Solís es de la tesis de que el diálogo entre las entidades del sector oficial y la sociedad civil es escaso e intermitente.
Igualmente, concluye que tampoco existen alternativas en el Estado ni originadas en la sociedad civil, frente a un hecho que es prácticamente impuesto por la potencia del norte como parte de su estrategia geopolítica de control del mercado y el espacio geográfico continental.
Otras conclusiones preliminares de la investigación «El Tratado de Libre Comercio Centroamérica-EEUU: los impactos sociales en Costa Rica» son que «existe un espacio más simbólico que efectivo para las entidades públicas que no son el COMEX, en el proceso negociador; ni los asesores técnicos ni los jerarcas de dichas entidades han tenido capacidad decisoria en los temas de fondo del TLC, los cuales se han reservado al personal superior del COMEX.»
Además, que «existen instituciones de gran importancia en el sector social o con atribuciones territoriales importantes que no participan del todo en el proceso negociador, entre ellas: el Ministerio de la Condición la Mujer, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Junta Administrativa para el Desarrollo de la Vertiente Atlántica, el Instituto Costarricense de Puertos.» Estas instituciones «ni siquiera han sido enteradas de los alcances de las negociaciones en curso, de los cuales tienen conocimiento por los medios de comunicación o en conversaciones informales con empresarios. Varios de los consultados señalaron que el «desenganche» entre las demás instituciones públicas y los negociadores ha mejorado con el tiempo, pero en general se muestran lejanos de los procesos decisorios.»
También que «el Poder Ejecutivo carece de un plan de estratégico que le permita atender las eventuales consecuencias sociales del TLC de manera armónica e integral. Para todos los efectos y pese a las reiteradas manifestaciones sobre la trascendencia que el Tratado tendrá en la vida del país, Costa Rica amanecerá el día después de la ratificación del TLC, con un Gobierno cuyas políticas sociales no son muy diferentes a aquellas que aplicaba el día anterior.»
Además, la investigación constató que «el diálogo entre las entidades del sector oficial y la sociedad civil es escaso e intermitente.»
La falta de preparación para encarar las consecuencias de este TLC es común a todos los países centroamericanos, afirma. Y si bien gracias al modelo de desarrollo que logró forjar hasta antes de los años 80, Costa Rica tiene mejores condiciones que el resto de la región, también presenta importantes debilidades.
«Costa Rica está mejor preparada que el resto de los países del Istmo para aprovechar el TLC. Esta afirmación, sin embargo, tiene que ser puesta en perspectiva debido al gradual pero también progresivo deterioro que ha sufrido el modelo institucional del país en las últimas dos décadas, así como a la crecientes asimetrías que hoy dividen a la sociedad costarricense. Las asimetrías económicas, sociales y políticas, además, tienen un referente territorial muy agudo, el cual se expresa en una concentración en la región central del país, en detrimento de las zonas periféricas que siguen siendo las más pobres, marginales y carentes de servicios públicos de buena calidad», dice el informe.
Consultado por UNIVERSIDAD, Solís explicó que si bien en la forma como se están tomando las decisiones del TLC «hay una suerte de «arrogancia burocrática» que emana de una división entre «tecnócratas» y «políticos», en donde los primeros sienten que tienen (o deben tener) un ascendiente mayor sobre los segundos, y entre ambos y una sociedad civil escéptica, el problema no está sólo ahí. La falta de preparación del sector público frente al TLC es principalmente producto de la ausencia de un proyecto nacional, de una visión orientadora de los objetivos del país en el mediano y largo plazo. Por eso es que aún si no se ratificara el TLC, todavía estaríamos en problemas, pues igual el país (no sólo el gobierno actual) adolece de un modelo de desarrollo capaz de sustituir al ya difunto Estado Benefactor.»
La mayor parte de las exportaciones de Costa Rica al mercado de EE.UU son realizadas por las empresas estadounidenses que operan en nuestro país porque obtienen una mayor rentabilidad a partir de condiciones como la laxitud de los controles al flujo de capitales y el secreto bancario, la calidad de vida, el ambiente, una fuerza de trabajo más calificada, la ausencia de ejército y conflictos graves… ¿No debería nuestro país reconocer la posición de fortaleza que estos aspectos le dan para exigir, por ejemplo una negociación bilateral o para marcar su propio ritmo y pauta a las discusiones?
-Definitivamente. Debemos reconocer que a veces se abusa de la auto flagelación y ello no permite que se ponderen de manera adecuada las fortalezas que todavía tiene el sistema productivo, social y político del país. Todavía es muy impresionante constatar, por ejemplo, la creatividad y el vigor de muchos pequeños y medianos empresarios agrícolas, miembros de la Mesa Nacional Campesina y UPANACIONAL, que están dispuestos a competir, aun si hay TLC, con proyectos innovadores. Pero eso no nos debe impedir ver la realidad. Y la realidad dice que nuestros índices de desarrollo social y económico se han deteriorado de manera alarmante y que en el marco de una economía altamente dependiente del mercado norteamericano, nuestros márgenes de autonomía relativa son casi nulos.
En el fondo, cada país centroamericano está negociando bilateralmente. La estrategia adoptada sólo es regional en cuanto a la armonización de los «términos de referencia» más generales. Al final de cuentas, cada país ha establecido sus propias prioridades y las ha defendido de manera separada. En ocasiones esto ha generado problemas serios, como la desgravación acelerada de Guatemala, la negativa original de Costa Rica de abrir las telecomunicaciones, o la insistencia de Honduras de defender al sector textil aún a costa de todo lo demás.
Solís agregó que lo anterior «también ha afectado a las estructuras de integración, las cuales han estado absolutamente ausentes de la negociación y podrían ser afectadas de manera negativa si los países no logran que los estándares acordados con los EE.UU en el marco del TLC, puedan eventualmente también ser válidos entre los miembros del MCCA.»
