Recientes publicaciones nacionales ratifican lo investigado por este Semanario: el país sigue como centro de experimentación con personas.
El informe especial da cuenta que el Ministerio de Salud no lleva un control detallado de las investigaciones clínicas, a pesar del respeto con que algunos médicos invocan a la Convención de Helsinki.
Autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud reconocieron escasos controles sobre el negocio de los experimentos con medicamentos en seres humanos.
Palabras menos, palabras más. Así lo dio conocer el semanario El Financiero en octubre pasado, cuando dio cuenta del «desorden en pruebas clínicas» que se realizan con medicamentos en miles de niños y adultos.
En la investigación hecha por el periódico se dice que el presidente ejecutivo de la Caja, Eliseo Vargas, así como la titular de salud, Rocío Sáenz, exteriorizaron preocupación por el asunto.» Para intentar ponerle fin, en los próximos días publicarán un decreto con un nuevo reglamento para la investigación clínica en los servicios asistenciales de la Caja», según «El Financiero».
Como se recuerda, la administración del presidente José María Figueres ( 1994- 1998) dejó aprobado un reglamento para la «investigación en los servicios asistenciales de la CCSS». Este fue publicado en el diario La Gaceta el 13 de mayo de 1998, después de que el expresidente Miguel Angel Rodríguez asumiera el cargo.
Ambos gobiernos coincidieron en una normativa complaciente con los intereses de las grandes casas productoras de medicamentos, así como con los encargados de montar el negocio de las pruebas clínicas con fármacos en etapa de experimentación.
Este reglamento incluso otorgó legitimación legal – la ética y moral no tiene mayor sentido cuando hay negocios de esta envergadura- a otras instituciones públicas que participan directa o indirectamente en la actividad de la «investigación científica». Estas entidades no duraron mucho tiempo en confeccionar sus propios reglamentos.
Por su parte, la anterior Junta Directiva de la CCSS, en las sesiones del 9 y el 16 de agosto «actualizó» dicho reglamento y publicó las reformas el 16 de octubre de 2001, con el fin de que fuera congruentes «con la legislación nacional vigente».
Sin embargo, subyace en los intentos gubernamentales de regular los ensayos con medicamentos por la vía reglamentaria, el efecto inverso de dotar al país de una legislación que contenga disposiciones expresas en cuanto a la indemnización de pacientes más allá de los 10 años en casos de daños y perjuicios ocasionados con medicamentos.
O el derecho de todos los costarricenses de identificar los hospitales y clínicas inmersas en los enormes proyectos de experimentación con humanos, así como el personal médico y paramédico a cargo de la actividad, entre quienes desarrollan la totalidad de la investigación, los reclutadores de pacientes, etc.
Reducir la investigación clínica a unas pocas prerrogativas reglamentarias del paciente – «consentimiento informado», determinación de tiempos y procedimientos para el cumplimiento del «Debido Proceso» y el «Derecho de Defensa»- no es más que una mal intencionada visión formalista de un negocio multinacional en que están mezclados aspectos comerciales y económicos, intereses científicos, preceptos políticos como la soberanía, alcances legales sustantivos y principios éticos y morales respecto a la vida humana.
NEGOCIO DE VIEJA DATA
La investigación divulgada por «El Financiero», así como comentarios publicados en el «Diario Extra», ratificaron una vez más un hecho que los lectores de UNIVERSIDAD conocieron desde 1986. Sus memorias luego fueron » refrescadas» a mediados de 1999 cuando este Semanario empezó a publicar sobre experimentos en humanos, inscripción de sociedades anónimas para esos fines, auditorías de la Caja.
Los hechos se remontan a 1982, cuando el renombrado microbiólogo , Alfonso Trejos, sostuvo que mediante un convenio entre la Universidad del Estado de Louisiana y el Ministerio de Salud, se estableció en el país el International Center for Medical Research and Training ( ICMRT). En pocos años dedicó todo su personal a la «investigación» y llegó a tener su presupuesto financiado en un 79% por la casa Merck Sharp and Dohme Inc ( ver UNIVERSIDAD # 754).
Este científico reveló que el «International Center» entre 1974 y 1975 «probó vacunas contra la influenza en 34.00O costarricenses usando dos formulaciones que contenían tres cepas de virus influenza. La segunda había sido retirada del mercado en Gran Bretaña, por la propia casa Merck, debido a que producía reacciones inconvenientes para un producto de libre venta, después de ser probada en empleados de un pequeño número de casas comerciales en ese país. Pues bien, ese mismo lote de vacunas que causó los problemas en Gran Bretaña, fue traído a Costa Rica…»
Luego en las ediciones # 1347 y 1348 este Semanario retomó el tema al divulgar que el negocio de los ensayos con personas proseguía en el país viento en popa, a pesar del escándalo producido en la década de los 70 por la vacunación masiva de escolares, con fines experimentales.
Esta vacunación masiva de niños llevó a los diputados a formar una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa que comprobó los hechos, pero el Ministerio Público quedó imposibilitado de sentar a los responsables en el banquillo de los acusados por falta de legislación adecuada. No hubo sanciones tampoco en el seno del Colegio de Médicos.
En la edición # 1348 (28 de julio de 1999) el director del Instituto Costarricense de Investigaciones Clínicas (ICIC), Guillermo Rodríguez Gómez, defendió las investigaciones clínicas y consignó que entre 6.000 y 10.000 costarricenses participaron en este tipo de actividad, con apoyo de 120 galenos.
Rodríguez aseguró que toda investigación está respaldada por una póliza, y que ellos se responsabilizan de la atención del paciente, en caso de presentarse algún problema.
La afirmación del director del ICIC surgió tras esgrimirse la preocupación de que en caso de una tragedia, los afectados tendrían que recurrir al Código Civil – contempla prescripción de 10 años- para exigir una indemnización, o regirse por el derecho público, lento y caro, si fueran responsables los hospitales estatales.
NIÑOS
Según confirmó «El Financiero» cuatro niños prematuros, pacientes del Hospital Nacional de Niños, sufrieron en el pasado reacciones adversas severas por una presunta sobredosis de un medicamento experimental.
Los hechos se remontan a 1966, según dio a conocer a sus lectores UNIVERSIDAD en su momento, luego que el experimento fue aprobado por el Comité Científico del Hospital de Niños y del Ministerio de Salud y la Comisión de Bioética de la CCSS objetó el estudio.
«La inmunóloga que llevó a cabo el proyecto recibió entre $ 2.000 y $4.000 por niño y el total de la muestra participante para reclutar era de 15 a 20», consignó la publicación.
Sostuvo que pese a la aparente seriedad de las reacciones adversas, una auditoría de la Caja no pudo determinar la resolución adoptada por las autoridades superiores.
A pesar de que a este informe de auditoría se le trató de restar méritos científicos por un reducido número de profesionales con intereses en la «investigación clínica», la Contraloría General de la República avaló la seriedad del trabajo hecho por la dependencia fiscalizadora del CCSS.
La Contraloría compartió el criterio de este Semanario en un amplio informe a favor de la auditoría de la Caja y coincidió en que los pacientes que participan en estas investigaciones están desprotegidos y sus derechos se menoscaban.
