Las modificaciones a un proyecto que regula los recursos hídricos del país, es cuestionado por grupos ambientales y sociales, ya que abriría nuevos portillos a la cogeneración privada de electricidad.
«El día 27 de noviembre del 2003, los diputados miembros de la Comisión del Ambiente vuelven a introducir en el proyecto de ley del Recurso Hídrico un capítulo que permitiría el otorgamiento de concesiones para la generación privada de electricidad».
Este es el clamor de grupos ambientalistas, comunales y sindicales, por el cambio que se le introdujo recientemente al proyecto «Ley del Recurso Hídrico» (expediente 14.585), presentado como texto sustitutivo en la Comisión Especial del Ambiente y que será discutido durante los primeros meses del próximo año.Las mencionadas críticas si dirigen contra la Sección II del proyecto, «Concesiones para aprovechar fuerzas hidráulicas, generación hidroeléctrica y brindar servicio público de suministro de energía eléctrica», mediante la cual se autorizarían nuevas concesiones a las empresas privadas de cogeneración.
De acuerdo con el artículo 75 del plan: «Hasta tanto la concesión con el fin de aprovechar la fuerza hidráulica no haya sido legalmente otorgada, el Estado y sus instituciones tendrán siempre el derecho de prioridad y preferencia para aprovechar el recurso hídrico de que se trate, sin lugar a indemnización para cualquier persona particular que estuviera interesada en la concesión correspondiente».
«¿A qué intereses obedece este proyecto de ley y cuáles criterios técnicos utilizaron los diputados para justificar esta inclusión de último minuto?», preguntó en un documento la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON).
Esta agrupación sostiene que la mayoría de diputados que integran la Comisión Especial de Ambiente, lo que buscan es favorecer a las 29 empresas privadas que generan electricidad con un elevado costo para el país, en vez de legislar en pro del ambiente y de la población.
Consultado al respecto el subgerente del sector energía del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Carlos Obregón, dijo desconocer las últimas modificaciones que se le hicieron al proyecto y se mostró en desacuerdo de que esa entidad tenga que solicitar concesiones de agua.
En su criterio, tener que pedirle este tipo de autorización al organismo que sea «es aumentar la burocracia».
MARCO LEGAL
Para José María Villalta, asesor del diputado del Partido Acción Ciudadana y miembro de la citada comisión, Gerardo Vargas, con este proyecto «se reestablece el marco legal para el otorgamiento de nuevas concesiones a generadores eléctricos privados al amparo de las leyes 7200 y 7508, lo cual les permitiría a estas empresas -que actualmente están desangrando las finanzas del ICE- obtener nuevas concesiones o renovar las existentes.
Cabe recordar, que debido a la resolución 2000-10466 de la Sala Constitucional (24-11-00), este órgano determinó que algunas modificaciones a las leyes hicieron que la concesión de un bien exclusivo del Estado y bajo la responsabilidad de la Asamblea Legislativa -como los recursos hídricos- quedara sin una ley marco para su otorgamiento.
Según explicó Villalta, el referido proyecto crearía el marco legal para que la Asamblea Legislativa delegue en una Dirección Nacional del Recurso Hídrico -adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía- el otorgamiento de concesiones de aprovechamiento de agua.
En coincidencia con la FECON y otras organizaciones, Villalta criticó que se quiera abrir de nuevo la posibilidad de entregar concesiones para cogeneradores privados, en lugar de abrir una discusión multisectorial acerca del modelo energético por el cual debe regirse el país.
«De todos son conocidas las consecuencias que los contratos leoninos suscritos por el ICE con algunos cogeneradores, están teniendo en sus finanzas y en las tarifas eléctricas», puntualizó el asesor.
Por su parte, los grupos ambientalistas y de organizaciones sociales, preguntaron «¿por qué se quiere meter por la cocina esta legislación sin antes haber estudiado los impactos de la generación privada de electricidad en nuestros ríos y en las finanzas del ICE?.
ELECTRICIDAD MÁS CARA
Dichos sectores alegan que con el citado proyecto se pretende favorecer a 29 empresas que producen el 12% de la electricidad del país y a un costo de ¢35.549 millones al 31 de diciembre del 2002, el cual representa un 30% del presupuesto nacional destinado a la electricidad y un 40% de los ingresos del sector de energía del ICE. Se estima que para 2005 el ICE hará un pago de ¢61.000 millones por este rubro.
Los argumentos contra la cogeneración privada se fundamentan en un estudio que realizó la Contraloría General de la República y una comisión especial de la Asamblea Legislativa, en relación con los contratos firmados por el ICE con esas empresas y las tarifas por la electricidad que obligatoriamente les compran.
Algunas de esas compañías están vinculadas con familias de los exmandatarios Oscar Arias Sánchez y José María Figueres Olsen, y por los perjuicios que ocasionan los términos en que fueron pactados los contratos, la Contraloría recomendó al ICE gestionar un juicio de lesividad en los tribunales de justicia.
Si la electricidad producida en forma privada fuera generada por el ICE, los costos de las tarifas serían inferiores para los consumidores.
«La apertura del mercado de energía le ha significado al país, numerosos conflictos ambientales y sociales, la destrucción de nuestros ríos y un impacto económico directo al bolsillo de todos los usuarios», lamentan los grupos que se oponen a los generadores privados.
Mientras tanto, Villalta recordó que «en la actualidad, quienes promueven esta nueva versión del combo del ICE saben que muchos de los contratos de los generadores privados se encuentran prestos a vencerse, lo que le permitiría a la Institución renegociarlos y redireccionar hacia inversiones, los cuantiosos recursos que actualmente destina a la compra de energía. De ser así, no podrían seguir hablando del ‘déficit’ del ICE y se acabaría el negocio de la generación privada. Por eso están presionando para que se les autoricen nuevas concesiones para el uso de las fuerzas de las aguas».
Las organizaciones ambientales y sociales pidieron «eliminar de la Ley del Recurso Hídrico el capítulo referido a concesiones de agua para generación privada de electricidad, y en su lugar, iniciar una evaluación en la Comisión Mixta del ICE de los impactos sociales, económicos y ambientales de esta actividad en el país».
