mantengan esos principios.
¿Fue un error de quienes negociaron el TLC haberlo establecido tan a la libre?
-A mí me parece que no; precisamente para eso está la ley: para legislar. Si se establece que las responsabilidades de las empresas que vienen a competir son las mismas que siempre han existido, no se violenta para nada el TLC, pues en ningún caso dice que se debe favorecer a las compañías que vienen a competir.
¿Será negocio para las empresas que vienen a competir brindar un seguro solidario?
-Si se ponen las premisas que yo le estoy dando y que reitero, es decir todos iguales, ya verán las empresas y analizarán. Tal vez resulta que en el Estado somos muy ineficientes, por diversas razones, entre ellas por las convenciones colectivas y que ellos sin necesidad de tantos gastos a lo mejor pueden vender más barato. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí 42 días de vacaciones para el 48% del personal y las empresas que vienen a competir solamente les dan dos semanitas.
